Sánchez pone bajo la lupa a las co­mer­cia­li­za­doras eléc­tricas y las exi­girá mayor in­for­ma­ción

El Gobierno tira de impuestos para bajar el recibo de la luz

Anula la tasa a la ge­ne­ra­ción pero deja sin tocar el IVA por miedo a Bruselas y pe­tro­leras

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El recibo de la luz se dispara.

Estaba can­tado. El Gobierno de Pedro Sánchez ha echado mano de la me­dida más fácil y ha qui­tado de un plu­mazo el im­puesto del 7% a la ge­ne­ra­ción eléc­trica para re­cortar un 3% el re­cibo de la luz. Rebaja así la pre­sión de los con­su­mi­dores mien­tras res­pira para sacar más co­nejos de la chis­tera ante un precio del me­ga­vatio hora en má­ximos de 75,93 eu­ros. La mi­nistra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anun­ciado que en las pró­ximas se­manas habrá nuevas me­di­das.

El impuesto que grava el 7% la generación eléctrica fue introducido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para acometer el déficit de tarifa de las eléctricas y recortar paulatinamente el agujero de 30.000 millones que tenía el sector por descompensaciones en los costes de generación. Precisamente, el Partido Popular se había adelantado y había registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados pidiendo su abolición.

El secretario de Economía y Empleo del Partido Popular, Alberto Nadal, fue quien, siendo secretario de Estado de Energía en el anterior Gobierno del PP, defendió la aplicación de este gravamen, y ahora ha sugerido a los socialistas que podría eliminarse. Pese a que el PP ha querido apuntarse el tanto, en el Ministerio para la Transición Ecológica hace días que se había tomado esta decisión.

Tras la eliminación de este impuesto, el Estado dejará de ingresar unos 400 millones de euros en estos tres meses que restan hasta final de año -en los Presupuestos de 2018 figuraban unos 1.600 millones-, ingresos que serán sobradamente compensados por la mayor recaudación que se obtendrá por el encarecimiento de los derechos de emisión del CO2. El Estado ingresará en este ejercicio unos 1.300 millones de euros por los derechos de emisión cuando estaban presupuestados unos 350 millones.

Sin tocar el IVA

El Gobierno de Sánchez sigue sin atreverse a dar el paso y rebajar el IVA del 21% que se aplica al recibo de la luz. Una medida que todas las fuerzas sociales reclaman por considerar que el consumo eléctrico es un servicio universal. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido establecer un tipo de IVA reducido para la luz y rebajar la parte fija de la tarifa para atajar el abultado crecimiento de la tarifa.

Marugán, que sustituyó a Soledad Becerril, es precisamente de la baja guardia socialista, y ha recomendado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pida al operador del sistema OMEL y a Red Eléctrica que clarifiquen el mecanismo de formación de precios de la energía eléctrica. Considera que el cambio del actual algoritmo que determina las ofertas redundaría “en una bajada del precio del megavatio en este mercado”.

Una decisión compleja

Fuentes consultadas han señalado a Capitalmadrid que la modificación del 21% del IVA es una decisión muy compleja pues la Unión Europea podría considerar la medida como “discriminatoria” entre tecnologías, por ejemplo, en las gasolinas. Las petroleras como Repsol, Cepsa y BP se echarían encima. Además, aplicar un IVA reducido recortaría ostensiblemente la recaudación.

En su comparecencia en el Congreso, la ministra Teresa Ribera ha señalado que la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica es “una medida adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en el que no puede ser quien cargue con el peso”.

Más coberturas a los consumidores vulnerables

Ribera ha anunciado otra serie de medidas como cambios en el bono social eléctrico, con mayores garantías de cobertura para los consumidores más vulnerables y la creación de un nuevo bono para calefacción. La ministra destacó la “clara voluntad” por parte del Ejecutivo de abordar seriamente una reforma estructural del mercado eléctrico, con “señales fiscales coherentes”, pero sin aclarar de qué se tratan esas señales, y regular adecuadamente el almacenamiento.

Sobre este aspecto, ha señalado que se van a cambiar algunos puntos del mercado marginalista. Se revisará, por ejemplo, el tratamiento que reciben algunas centrales más antiguas que ya están amortizadas y, en cambio, se les aplican unos precios similares a los que reciben las tecnologías más caras.

Vigilar a las comercializadoras

El Ministerio va a estudiar medidas contra las prácticas abusivas que realizan determinadas comercializadoras, informando de forma muy sesgada y ocultando la letra pequeña. En este sentido, se va a exigir a las empresas una mayor transparencia informativa sobre la potencia contratada con los consumidores, de forma que el ciudadano sepa con claridad el tipo de potencia que necesita y que no pague más por carga de potencia contratada.

Otra de las medidas destacables que se estudian es facilitar los contratos bilaterales que se conocen como ‘PPA’ y recortar parte de la electricidad que se contrata en el mercado mayorista. “España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de energía se obtiene en el mercado mayorista”. Según señaló la ministra, el recibo de la luz se compone de la forma siguiente: un 22% son impuestos, un 50% se llevan los peajes y el transporte y un 28% la energía que cada cliente consume.

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