OPINIÓN

Margarita Robles se precipitó en su decisión sobre las bombas

Una ley del Congreso de los EE.UU. cer­ti­fi­cará que Arabia Saudí y Emiratos se atienen a las leyes hu­ma­ni­ta­rias

Arabia Saudí
Arabia Saudí

Fue una ini­cia­tiva del se­cre­tario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, lo que ha per­mi­tido que el go­bierno de Pedro Sánchez sal­vara la cara por el lio cau­sado por la mi­nistra de Defensa, Margarita Robles, al anun­ciar que España no su­mi­nis­traría 400 bombas de alta pre­ci­sión a Arabia Saudí, pro­du­ciendo un te­rre­moto entre los di­plo­má­ticos y mi­li­tares es­pañoles que va­loran mucho la re­la­ción con el reino por ra­zones eco­nó­micas y es­tra­té­gi­cas, y del que te­mían una re­pre­sa­lia.

Más temible para el gobierno, desde el punto de vista político, fue el silogismo hecho por los trabajadores de Navantia, los astilleros de la bahía de Cádiz que iban a recibir el encargo de construir cinco corbetas para el reino saudí, y cuya lógica se expresa más o menos en estos términos: si España rompe un contrato por unas bombas, el reino saudí tiene todo el derecho del mundo a romper otro acuerdo del mismo carácter para la construcción de cinco corbetas destinadas a la marina real saudí, en la bahía de Cádiz, una zona industrial golpeada por la crisis económica y la desindustrialización.

El anuncio de la ministra quería ser la respuesta ‘humanitaria’ al ataque aéreo, del pasado 8 de agosto, contra un autobús escolar yemení por la fuerza aérea de Arabia Saudí, que causó la muerte de unas cincuenta personas, cuarenta de ellas niños, y que el reino calificó de incidente involuntario.

Hubiera estado bien que la ministra hubiese aguardado a que en Washington se cumpliesen las previsiones de la National Defense Authorization Act (NDAA), elevada a rango de ley el pasado agosto, que obligaba al gobierno norteamericano a certificar, con fecha límite el 12 de septiembre, el cumplimiento por parte de la coalición que interviene en Yemen contra el gobierno rebelde ‘huti’, formada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), de las prescripciones de aquella ley, bajo la amenaza de que si la coalición no cumple sus obligaciones según normas del derecho humanitario, Estados Unidos suspendería el suministro de combustible para la aviación del emirato (Arabia Saudí no lo necesita), cortaría lazos de inteligencia militar y la venta de armas a ambos aliados.

La ley exige a los países de la coalición que tomen medidas para terminar la guerra del Yemen, alivien la crisis humanitaria yemení y protejan a los civiles. La administración queda emplazada a presentar nuevos informes en plazos de 180 y 360 días.

Por lo que hace a la certificación del 12 de este mes, Pompeo afirmó que los países de la coalición ya están tomando medidas ‘demostrables’ para reducir “el riesgo de daños a las personas y a las infraestructuras, resultantes de las operaciones militares”.

Los Estados Unidos, aseguró Pompeo, seguirán trabajando estrechamente con la coalición para asegurar que “Arabia Saudí y Emiratos siguen apoyando los esfuerzos de las Naciones Unidas para acabar la guerra en Yemen, el acceso libre para la entrega de ayuda comercial y humanitaria… y que se emprendan acciones que mitiguen su impacto en los civiles y la infraestructura civil”.

La razón alegada por un portavoz del departamento de Estado para mantener la ayuda militar a la coalición es la de servir los intereses de seguridad de los Estados Unidos contrarrestando la intervención de Irán en el conflicto, y ayudar al enviado de las Naciones Unidas en sus negociaciones para la paz.

Un factor ‘endurecedor’ de la intervención saudí en Yemen fue el ataque, a finales de julio, de los rebeldes hutis contra dos petroleros saudíes en tránsito por el estrecho de Bab el Mandel, dañando seriamente uno de ellos, y evidenciando la existencia de una amenaza potencial mayor contra los intereses estratégicos del reino.

Los hutis ofrecieron el pasado 31 de julio suspender sus ataques en el mar Rojo, a cambio del cese de los ataques saudíes contra ellos. Arabia Saudí no aceptó la oferta, y de ahí la intensificación de sus ataques, con el desafortunado del 8 de agosto.

La nueva ley pone a Arabia Saudí y a su aliado emiratí bajo estrecha observación de un Congreso de los Estados Unidos en el que sectores críticos de la administración Trump se han comprometido a seguir de cerca su cumplimiento.

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