ANÁLISIS

Nicaragua: Ortega hace añicos su propio sistema económico y social

La vio­lencia del go­bierno y la con­dena in­ter­na­cional frus­tran el cre­ci­miento

Daniel Ortega- presidente de Nicaragua
Daniel Ortega- presidente de Nicaragua

Hasta pri­meros de este año, el go­bierno de Daniel Ortega man­tuvo un pacto tá­cito con dos po­deres so­ciales que daban es­ta­bi­lidad a su ré­gimen per­so­na­lista, ase­gu­rando un di­ná­mico desa­rrollo eco­nó­mico: la Iglesia y los ne­go­cios. Ortega se oponía a la le­ga­li­za­ción del aborto, y fa­vo­recía la em­presa y la in­ver­sión ex­tran­jera. Por ejem­plo, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) re­pre­sen­taba sus in­tereses ante el go­bierno de un modo muy per­so­na­li­zado, me­diante acuerdos entre agentes del em­pre­sa­riado y del go­bierno, un mé­todo fluido y fre­cuente, que Ortega pre­fería a cual­quier trato más ins­ti­tu­cio­nal.

Aquel ‘arreglo’ había dado estabilidad y crecimiento económico. Estaba previsto por el Banco Central de Nicaragua que la economía creciese este año al 5%, con una envidiable tasa de desempleo, de solo el 3,7%. Hoy el empresariado se le ha vuelto en contra, debido al desorden creado por los métodos represivos del gobierno.

La otra base de estabilidad, la Iglesia, se siente desde hace meses alienada respecto del gobierno, por la reacción de éste contra el papel mediador que ella quiso jugar, y cuando se prestó a que las iglesias sirviesen de refugio a los manifestantes anti-Ortega, algunos de los cuales fueron ejecutados dentro de un templo. El presidente ha calificado a los obispos de “golpistas”.

Como consecuencia de los disturbios, el Banco Central ha reducido drásticamente las expectativas económicas para 2018: sólo 1% de crecimiento y un 6% de desempleo, con una pérdida de 86.000 puestos de trabajo. Y los ingresos por turismo reducidos este año a $250 millones, en lugar de los $940 millones previstos inicialmente.

Cómo se ha llegado a una situación caracterizada por la violencia es incomprensible si se considera que el motivo de las movilizaciones populares es el típico asunto que se presta al debate y los consiguientes compromisos, en un diálogo social normal. Y aunque Ortega dio marcha atrás en la reforma social, la cuestión ya se había complicado con otra: la sucesión a la presidencia, que Ortega quiere asegurar para la candidatura de su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta de la república.

Todo ello ha provocado una caída fulminante de la popularidad de Ortega; los resultados de una encuesta del 1 de septiembre (1.200 consultados) manifestaban el deseo de que se adelantasen las elecciones y se renovasen los equipos dirigentes del estado. La misma encuesta preguntaba por la opinión que merecía el comportamiento del ejército en el periodo de inestabilidad. Y aunque el ejército parece haber preferido mantenerse al margen del conflicto todo lo que le ha sido posible, el resultado quedó prácticamente a la par entre los que opinaban que su papel fue negativo y los que lo consideraban positivo. Ello debilita en esa medida su papel como factor de estabilidad.

La represión de las protestas ha sido muy sangrienta. Organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión de las Naciones Unidas para esos asuntos, ponen el número de bajas causadas por los tumultos entre 322 y 481, aunque el gobierno sólo reconoce 198, ya que echa cuenta sólo de las bajas causadas entre sus seguidores y la policía.

La oposición se ha coaligado en una Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en la que entran estudiantes, agricultores, empresarios y sandinistas desafectos. Todos ellos se oponen a la reelección de Ortega y a su sucesión por Murillo. Su acción se ha visto apoyada por la huelga de 24 horas declarada el pasado día 7, que según sus promotores paralizó el 90% de la actividad económica del país, aunque en muchas ciudades el pequeño comercio funcionó sólo media jornada. En opinión de Juan Sebastián Chamorro, representante del sector privado en la Alianza Cívica, la adhesión del sector privado a la huelga garantiza que “no hay un arreglo bajo la mesa” con Ortega.

El ambiente internacional es hoy día totalmente desfavorable a Ortega y su sandinismo. Venezuela no está ya en condiciones de seguir extendiéndole sus larguezas económicas, y en el senado de los Estados Unidos está pendiente de aprobarse la Nicaraguan Investment Conditionality Act, que ya paso el trámite de la cámara de representantes.

Tanto la Organización de Estados Americanos como el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han emitido informes condenando la violencia del gobierno, en términos tan duros que el régimen nicaragüense está apareciendo ante los ojos de la opinión internacional, a la par con el venezolano, como nuevo paria del sistema internacional.

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