Monitor de Consumo Bancario

Tres juz­gados de tres pro­vin­cias di­fe­rentes han de­cla­rado la nu­lidad de la cláu­sula

La comisión de apertura de las hipotecas, contra las cuerdas

El Tribunal Supremo aún no se ha pro­nun­ciado sobre esta prác­tica, un agua­cero de pleitos

Tribunal Supremo
Tribunal Supremo

Madrid, Toledo y Vitoria forman el eje de un vór­tice ju­di­cial que ame­naza con mul­ti­plicar las de­rrotas ju­di­ciales de al­gunos bancos poco cui­da­dosos con sus prác­ticas cre­di­ti­cias. Juzgados de estas tres pro­vin­cias han dic­tado sen­ten­cias que de­claran la nu­lidad de las cláu­sulas de aper­tura de los prés­tamos hi­po­te­ca­rios, a través de las cuales al­gunas en­ti­dades fi­nan­cieras atri­buyen este gasto al cliente.

El motivo de la decisión de los magistrados es claro en los tres casos: el banco está cobrando por un servicio cuya prestación no acredita, y que además, de prestarlo, debería ser incluído entre sus obligaciones ya contraídas con la firma del préstamo. Un 'punto caliente' en la relación hipotecado-entidad.

Aunque las hipotecas multidivisa y la polémica del IRPH también cotizan alto en este ranking, la ya célebre comisión de apertura lleva camino de tomar el testigo de las largamente recordadas cláusulas suelo como el 'casus belli' oficial de la guerra entre usuarios y entidades financieras.

Según la definición de Arriaga Asociados, la comisión de apertura es el importe que cobran los bancos al formalizar la hipoteca, o cualquier otro préstamo, y que justifican los bancos por los gastos que genera el servicio de gestión del crédito.

La cantidad no es pequeña, aproximadamente es el 1% del total del préstamo. Es decir, para una hipoteca de 300.000 euros, la comisión de apertura que cobra el banco es de 3.000€. Ese porcentaje es el que aplicaba la entidad en un pleito resuelto el pasado abril por por la Audiencia Provincial de Castellón, por el que se embolsó caso 1.500 euros de los ya castigados bolsillos de los usuarios.

El tribunal resolvió que la cláusula que imponía dicha comisión era nula de pleno derecho. Es decir, que jamás ha existido jurídicamente, y el banco tiene que reembolsar el dinero cobrado de más a sus clientes.

Entonces, el tribunal castellonense también esclareció las razones de su fallo en los fundamentos de Derecho de la sentenci: no se puede cobrar por un servicio inexistente. "Se trata de una cláusula impuesta por una de las partes, que no ha admitido la negociación sobre la misma y que no obedece a servicios efectivamente prestados", reza el texto del fallo.

De Castellón a Vitoria, pasando por Madrid y Toledo

Las sentencias de Vitoria, Madrid y Toledo -a las que ha tenido acceso la prensa- siguen el mismo planteamiento. Según la letra del fallo contra el Banco Popular dictaminado por el juzgado toledano, "ni tan siquiera con prueba documental [el banco] proporciona la más mínima prueba de tales servicios".

El de Vitoria, por su parte, subraya: "el contrato de préstamo se perfecciona con la entrega del dinero [...] Del mismo modo se hace difícil comprender por qué lo que motiva al prestamista a contratar debe ser retribuido al margen y además con las condiciones financieras del préstamo –interés ordinario y moratorio–".

El juzgado madrileño, en su exposición, sigue la línea de sus homólogos al desmontar el argumento, esgrimido por las entidades, de que la 'gestión' del préstamo genera un gasto. "Ésta es una actividad inherente a la propia de su negocio bancario, característicos de la actividad bancaria. Estamos hablando, por ello, de costes inherentes a la explotación de su negocio".

En otras palabras: la comisión de apertura es, para la Justicia, como si el panadero pretendiera hacernos pagar el precio del horno de su obrador. Ahora sólo falta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

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