ANÁLISIS

El sandinismo echa mano de un recurso revolucionario: la ocupación de tierras

El her­mano de Daniel Ortega, Humberto, de­plora sus ac­ciones contra el pueblo

Daniel Ortega- presidente de Nicaragua
Daniel Ortega- presidente de Nicaragua

El pre­si­dente san­di­nista de Nicaragua, Daniel Ortega, su­frió un revés en su repu­tación po­lí­tica cuando su her­mano Humberto de­claró a la CNN, la se­mana pa­sada, que Daniel había co­me­tido un tre­mendo error cuando re­primió las pro­testas pa­cí­ficas en abril, con­vo­cadas contra los re­cortes en el sis­tema de se­gu­ridad so­cial.

Unas quejas pacíficas que han derivado en protestas contra su intención de prolongar su control del gobierno a través de su propia reelección, o bien mediante la elección de su esposa y vicepresidenta de la república, Rosario Murillo, como candidata oficial del sandinismo a las elecciones presidenciales de 2021. Humberto Ortega fue el primer jefe del ejército sandinista y ministro de defensa hasta 1990.

Los disturbios comenzaron en abril como protesta contra la elevación de las tasas de la seguridad social y otras medidas fiscales.

El gobierno de Daniel Ortega, que hasta ahora ha llevado a cabo una actividad represiva contra manifestantes y estudiantes, con 448 víctimas mortales según una organización humanitaria, hizo recurso además a las tomas de tierras pertenecientes a opositores. En una vuelta de tuerce más, la ocupación está siendo legalizada a favor de los partidarios del sandinismo.

Hasta ahora han sido afectadas tierras de más de treinta propietarios. Uno de ellos es participante en la Mesa de Diálogo Nacional, la entidad mediadora que hasta ahora ha fracasado en negociar con el gobierno un adelanto electoral.

El sociólogo Cirilo Otero acaba de recordar que la usurpación de tierras es una típica técnica sandinista de coacción, ya usada de cara a la campaña electoral de 1990 contra algunos líderes opositores, y cuyo resultado supuso la pérdida del poder por el FSLN. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, ha declarado que “la información que se ha recibido indica que hay manejos de funcionarios, políticos municipales y partidarios del gobierno detrás de esas acciones” . La toma de tierras se une a otras consecuencias de las alteraciones sociales y enfrentamientos populares contra el gobierno, como el levantamiento de barricadas por los manifestantes antiorteguistas, el corte de carreteras, la suspensión de servicios esenciales, la caída del turismo y del sector servicios, etc. Doscientas cincuenta mil personas han perdido su puesto de trabajo según Gerardo Argüello, gerente general de la Bolsa de Valores de Nicaragua. Argüello prevé un descenso del 3% del producto interior bruto en este año.

La Iglesia, que ha participado activamente en la mesa de diálogo, está siendo acusada por el gobierno de Daniel Ortega de connivencia con la oposición y por tanto es cómplice de las violencias. En efecto, los manifestantes se han refugiado algunas veces en las iglesias para escapar a las represalias de la policía. El domingo 28 se celebró una gran manifestación en Managua, en apoyo a la Iglesia.

La toma de tierras no favorecerá la neutralidad del mundo de la empresa, que hasta ahora se había mantenido ajeno a la oposición al gobierno gracias a la mediación de un consejero político de Ortega, Bayardo Arce, que con su influencia política logró que el gobierno mantuviese una relación estable con el empresariado, lo que ha asegurado una etapa de crecimiento económico. Se da por seguro que Arce abrigaba aspiraciones presidenciales, lo que no podía sino provocar la hostilidad de los sectores más radicales del sandinismo.

En cuanto al futuro de ese partido después de las elecciones, tan crucial como la posición de la empresa es la que pueda tomar el ejército, que hasta ahora se ha mostrado reacio a intervenir en el conflicto, aunque observadores cualificados estiman que se está alejando de Daniel Ortega.

En la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha formado un grupo partidario de la expulsión de Nicaragua, aunque no es probable que fructifique por lo mismo que falló hace unos meses un intento similar contra Venezuela, por no obtener la mayoría.

Los Estados Unidos han mostrado interés en dar salida a la crisis. Hace días un enviado de Washington aconsejó al gobierno adelantar las elecciones, pero Ortega, sintiéndose bajo en popularidad en este momento, parece preferir la agitación de los rescoldos del sandinismo revolucionario, con la ocupación de tierras, el empleo de grupos sandinistas para contramanifestarse frente a las protestas, ocupar tierras y el empleo de unas fuerzas policiales que usan de un alto grado de violencia para acallar a la oposición.

Los observadores independientes de la situación están de acuerdo en opinar que el factor que puede decantar a un lado u otro la actual confrontación social y política es el ejército. Si Humberto Ortega mantiene aún algún prestigio en esa institución, sus recientes opiniones pueden tener consecuencias para el gobierno de su hermano.

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