La situación, que crea enorme incertidumbre, ha dinamitado la mejora de la imagen del país, que estaba propiciando la llegada de más inversión española, atraída por una economía que exhibía el segundo mayor crecimiento regional, seguridad ciudadana y un modelo de diálogo/consenso Gobierno-sector privado. Numerosos países y entes, entre ellos España, ONU y UE, han pedido a Managua el fin de la violencia; la OEA ha emitido una resolución de condena al régimen y exigido el adelanto de elecciones en dos años, a 2019, y Trump presiona a Ortega para convocar presidenciales y acabar un conflicto ya crítico. Holanda ha suspendido su ayuda económica y EEUU se plantea sanciones.
La crisis llega en un momento en el que las firmas españolas, pese a las dudas sobre la seguridad jurídica y un tamaño del mercado que impone inversión de nicho, comenzaban a apostar por el país, donde la inversión ha sido tradicionalmente baja. Acontece, además, cuando Managua redoblaba su campaña para atraer capital exterior a través de los planes en renovables, infraestructura, transporte, agroindustria, digital y turismo del programa ‘Proyectos de Desarrollo para Potenciar la Inversión 2017-21’. La inversión exterior ya supone el 7% del PIB de un país muy dependiente, además, de las remesas. Para 2018, Managua preveía una inversión externa superior a 1.500 millones de dólares. Según Cepal, la IED bajó el 0,3% en 2017, a 897 millones.
España es quinto inversor, con un stock de 1.100 millones desde 2000 y allí están 60 firmas que generan 17.000 empleos. Entre ellas, Telefónica, Mapfre, Repsol, Barceló, Gamesa, Inditex, Nueva Pescanova, TSK, Acciona, FCC, Isolux, Cobra, Naturgy, Adolfo Domínguez y Mango. Iberia tiene proyectada una nueva ruta Madrid-Managua en octubre con tres frecuencias semanales. De momento la crisis ha forzado al banco central a rebajar el crecimiento del 4,5% al 1% en 2018 (el FMI oteaba un 4,7% tras el 4,9% de 2017) y estima que se han perdido 200.000 empleos. Los sectores más afectados son construcción, comercio y turismo, pero también se están siendo perjudicadas las zonas francas, especialmente por los cortes de carreteras (“tranques”). En estas zonas trabajan 110.000 personas con empleo formal y son gestionadas por una inversión extranjera muy sensible a conflictos como el que tiene lugar.
La actividad económica cayó en mayo el 4,9% anual por la crisis, con descensos del 10,3% en comercio y el 14,5% en construcción. En mayo, la patronal estimaba en 200 millones las pérdidas (1,6% del PIB), aunque otros análisis hablan de 800 millones. Para Funides, próxima a la patronal, Nicaragua que en 2018 iba a ser uno de los tres países con mayor crecimiento en Latam, podría anotar una caída del 1% al 2% en el mejor caso (si Ortega acepta una salida negociada ya) y del 5% en el peor (la crisis dura todo 2018). Y eso sin considerar un impacto significativo en los sectores agropecuario y financiero.
La crisis está hundiendo uno de los sectores clave, el turismo. Algunos hoteles reportan caídas del 50% en clientes y otros han cerrado o reducido personal. Nicaragua preveía que este año recibir 1,9 millones de turistas e ingresar 924 millones de dólares, frente a 840 en 2017. La patronal señala que el 25% de los restaurantes han cerrado por el aumento de violencia y países como EEUU y España han emitido una alerta para evitar viajes de turismo a Nicaragua.
La protesta contra Ortega se inició el 18 de abril, con masivas manifestaciones contra la reforma de las pensiones y se convirtieron en bandera del malestar de los que piden, como oposición y parte de la patronal, la renuncia de Ortega tras 11 años en el poder con acusaciones de abuso y corrupción. La patronal ha solicitado un adelanto electoral como mecanismo para salir de la crisis.
En 2017, de las firmas españolas con intereses en Latam, apenas el 13% tenía presencia en Nicaragua y la tendencia en 2018 era mantener la presencia no a subirla, según el último ‘Informe Panorama de Inversión Española en Iberoamérica’. Ese informe advertía en marzo que el país tiene en su contra ‘ruidos políticos’ que se proyectan en España y hacen que Nicaragua no sea tan atractiva para invertir: reelección presidencial indefinida; posibilidad de instauración de una dinastía familiar al frente del país y su vitola ‘bolivariana’. A lo que ahora se suma la crisis sociopolítica y la represión, que ha deteriorado la imagen y resta atractivo para invertir, incluso si en Nicaragua las firmas españolas no han tenido controversias como ha sucedido en otros países.