Los líderes independentistas son conscientes, además, de la necesidad de obtener la aprobación de sus actos por un Carles Puigdemont refugiado en Berlín, y que sigue allí liberado por ahora de cualquier responsabilidad política de naturaleza institucional, la cual recae con todo su peso sobre quienes componen el nuevo ’govern’.
De ahí la escasa posibilidad de que el diálogo ofrecido en la sesión de investidura por Sánchez sea atendido incondicionalmente por los independentistas, o que el ofrecido como respuesta por el ‘president’ Quim Torra (“Presidente Sánchez, hablemos, tomemos riesgos, negociemos de gobierno a gobierno”), lo sea por parte del ejecutivo de Sánchez, ya que incluye algo que éste no puede dar: influir sobre el curso de la justicia, de modo que haga posible la libertad y rehabilitación de los presos independentistas. En todo caso, Sánchez ya ofreció desde su tribuna en el Congreso su disposición a reunirse con Torra, aunque deberá precisar si está dispuesto a hablar con él “de jefe de gobierno a jefe de gobierno”, algo difícil de hacer bajo la estrecha vigilancia de las fuerzas constitucionalistas que no le votaron.
De todos modos, el nuevo consejero de Acción Exterior no tiene ninguna duda de que la excarcelación de los presos será posible si así lo dispone Sánchez. Ernest Maragall acaba de decir que “la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados es la primera medida que se debe esperar de un gobierno que se autonombra progresista”. He ahí, pues, una vía por la que podrían enfriarse las expectativas abiertas entre los independentistas por el triunfo de Sánchez. Otra será, posiblemente, la reacción del gobierno al propósito de Maragall de reabrir las “embajadas catalanas”, cerradas en virtud del art. 155.
Las bases para el diálogo que unos y otros han expuesto hasta ahora no pueden ser más especulativas e inconcretas. El escepticismo con que ambas partes se acercan a ese ‘diálogo’ se muestra en uno de los bloques de ideas sobre las que se empezaría a hablar: la restauración de la integridad del estatuto de 2006, que fue enmendado por sentencia del Tribunal Constitucional en 2010. Tal es la propuesta hecha por un celebrado y reciente documento del Círculo de Economía, que parece haber sido respaldado en algunos aspectos por Sánchez, por cuanto él estaría abierto a discutir la naturaleza de Cataluña como ‘nación’, en coincidencia con dicho documento.
Los términos de esa propuesta tienen el defecto de que desautorizan el régimen constitucional español, del que forman parte las sentencias del TC, y aunque una contrarreforma de esa sentencia sería posible mediante un nuevo referéndum, esa vía es también defectuosa, ya que no tiene ni el ancho ni el balasto suficientes para encarrilar y estabilizar un movimiento político y social cuyos fines han sido declarados repetidamente inconstitucionales. Por tanto, parece ilusorio tratar de volver al estatuto del 2006, y ello por pura incongruencia con el tiempo en que vivimos y por todo lo que ha pasado en Cataluña. Así lo ve también Artur Mas, ex-presidente de la Generalidad: “el techo de aspiraciones catalanas es (ahora) mucho más grande”, ha dicho recientemente.
Así que Sánchez irá soltando lastre en la medida de sus reales posibilidades, como el acercamiento de presos al territorio de Cataluña, la recuperación de la operatividad de algunos artículos del estatuto rechazados por el TC (no su derogación formal), y la moderación del celo procesal del fiscal general del estado, persona que se halla bajo su autoridad directa