Se inicia una semana repleta de incertidumbres tanto en el ámbito político como en el económico con la formación del Gobierno que presidirá Pedro Sánchez. El sector bancario no es ajeno a este panorama, sobre todo, por algunas cuestiones pendientes y polémicas propuestas formuladas por el líder socialista.
Según algunas fuentes consultadas, una de las primeras pruebas de cómo se enfrentarán los bancos al Gobierno que Sánchez conforme pasará por quién se designe como subgobernador del Banco de España en sustitución de Javier Alonso.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy se despedía con el nombramiento de Pablo Hernández de Cos como nuevo gobernador en sustitución de un Luis María Linde que en los próximos días concluye su mandato improrrogable de seis años.
La mayoría de los grupos parlamentarios, hasta el momento en la oposición, han mostrado pocos reproches al perfil profesional del que será nuevo gobernador del Banco de España. Salvo cualquier movimiento en contra, ya que tanto el PSOE como Unidos Podemos sí se han mostrado muy críticos con las formas para su designación.
Según la costumbre, el principal partido de la oposición ha designado al subgobernador del Banco de España. Los socialistas estaban en plenas negociaciones con el Gobierno del PP para ese nombramiento, cuando la moción de censura precipitó la designación de Hernández de Cos, un técnico del organismo supervisor y sin afiliación política definida.
Varios nombres se han barajado para ese número dos del Banco de España. David Vegara, ex secretario de Economía bajo el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, es uno de ellos, pero también figura en todas las apuestas como futuro ministro de Economía. Vegara, por el momento, es consejero del Banco Sabadell, un cargo que puede condicionar muchas cosas a futuro.
Temas polémicos
Mientras que en algunos círculos financieros se ha dado la bienvenida al nuevo gobernador del Banco de España, como ha hecho la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) en pleno debate de la moción de censura, en el sector bancario se mantienen alerta ante algunos asuntos pendientes o propuestos.
Entre los últimos está la polémica idea de Pedro Sánchez, cuando todavía estaba en la oposición y sin visos de llegar al poder según la mayoría de las encuestas demoscópicas, de imponer un impuesto especial a los bancos para el mantenimiento de las pensiones públicas. Según sus cálculos, con esa tasa se obtendrían unos 1.000 millones de euros anuales.
Dicha propuesta no fue muy bien acogida por el sector, incluso en ámbitos diferentes al de los directivos bancarios. Un impuesto adicional, se argumentaba, acabaría repercutiendo en los propios clientes de los bancos. En fin, "un contradiós" como ha popularizado el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, en sus diversas intervenciones públicas.
Otra incógnita es qué ocurrirá con el proceso de privatización de Bankia, entidad en la que el Estado es el mayor accionistas con más de un 60% de su capital tras su rescate (y al que se ha añadido BMN en los últimos tiempos). Pedro Sánchez ha ganado su moción de censura con el apoyo, entre otros, de Podemos.
La formación liderada por Pablo Iglesias, incluso tras la polémica compra de su residencia en Galapagar, ha defendido en todo momento que Bankia debe permanecer bajo el control del Estado para forjar una banca pública que financie o apoye casi de manera condicional a determinados colectivos, como los ocupas.
Desde el rescate de Bankia, el Gobierno de Mariano Rajoy tan sólo ha llegado a vender en torno al 15% de las acciones que el Estado tuvo que asumir. La previsión era que la nacionalización completa se logrará antes de finales de 2019, plazo establecido en un principio según el acuerdo de entendimiento (MOU) para el millonario rescate que tuvo que recibir buena parte de la banca española (sobre todo las antiguas cajas de ahorro).