Recupera la opor­tu­nidad de elevar el precio de 440 mi­llones del acuerdo de 2017

Prisa respira aliviada tras el fin del acuerdo con Altice sobre la venta de Media Capital

Varapalo de la Autoridad de la Competencia, que ya tenía pre­visto im­pedir la ope­ra­ción

Grupo Prisa
Grupo Prisa

La anu­la­ción por parte de Prisa de su acuerdo de 2017 con Altice para la venta del 94,69% de la pla­ta­forma mul­ti­media por­tu­guesa Media Capital (MC), por un im­porte de 440 mi­llo­nes, no su­pone ni una sor­presa ni una mala so­lu­ción. De he­cho, la venta de MC había que­dado he­rida de muerte el 29 de mayo, cuando la Autoridad de la Competencia (AdC) re­chazó, por in­su­fi­cien­tes, las pro­puestas que Altice había ar­gu­men­tado para que ope­ra­ción fuera apro­bada. A Prisa, con nueva ges­tión, la can­ce­la­ción le ha ve­nido de per­las.

De hecho, si no fuera por la torpeza de la entidad reguladora del sector, ERC, la operación hubiera quedado anulada hace varios meses sin la intervención de AdC: los servicios técnicos y dos de los tres miembros ejecutivos de ERC habían llegado a la misma conclusión, sobre el riesgos de una concentración excesiva de medios audiovisuales, de Internet y de publicidad en manos de Altice, pero lo que hizo el entonces presidente del regulador, Carlos Magno, en minoría, fue pasar a la AdC la responsabilidad final de la decisión, que en primera instancia, ante la Autoridad de la Comunicación Social, ya habido sido hostil a la venta de MC a Altice.

Ahora, el grupo francés con sede en Amsterdam (Holanda) -el gran perjudicado, porque compraba Media Capital a muy bajo precio- arremete contra la entidad reguladora portuguesa, que desde el primer momento estuvo claramente más en sintonía con las preocupaciones del sector y de los consumidores, que en dar su visto bueno a la operación.

Lentitud administrativa

Además de la extrema lentitud de que hizo gala la AdC para estudiar la cuestión, lo que más crítica Altice es el rechazo absoluto de todos aquellos “remedios” que había puesto sobre la mesa para solventar los recelos de la competencia, en relación principalmente con el modelo de integración vertical que tenia previsto para las actividades de televisión, producción de contenidos, Internet y publicidad.

El problema es que Altice ya controla la plataforma de televisión y de Internet Meo, o sea la red doméstica de la antigua operadora historia Portugal Telecom (PT), que tras el fracaso de la fusión con Oi, fue vendida en 2015 al grupo galo de Patrick Drahi por 5.700 millones de euros. Con que, haciéndose además con la operación de MC, que integra la televisión líder nacional TVI, la mayor productora de contenidos audiovisuales Plural, un portal de Internet, etc., si nada ni nadie lo remediara estaría en condiciones de dictar las reglas del juego a la competencia y hacerse con la parte del león de la programación televisiva y de la publicidad audiovisual.

Pero lo que hizo Altice, para intentar deshacer el nudo gordiano de la hostilidad radical de los grupos rivales –principalmente la plataforma de televisión y de internet NOS, controlada por Sonae y la empresaria angoleña Isabel dos Santos; el grupo Impresa del antiguo primer ministro Pinto Balsemao y cuyas perolas son la televisión SIC y el semanario Expresso; la operación lusa de Vodafone; y el mayor grupo de prensa Cofina– no fue renunciar a su estrategia de integración vertical ni proponer desprenderse de algunas actividades, sino que solo adujo alguna buena voluntad y simples promesas, sin garantías concretas.

De ahí la decisión tomada por la AdC, que no tuvo ningún reparo en rechazar por insuficientes los remedios propuestos por Altice, lo cual anunció de inmediato que no haría ninguna nueva propuesta, como si la amenaza de deshacer la operación firmada con Prisa fuera el remedio absoluto para convencer la autoridad reguladora lusa.

Y a partir de ese momento, la cuestión quedó vista para sentencia: el alineamiento prácticamente incondicional de la AdC con los principales actores del sector y de la opinión pública nacional, que en este caso prefiere que MC siga en las manos españolas de Prisa en lugar de pasar bajo control de un depredador galo.

Futuro incierto para Altice

La cuestión puesta ahora consiste en saber lo que hará Altice y en qué medida la paralización de la venta de MC podrá afectar los planes de Prisa. En el sector, nadie plantea la posibilidad de que Patrick Drahi tome alguna decisión drástica, como el poner la operación portuguesa en venta. Las apuestas van mas bien a favor de alguna alternativa nacional a la operación MC. Altice podría volver a mirar hacia el grupo Cofina (tiene una televisión de pago y una decena de publicaciones, como el líder destacado de la presa diaria Correo da Manha) con el cual había hablado antes pactar con Prisa la adquisición de MC.

En todo o caso, al margen del fracaso de la adquisición de MC, Altice no pasa por su mejor momento en Portugal, donde su actuación fue severamente penalizada por Bruselas: el grupo galo fue multado con 125 millones de euros, por hacer hecho efectivo su control sobre la antigua PT, antes de que la operación de compra a Oi fuera aprobaba por las autoridades comunitarias.

Aun así, Altice no tendrá razones de queja, porque dicha multa hubiera podido alcanzar los 2.300 millones, el 10% de los ingresos del grupo. Hace dos años, Altice ya había sido multado con 80 millones, por haber tomado el control de SFR antes del “OK” de Bruselas.

Y por parte de Prisa, tras la renegociación de su deuda, la mejora de sus resultados, la reciente restructuración interna, ya no siente tan presionado como los últimos tiempos en relación con el futuro de la operación lusa. Por lo tanto, aunque nadie contempla la posibilidad de que el grupo español tenga la intensión de intensificar su apuesta en Portugal, lo cierto es que tendrá ahora más margen de maniobra y de tiempo para tomar la decisión más favorable a los intereses del grupo, sin tener, así, que volver a pasar los mismos problemas que tuvo que enfrentar el último año para llegar a ingresar 321 millones a cambio del 94,69% de MC.

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