ANÁLISIS

Las pensiones enturbian los sentidos de los políticos

Elevar el por­cen­taje de gasto so­cial en España no sería nin­guna qui­mera ni tam­poco ningún des­pro­pó­sito

Pensiones
Pensiones

Finlandia, fi­nales de 2016: dos mil pa­rados con edades com­pren­didas entre 25 y 58 años re­ci­bieron una carta anun­cián­doles el in­greso de 570€ men­suales sin nin­guna con­tra­par­tida. Los agra­ciados cu­brían sus ne­ce­si­dades vi­tales sin trabas bu­ro­crá­ticas aunque de­bían res­ponder ac­ti­va­mente para me­jorar sus ni­veles de in­gresos (recuérdese la pa­rá­bola de los ta­len­tos: guar­dados bajo tierra para su de­vo­lu­ción o puestos a fruc­ti­fi­car).

Si el proyecto inicial, con un coste de 20 millones de euros, tenía éxito se extendería a toda la población: 15.000 millones de euros a repartir entre los 5,5 millones de ciudadanos finlandeses.

Casi dos años después, el proyecto acaba de ser desestimado a la vez que el Gobierno filandés presentaba una proposición de ley que aumentaría el control de los desempleados.

El gasto social en Finlandia (sanidad, descapacitación, desempleo, vivienda y jubilación) en 2016 ascendía al 26% del PIB, frente al 18% de la UE o el 16% en España (fuente UE: Total General Government Expenditure On Social Protection). El capítulo dedicado a pensiones representa en términos generales entorno al 70% del total.

La carta que recibieron los jubilados españoles de la ministra Báñez les anunciaba una subida del 0,25%. El anuncio de esta subida fue el detonante de las manifestaciones de jubilados. En Bilbao y otras poblaciones de la autonomía vasca han sido las más numerosas. Los movimientos de jubilados han coincidido con el ascenso de Ciudadanos en las encuestas. Riesgo electoral para el PP y para el PNV con la consiguiente corrección.

El Programa de Estabilidad 2018-2019 aprobado en el último Consejo de Ministros para ser enviado a la Comisión de Bruselas, presenta un cuadro macroeconómico del que puede obtenerse una excelente referencia sobre la evolución del gasto del Estado y el porcentaje que representa respecto al PIB.

1996.- Llegada de Aznar: 43% del PIB Reducción de 4,3 puntos 2004 salida de Aznar: 38,7% PIB

2011.- Llegada de Rajoy: 45,3% PIB Reducción de 6,7 puntos 2021 con una más que hipotética continuidad de Rajoy: 38,7% PIB

En 2013, las decisiones del Gobierno armonizadas con el Pacto de Toledo implicaron un retraso en la edad de jubilación, la revalorización anual del 0,25% en lugar del IPC y la introducción de un factor de sostenibilidad. Es decir, corrección del importe de las pensiones en función de la esperanza de vida.

Las manifestaciones y los acuerdos PP y PNV han restaurado la corrección anual en función del IPC y retrasado la puesta en marcha del factor de sostenibilidad. Las modificaciones suponen un coste adicional de 1.522 millones de euros en 2018 y de 2.200 millones de euros en 2019. El gobierno confía poder financiar parte de este mayor gasto a través de un impuesto sobre los medios digitales. Confiemos en que los propósitos del gobierno lleguen a buen puerto.

El gasto social exige financiación, bien a través de las contribuciones, hasta donde lleguen, y naturalmente subiendo los impuestos para sufragarlo, lo mismo que requieren las carreteras o las nóminas de los funcionarios. Años atrás los gobiernos socialdemócratas apostaron por esa alternativa.

¿Cuál es el papel del Estado?. Mariana Mazzucato responde preguntándose a su vez: “¿Quién crea valor? ¿Quién se aprovecha? ¿Quién lo destruye?”. La profesora del University College London sostiene que las instituciones del Estado han desempeñado un papel innovador en el desarrollo de las nuevas tecnologías e internet, además de garantizar la justicia y la seguridad, la educación y la sanidad y la protección económica para quienes terminaban su vida activa.

Mazzucato, como ha comentado Martín Wolf, se propone disipar esa ingenua creencia de que el Estado siempre es el malo y el mercado el bueno. ¿El mercado?. Ahí está el ingente crecimiento de la deuda por parte de las familias financiado por la banca y otras instituciones de crédito. ¿El Estado?. Ahí está el de la URSS. Un total desastre. Los comunistas chinos aprendieron la lección y se han apañado para maximizar el binomio Estado-Mercado (otra cosa es la libertad de expresión, un intangible inapreciable e incuantificable).

El gasto social en España asciende al 16% del PIB, por debajo del 20% de la Eurozona, del 21% del Reino Unido o el 24% de Francia y el 26% de Finlandia. (Eurostat, 2016). Elevar el porcentaje de gasto social en España no sería ninguna quimera ni tampoco ningún despropósito económico. El presidente de la AIReF lo ha dicho claramente en el Congreso de los Diputados, aunque al mismo tiempo haya expresado sus reservas sobre el equilibrio entre gastos e ingresos de nuestras administraciones públicas.

Artículos relacionados