El sector está listo para cum­plir los ob­je­tivos co­mu­ni­ta­rios pero es un caos inope­rante

Expertos denuncian que el exceso de capacidad y regulación sube la tarifa eléctrica

El in­forme de de los ex­pertos coin­cide con el CES al de­nun­ciar es­casa com­pe­tencia

Unesa
Unesa mueve el trasero.

El sector eléc­trico es­pañol está que arde. El co­mité de ex­pertos de­sig­nado por el mi­nistro Álvaro Nadal ra­ti­fica las lí­neas ge­ne­rales de un in­forme del CES sobre los com­pro­misos me­dioam­bien­tales de la Unión Europea. Hay que des­car­bo­ni­zar, como re­claman las eléc­tri­cas, para poder cum­plir el ob­je­tivo co­mu­ni­tario de re­ducir en el 80% las emi­siones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que de­berá estar fi­na­li­zada en 2050.

Un intervalo de algo más de 30 años pero una clara señal ya ineludible para iniciar un proceso de transición con inapelables inversiones en energías limpias: descarbonización y restricciones en el uso de hidrocarburos, petróleo en especial.

En el año 2020, la EU plantea ya una serie de compromisos a corto plazo para energías renovables, eficiencia energética y reducción de las emisiones de GEI en la proporción de 20/20/20. Diez años después, en 2030, la reducción de gases de efecto invernadero deberá ser del 40%. Además, y en el caso de la electricidad, el desarrollo del mercado interior precisa elevar hasta un 15% las interconexiones entre los estados miembros. Especial atención para los Estados Bálticos y la Península Ibérica, que en la actualidad solo alcanza al 4%.

Estos compromisos adquiridos tropiezan, en el caso de España, con la compleja regulación del sector eléctrico que va desde la generación hasta la comercialización y el consumo. El llamado “marco regulatorio” ha generado en años recientes buenas dosis de inseguridad jurídica, volatilidad y alza de los precios.

Informe de los expertos y del CES

En un informe que acaba de publicar, el Comité de Expertos para la Transición Energética avala las líneas generales de un estudio del Consejo Económico y Social (CES) que analizaba ese marco regulatorio, a la vez que llamaba la atención sobre nuestros retos para afrontar el cambio climático.

En sendas notas este jueves, Unesa y la Fundación Renovables se suben al carro de ambos informes y ratifican que la electricidad es la única alternativa posible para cumplir los objetivos de descarbonización. Ya era hora.

La norma básica de nuestra regulación normativa es la Ley 24/2013 que establece la liberalización del sector de generación y el mantenimiento del monopolio en el transporte, además de un complejo oligopolio bilateral en la comercialización via subastas.

Actualmente, el sector de generación cuenta con cinco grandes operadores, destacando Endesa e Iberdrola, además de Gas Natural Fenosa, y además con 300 productores menores. El 25% de la potencia instalada corresponde a los ciclos combinados, el 22% a la eólica, 13% hidráulica, 10% carbón, nuclear el 7%, cogeneración el 6% y el 7% de solar, térmica y fotovoltaica.

En definitiva, un alto grado de diversificación pero sobretodo una capacidad instalada que ya aumentó considerablemente entre los años 80 y el 2000. El suministro está garantizado pero con un exceso de capacidad que acaba repercutiendo al alza en el precio de Kw facturado.

En lo que va de este siglo, la potencia instalada ha pasado de 52.397 MW en el año 2000 a 100.059 MW en 2016. Una oferta que supera la demanda, incluso en los momentos de máximo consumo, las llamadas “horas puntas”. El exceso de capacidad es del orden del 30%, superior al de cualquier sistema europeo, que acaba suponiendo un coste más elevado para el consumidor.

Como quiera que la electricidad no es almacenable, el sistema debe de atender en todo momento la energía demandada de la forma más económica y más limpia. Esto significa que hay una gran diferencia entre potencia instalada y generación. En efecto, en 2016 la nuclear fue la principal fuente de generación con un 23% del total seguida de la eólica con un 19%, la hidráulica el 15% y el carbón el 14%. Las energías renovables representan ya el 40% de toda la producción de electricidad.

El sistema español ha venido registrando una subida en el precio del kw, pese a la debilidad a la demanda en los años de crisis y la bajada del precio del petróleo. Esta evolución al alza, dice el CES, “se explica principalmente por la evolución de los costes regulados – peajes e impuestos, que representan el 60% del precio final cuando en 2005 solo eran del 30%.”

Otra importante alteración en el precio creciente de la energía se registra en el mercado mayorista, es decir esta subasta en la que se encuentran productores y comercializadoras, al incorporarse los llamados “pagos por capacidad”. Se entiende por tales una contribución forzosa en la factura para financiar la amortización de las instalaciones; hablando en plata, el exceso de capacidad. Sobre esos pagos por capacidad, dice también el CES: ”se ha apuntado la posibilidad de que no cumpla la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado.”

Tampoco es muy complaciente el CES, aunque sus observaciones no pueden ser más contenidas, al referirse al desarrollo de las subastas: “además de su complejidad técnica y el elevado coste de la organización… se generan barreras a la entrada de pequeños productores”. Dudas sobre la libre competencia tan jaleada.

Entre las conclusiones de este sólido y documentado informe (lástima la gran indiferencia por estos documentos – withe paper – que en otras latitudes merecen la máxima atención) destaca que la electricidad en España es cara a día de hoy y que el consumidor, desechando las recomendaciones de Bruselas, tenga un papel tan poco activo.

¿Serán capaces los partidos políticos presentes en el Congreso de estudiar, sí de estudiar, y en consecuencia de trazar unas directrices para disponer de un sistema eléctrico más eficiente y competitivo así como de alcanzar los objetivos de energías renovables que alejen los peligros de los gases de efecto invernadero. El Informe del CES es una sólida base de partida.

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