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Justicia de­ci­dirá antes de fin de mes si hay que "cambiar el rumbo"

Cláusulas suelo: la estrategia del Estado toca a su fin

Desde el mi­nis­terio piden 'un voto de con­fianza' para el plan ac­tual de juz­gados es­pe­cia­li­zados

Cláusulas suelo
Clausulas suelo

Aunque dul­ci­ficó su anuncio pi­diendo "confianza" para el ac­tual plan de juz­gados es­pe­cia­li­za­dos, la se­cre­taria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés, ha ra­ti­fi­cado lo que mu­chos es­pe­ra­ban: el Gobierno se está plan­teando muy se­ria­mente cam­biar de es­tra­tegia en caso de los 'suelos' hi­po­te­ca­rios. Y es que en estos mo­mentos el co­lapso es pe­lia­gudo: la ava­lancha de de­mandas está pro­vo­cando un atasco en los tri­bu­nales como pocos en el ám­bito ju­ris­dic­cional re­cor­da­ban.

A través de una intervención en la Comisión de Justicia del Senado, Sánchez Cortés informó de que a finales de mes Justicia se reunirá con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano supervisor de los jueces y encargado de confeccionar su plantilla, para decidir si merece la pena continuar con el plan o se impone un "cambio de rumbo".

Diez meses de colapso

Las cláusulas suelo afectan a aproximadamente 2,5 millones de hipotecados en España. Este artificio contractual consiste en la imposición de un tope mínimo al Euribor, de modo que al hipotecado le es imposible beneficiarse de las bajadas de este indicador, al que están referenciadas la gran mayoría de las hipotecas a tipo variable en nuestro país.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declaraba nula esta figura, abrió la puerta a un verdadero aguacero de pleitos. Para evitar el colapso, el pasado 1 de junio empezaron a trabajar los juzgados especializados en 'suelos', medida impulsada por el Gobierno para descongestionar la Justicia ante el aluvión que se avecinaba.

Este tipo de órganos judiciales, orientados a la resolución de conflictos hipotecarios, fueron creados a instancias del propio CGPJ, que contó para el proyecto con la asistencia del Ministerio de Justicia. Su propósito inicial era canalizar los litigios relacionados con los préstamos por vivienda hacia un tratamiento jurídico mejor formado en ese tipo de problemática. Se esperaba así evitar que esa clase de casos provoquen el colapso de los servicios estatales de Justicia.

La realidad ha sido muy otra. Según ha precisado la propia secretaria de Estado, hasta el momento se han presentado 208.525 demandas por este asunto, una cifra difícilmente manejable para unos juzgados especiales que han estado sepultados por la avalancha desde el principio. Antonio Rodríguez, del grupo socialista, denunció la "inseguridad jurídica" que ha generado la acumulación de demandas.

¿Golpe de timón?

Sánchez defendió el sistema argumentando que éste "es objeto de un minucioso examen por parte del Ministerio de Justicia y del CGPJ, que lo monitoriza todos los días y veremos el resultado al final del mes de marzo". Entonces, y tras una reunión entre ambas instituciones, se valorará la conveniencia de "mantener o prorrogar el citado sistema". Si se llega a la conclusión de su inefectividad, Justicia propondrá al CGPJ "el cambio de rumbo que sea pertinente".

La de Rodríguez no es, en modo alguno, la única voz crítica con el plan de juzgados especializados. Agrupaciones como Jueces para la Democracia manifestaron su disconformidad con la adscripción forzosa de miembros de la carrera judicial en prácticas a este tipo de órganos, argumentando que las cuestiones jurídicas que plantean los 'suelos' han sido ya resueltas por la Justicia Europea. Por consiguiente, los jueces destinados a estos tribunales realizan "un trabajo repetitivo", "con la única finalidad de descargar de asuntos a los Juzgados de Primera Instancia".

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