OPINIÓN

Puente sobre aguas turbulentas en Cataluña

El TS des­es­tima el re­curso de la Generalitat e in­va­lida la ad­ju­di­ca­ción a ATLL.

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Las aguas bajan re­vueltas en Cataluña, tanto en el sen­tido es­pe­cí­fico de la in­va­li­da­ción por parte del Tribunal Supremo de la ad­ju­di­ca­ción de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, como en los re­mo­linos po­lí­ticos para formar go­bierno en la Generalitat.

En el primer caso, el TS ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat de Catalunya y quedaría revocada la concesión de ATLL a la compañía Acciona que pago 300 millones de euros -más el compromiso de otros 700 a lo largo de 50 años –para explotar el suministro de agua de ATLL al área urbana de Barcelona y poblaciones de la costa del Maresme, sumando un total de más de 4,5 millones de usuarios.

La Generalitat recurrió a esta privatización en diciembre de 2012 para ingresar y contabilizar los 1.000 millones de euros, a fin de cuadrar los presupuesto durante el segundo gobierno presidido por Artur Mas. Una concesión que recibió las críticas de Agbar, la otra compañía que participó en el concurso, por presuntas irregularidades.

Lo que fue un ingreso para las arcas públicas en 2012 corre el riesgo de convertirse en un nuevo gasto, una vez más cargo del consumidor, porque Acciona puede reclamar a la Generalitat unos 400 millones de euros, en concepto de pagos e inversiones ya efectuadas ¿Quién pagará los platos rotos? Como en el caso de las autopistas radiales en Madrid, o la plataforma gasista Castor, el consumidor a través de incrementos en la tarifa.

Por otra parte, la decisión del TS en relación a ATLL abre una vía política para que muchos ayuntamientos vuelvan al intento de recuperar la gestión pública del agua. Algo de capital impacto electoral a poco más de un año de las elecciones municipales en mayo de 2018. Y, el nuevo escenario de ATLL puede también ir encaminado hacia tal sentido en el próximo gobierno, que lo habrá, de la Generalitat de Catalunya.

Si en el capítulo del agua todo vuelve a estar revuelto –se pedía un aumento del 11,5% de la tarifa para el año en curso– en el de la política las “aguas” también bajan turbulentas. En los próximos días de intentará una salida política a la figura del candadito previsto a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, que obtendría cierto reconocimiento simbólico en su refugio bruselense.

Casi inmediatamente se propondría otro nombre, entre los que suenan Jordi Sánchez, encarcelado, Josep Rull o Jordi Turull, enjuiciados, aunque la más probable es que sea Elsa Artadi, mano derecha de la campaña de Junts per Catalunya que dió la victoria a Puigdemont, por delante de ERC y, de momento, sin cuentas pendientes con la Justicia.

Al parecer, J&C y ERC ya tendrían pactado el nombre del candidato a presidente y, ahora, estarían peleando por el reparto de carteras dentro del futuro gobierno. Habría acuerdo en cuando al porcentaje de poder, la mitad para cada partido, pero no por quien se quedaría con conselleries clave como Gobernación, Economía o Medios de Comunicación.

Lo único palpable en las fuertes riadas políticas es que nadie quiere ir a una repetición de elecciones por dos motivos: porque no hay ninguna seguridad de mejorar los porcentajes y escaños y porque, entretanto, la aplicación del artículo 155 va haciendo su camino, incluido en el capitulo hipersensible de la enseñanza. Así bajan las aguas estos días en Cataluña.

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