El primer palo a la operación fue dado por la Autoridad Nacional de Comunicaciones (Anacom), que, pese a no ter competencias decisorias en la materia, emitió en junio de 2017 un “parecer negativo” en toda la regla, sobre los riesgos que tendría para el conjunto del sector, teniendo en cuenta que con Meo y Media Capital el grupo galo de Patrick Drahi ocuparía una posición dominante en la televisión, la radio, la producción de contenidos audiovisuales, Internet, etc.
La decisión final quedaba en principio en manos de la Entidad Reguladora de la Comunicación Social (ERC), cuyos servicios jurídicos se han pronunciado en la misma dirección que Anacom, advirtiendo que la venta de MC a Altice solo podría salir adelante con una serie de remedios más o menos radicales para proteger la competencia. Sin embargo, pese a la oposición de dos de los tres miembros de la entidad, el presidente de ERC decidió no tomar ninguna decisión.
Así, sin la polémica decisión del presidente de ERC Carlos Magno, en contra de la opinión de los expertos de la entidad y de la mayoría del consejo (dos votos hostiles sobre tres no eran suficientes, el voto tenía que ser unánime), el tema no hubiera resbalado para la Autoridad de la Competencia (AdC), que deja ahora a Altice y Prisa en un serio aprieto, ya que solo caben dos salidas: los cambios radicales exigidos por la competencia o la anulación de la operación.
De hecho, ante los datos recabados en el sector y los “fuertes indicios” de que el negocio en cuestión podría provocar “trabas significativas a la competencia”, en mercados clave como la televisión generalista y de pago (Meo y MC lideran la audiencia con Meo y TVI), la radio, Internet, producción de contenidos audiovisuales, publicidad, etc., lo que hará ahora la AdC será realizar una “investigación profunda” y tomará una decisión en un plazo de 90 días.
Para los analistas, ya no cabe especular: ante la ola de críticas y la preocupación recabada en el sector y en la clase política (la izquierda radical, que apoya el gobierno minoritario socialista Antonio Costa exige que el tema sea discutido en el Parlamento), y tras la opinión negativa de Anacom y la manifiesta hostilidad de los expertos y de la mayoría del consejo de ERC, la AdC tiene ya claro que, si Altice no aporta nuevas garantías, la operación no podrá avanzar.
Es que además de la enorme concentración de medios que la venta de Media Capital pondría en manos de la propietaria de Meo, la estrategia que Altice sigue ya en Francia y en Estados Unidos pasa la integración de los negocios de telecomunicaciones, televisión, radio, Internet, contenidos audiovisuales y publicidad. Y lo mismo quiere hacer en Portugal con Meo y Media Capital, para captar nuevos abonados y publicidad, aunque con ello peligre la competencia.
Lo que cabe ahora esperar de Altice, si decide seguir apostando y creciendo en Portugal, es una mayor flexibilidad u sensibilidad para que su negocio con Prisa no siga siendo mirado en el sector como un “peligro” para la competencia. O sea, deberá tomar la iniciativa de proponer a los “remedios” necesarios para convencer la AdC, que por su parte no desea verse en la difícil tesitura de impedir una operación que hasta podría convertirse en un problema político.
De momento, solo el Bloco de Esquerda da la cara para que sea también el Parlamento a investigar la venta de Media Capital – una operación que pese al enorme impacto previsto en mercados tan importantes como las telecomunicaciones, la televisión, la radio, la producción de contenidos, la publicidad… sigue sin provocar ninguna reacción por parte de la presidencia de la Republica, del gobierno y de los dos grandes partidos PS y PSD.
La explicación avanzada en medios políticos es que el dueño galo de MEO tiene las espaldas bien cubiertas: uno de sus fundadores y principales accionistas es portugués, Armando Pereira, que tiene de toda la confianza de Patrick Drahi y relaciones privilegiadas con los dirigentes lusos. Lo mismo pasa con Prisa, que lleva muchos años en el país, donde llegó en 2005, y que subo ganarse desde entonces la simpatía de la clase política portuguesa y del sector.
La eventual anulación de la operación también supondría un importante revés para Prisa, que no acaba de sanear su delicada situación financiera y tenía ya dado como garantizada la venta de la operación lusa por los mencionados 440 millones de euros, pero que tras los habituales ajustes contables quedaran en 321 millones - lo que representa menos de una tercera parte de todo lo invertido en Portugal, unos 1.000 millones de euros, en tres etapas, entre 2005 y 2007.