ANÁLISIS

La obligada comparecencia del expresidente de Caja Murcia en el Congreso

BMN no ha de­vuelto las ayudas y debe ex­pli­carlo en la co­mi­sión que in­ves­tiga la crisis

Presidente ejecutivo de BMN, Carlos Egea
Carlos Egea, ex presidente ejecutivo de BMN.

No valen las ex­cusas que pre­tenden hacer pasar como ex­pli­ca­ciones los re­pre­sen­tantes del Partido Popular y del Partido Socialista para que no com­pa­rezca ante la co­mi­sión de in­ves­ti­ga­ción de la crisis fi­nan­ciera en el Congreso de los Diputados el ex­pre­si­dente de Banca Mare Nostrum y con an­te­rio­ridad de Caja Murcia.

Lo hacen contra el criterio de Ciudadanos que ha pedido su comparecencia para que Carlos Egea Krauel explique lo que ha sucedido en una entidad significativa en la crisis y sobre la que los expertos del FMI hicieron sus salvedades.

El portavoz socialista en la comisión, Pedro Saura, fue consejero de Caja Murcia y el ministro de Economía, Luis de Guindos, presidente de la comisión de auditoría. No tiene justificación que Egea no acuda. Como deberían comparecer otros muchos presidentes de cajas intervenidas, las gallegas por ejemplo, que han aludido razones de edad para no hacerlo.

Hoy nos centraremos en el caso BMN. Ha recibido como mínimo 1.747 millones de euros de ayudas públicas. Tras constituirse en diciembre del 2010, tras inscribirse en el registro oficial de entidades del Banco de España, Recibió 915 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) mediante el compromiso de suscripción de participaciones preferentes convertibles.

La petición de que comparezca Carlos Egea, es sencilla, para que explique lo que pasó y por qué las ayudas públicas no se han devuelto. La incorporación a Bankia ha provocado que la entidad que la ha absorbido haya registrado una caída del beneficio del 37 % respecto de los resultados del 16. No está claro que BMN fuera tan buen negocio para Bankia.

La operación exige más análisis de los expertos que todavía no se han hecho, pero el Parlamento no puede obviar este caso. Porque hubo más ayudas.

En noviembre de 2012, debido a los problemas de tesorería y de deuda que estaban afectando a la entidad, hasta el punto que llegó a dudarse de su viabilidad, aceleró el proceso de venta de activos que no formaban parte del negocio central.

Poco tiempo después el Banco Sabadell que venía negociando la compra de Caixa Penedès, una de las cuatro entidades fundadoras de BMN, se hizo con ella, comprando así el negocio de BMN en Cataluña y Aragón, que operaba con la marca BMN-Caixa Penedès. ​ Unas semanas más tarde, el 20 de diciembre de ese mismo año, Bruselas aprobó el plan de reestructuración para BMN. Para que pudiera cumplirlo recibió una inyección de capital público de 730 millones de euros. Sumados a los 915 millones del FROB suman 1.747 millones de ayudas recibidas. Bruselas impuso en aquella ocasión que en el 2017 la entidad debería haber reducido su tamaño en un 40% con respecto a lo que era en 2010.

La Comisión también fijó el plazo para que para esa fecha tenía que estar privatizada y cotizando en bolsa. Nunca pudo lograr este objetivo. El capital privado no encontró suficiente atractivo en el grupo BMN. Y tras muchos rumores finalmente tuvo que ser absorbida por Bankia ante la imposibilidad de colocarla en el mercado.

No han sido los últimos años buenos momentos para las colocaciones. Pero con todo lo que ha sucedido en este Sistema Institucional de Protección (SIP) del negocio financiero de estas cuatro cajas de ahorros, conocido como BMN, que no ha podido devolver las ayudas recibidas, no tiene sentido que sus responsables no comparezcan ante la comisión de investigación, que justamente investiga la crisis de las cajas.

Sería muy saludable que explique cómo el programa de ajuste propuesto a los sindicatos supone la rescisión de 2.510 empleados de ambas plantillas con la reducción de 1.118 profesionales de la red de oficinas, 817 de servicios centrales, 200 afectados por el proceso de digitalización más 375 en excedencia y cedidos a otras entidades.

Sin olvidar el contrato como nuevo consejero ejecutivo de Bankia que está dotado con 500.000 euros fijos y 300.000 variables en el cumplimiento de objetivos. Sería una triste ironía que los cobrara por cumplir con los objetivos de recorte de personal.

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