De nada sirve en este sentido el informe de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo que considera más convincente la propuesta presentada por el Gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane, que la del candidato español, aunque ambos hicieron una buena presentación.
No es la primera vez que el Parlamento Europeo se muestra contrario al candidato ganador. El actual consejero del BCE en nombre de Luxemburgo, Yves Mersch, incluso fue suspendido en el 2012. Pese a ello, Mersch fue nombrado miembro del consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y lo seguirá siendo hasta el 2020.
Por cierto, haría muy bien la eurocámara en cuidar un poco más su imagen y no ofrecer un panorama tan desolador como el que ofreció el miércoles. De los 61 miembros de la Comisión de Economía solo estuvieron presentes una decena. Como debido al reglamento interno de la Cámara no se puede sustituir a los europarlamentarios que no asistan a esta audición, se produjo la paradoja de que en la sala de audiciones había más intérpretes que parlamentarios.
Al margen de estas ‘tecnicalities’ de la eurocámara, todo parece despejado para De Guindos. El 23 de marzo será ratificado su nombramiento por el Consejo Europeo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se reunirán en Bruselas para su encuentro de primavera.
No hay que descartar que se produzca alguna sorpresa. La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de pedir hasta 80 documentos relativos a la resolución del Banco Popular no llega en buen momento para el candidato. Seguro que tampoco a los Estados miembros, cuyas embajadas envían a diario a sus capitales información relevante, no les gusta esta situación.
El juez Andreu, que responde a la propuesta del abogado Felipe Izquierdo, personado en la causa como acusación particular, ha instado al BCE para que aporte toda la documentación recabada en los últimos dos años en los que asumió sus labores de supervisión. Y no se queda ahí la solicitud de pruebas.
A la Junta Única de Resolución, entidad dependiente del BCE, y la entidad que instó la resolución del Popular, con la venta posterior del banco al Grupo Santander por el precio de un euro, le requiere el informe completo de Deloitte. Se trata del informe provisional en base al cual se tomó la decisión, pero que parte del mismo permanece secreto.
Finalmente, si Guindos pasa a ser vicepresidente del Banco Central Europeo, se va a convertir en juez y parte del asunto. ¿Se lo pueden permitir las instituciones europeas?
No acaban aquí las peticiones de documentación del Juez Andreu. Al Banco Popular le ha requerido las actas de todas las reuniones del Consejo de Administración celebradas entre enero de 2014 y junio de 2017.
A ello hay que añadir, entre otros, el detalle de los sueldos percibidos por sus consejeros y directivos, informes de auditoría externa y una relación de sociedades en las que participaba.
También tendrán que enviarle el estudio sobre la valoración de la entidad a efectos de venta y los cuadernos de venta realizados ya durante la presidencia de Emilio Saracho, a fin de que el juez pueda comparar dichos registros con el proceso elegido.
Cuando la instrucción del caso entre en lo mollar del asunto ya se habrá tomado la decisión sobre el futuro profesional de Luis de Guindos. Pero las consecuencias de la sentencia final sobre el caso del Popular se alargará en el tiempo.
Es una pena. Aunque Luis de Guindos, no es perfecto, parece un buen candidato para la vicepresidencia del BCE. Debería servir para que España recupere parte de la visibilidad que ha perdido en el ámbito de las instituciones comunitarias en los últimos años.
Guindos ha pedido abiertamente que se hagan públicos los informes Deloitte. Si tan seguro está de la rectitud de las decisiones adoptadas, por su bien, por el de la recuperación de la imagen de España y por la credibilidad en las instituciones europeas debería ser el primero que presionara para que todo lo que rodea a la resolución del Popular sea de transparencia absoluta.
Mientras no se haga así, las dudas serán más que razonables.