La mul­ti­na­cional Cemex ce­rrará dos de las siete plantas que tiene en España

El Gobierno sale al rescate del sector cementero para evitar fuga de empresas

Concederá ayudas para afrontar las emi­siones de CO2 y la subida de la luz

Cemex
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Las ce­men­teras están a punto de lo­grar una vieja reivin­di­ca­ción y no es otra que ser in­cluidas entre los sec­tores elec­tro­in­ten­sivos en con­sumo de energía y, por tanto, poder re­cibir ayudas del Gobierno con el visto bueno de la Unión Europea. El anuncio de cierre por parte de Cemex de dos plantas en España que afec­tarán a 200 tra­ba­ja­dores ha ser­vido para lo­grar lo que hace años vienen per­si­guiendo sin éxito.

El temor del Gobierno a un nuevo conflicto social ha abierto las puertas hacia una solución.

Paralelamente, el Ministerio de Industria quiere plasmar con las empresas una agenda de medidas con el fin de impulsar la actividad de esta industria, fuertemente golpeada por la caída de la inversión pública en los últimos años y la crisis de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

La titular de Industria, Reyes Maroto, se ha comprometido en el Senado a abrir la mano a las empresas ante el anuncio de cierre por parte de la multinacional Cemex de las plantas de Gádor (Almería) y de Lloseta (Baleares), que dan empleo a 200 trabajadores.

El grupo mexicano tiene siete fábricas en España y emplea a unos mil trabajadores. Figura entre los tres primeros fabricantes de cemento del país, por lo que una posible marcha de Cemex abriría una grave crisis en un sector muy dañado en los últimos años por la falta de inversión estatal.

Cierres de plantas en cadena

Esta circunstancia, unida a la venta de Vestas de su planta de aerogeneradores, más el cierre por parte de la multinacional Alcoa de dos plantas en A Coruña y Avilés, que afectará a cerca de 700 trabajadores, han obligado a reaccionar al Gobierno de Pedro Sánchez y tomar medidas para evitar la fuga de nuevas empresas.

Junto con el aluminio, el siderúrgico y los fertilizantes, el cementero es uno de los sectores que más energía consumen por lo que las empresas del ramo se sienten perjudicadas para poder competir con otras compañías comunitarias. Por esa razón, la patronal viene reclamando desde hace años ser incluidos entre las industrias intensivas en consumo eléctrico, muy expuestas a la subida de las tarifas y, por tanto, puedan recibir ayudas en casos de crisis y de fuerte caída de la demanda como la actual.

Aumento de un 20% del coste eléctrico

En su último informe referido al primer semestre, el presidente de Oficemen, Jesús Ortiz, denunciaba que el coste eléctrico en 2018 se incrementará un 20% respecto a 2017 y el precio de contratación un 28% más caro que sus competidores alemanes. Además, el coste de los derechos de emisión se ha multiplicado por tres desde enero, hasta 25 euros por tonelada.

Por otro lado, el sector cementero es de los más golpeados por el hundimiento en los últimos ejercicios de la obra pública y la caída de las inversiones en infraestructuras. La patronal prevé cerrar 2018 con un consumo de 13,3 millones de toneladas, con un crecimiento del 7% -la demanda doméstica en 2017 fue de 12,3 millones de toneladas-, cuando a principios de año estimaban un incremento de la demanda del 12%.

El directivo de Oficemen señala que el auge que está registrando el sector de la construcción no es suficiente para compensar el menor peso que actualmente tiene la obra civil, principal destino de la producción de las cementeras españolas. Ortiz alerta de que las fábricas de cemento instaladas en España están funcionando actualmente a la mitad de su capacidad. Su producción está “estancada” en los 20 millones de toneladas anuales de 2013.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, en julio pasado, que en lo que restaba de año lanzaría a licitación contratos de distintas obras de infraestructuras por valor de 5.000 millones de euros. Dijo también que a su llegada al Ministerio había detectado una baja ejecución de obras ya previstas que no se han acometido por valor de 12.460 millones de euros.

Ante la poca obra pública que el Gobierno puede asegurar, ya que los Presupuestos para 2019 se desconoce aún si saldrán adelante, la ministra de Industria se ha comprometido con los sindicatos y Oficemen a reclamar ante la Unión Europea que el sector se incluya entre el listado de empresas que pueden recibir ayudas compensatorias por los costes que registran por sus emisiones indirectas de CO2.

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