Sedigas re­clama un marco re­gu­la­torio es­table y que se me­jore la fis­ca­lidad

Los productores de gas se sienten discriminados frente a las poderosas energías verdes

Denuncian a la eó­lica, fo­to­vol­taica y solar al no ser in­cluidos en el Plan de Energía y Clima

Sedigas
Sedigas

Los pro­duc­tores de gas re­no­vable no tienen quien les quiera y re­claman un hueco en el desa­rrollo de las ener­gías verdes en España. En un plazo de 15 días, el Gobierno pre­sen­tará el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que en­viará a Bruselas por lo que buscan ser in­cluidos en el mismo, no solo como parte real sino como una energía “potencial” que con­tri­buirá al pro­ceso de des­car­bo­ni­za­ción que exige la Unión Europea. Demandan a la vez un marco re­gu­la­torio apro­piado para lo­grar tales ob­je­ti­vos.

“El gas renovable necesita apoyo para poder aportar todo su potencial de contribución a la descarbonización y a la consecución de los objetivos de participación de energías renovables”, señala la patronal Sedigas en el plan que ha presentado en el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de que el biometano, el hidrógeno renovable y el gas sintético compitan con los mismos derechos que tienen el resto de las energías verdes como la eólica, solar y fotovoltaica.

En unas jornadas organizadas por el Club Español de la Energía, las empresas integradas en Sedigas han elevado al secretario de Estado de Energía, José Domingo Abascal, su petición de que se fije una política de Estado, para que se incluya el gas renovable como “sumidero de CO2” dentro de los objetivos previstos por Europa. Para ello, demandan un marco regulatorio apropiado similar al que se ha fijado para la energía eléctrica renovable.

En fase muy incipiente

Según denuncian, a diferencia de países europeos como Alemania, Francia y Suecia, el gas renovable se encuentra en España aún en una fase muy incipiente. En la actualidad, la producción e inyección de biometano en España se limita a una única planta en el parque tecnológico de Valdemingómez, en Madrid. En cambio, en toda Europa existían en 2016 del orden de 503 plantas, frente a las 187 plantas que funcionaban en 2011.

En una gran parte, culpan de esta situación a la falta de un marco regulatorio estable que defina las bases para poder inyectar el biometano en las redes de transporte y distribución de gas natural. Que exista un alineamiento de la legislación española en aspectos como las condiciones técnicas de conexión, el reparto de los costes y la responsabilidad de los agentes.

Además, urgen a la Administración articular apoyos financieros a proyectos de I+D+i, investigación en la optimización de costes y rendimientos que permitan conseguir que los proyectos sean económicamente viables. Recuerdan, en este sentido, que los costes del biometano están en línea con los de la fotovoltaica y eólica y, en cambio, dichas plantas no están siendo promovidas por la Administración mediante subastas de capacidad.

La fiscalidad, un aspecto crucial

La fiscalidad es otra de las reclamaciones que consideran urgentes por resolver. Según la presidenta de Sedigas, Rosa María Sanz, es un aspecto “crucial” para conseguir que el gas renovable se introduzca en el mix energético. Así, piden al Gobierno de Pedro Sánchez que se establezcan impuestos adecuados, evitando la doble imposición, distinguir entre los impuestos del gas natural y el biometano y promocionar descuentos por la inyección de gas renovable en la red gasista.

Uno de los aspectos que consideran igualmente “imprescindibles” para la puesta en marcha de la identidad del gas renovable en España es la “creación de los certificados de garantía de origen”. Entienden en la patronal que esta medida es a la vez un aspecto regulatorio y un mecanismo de ayuda.

En este punto, proponen que se podría tomar como ejemplo los certificados que ya están implantados en Reino Unido, o los de otros países europeos como Holanda con Vertogas, Austria con AGCS, Energynek en Dinamaca y Gas System en Polonia.

Las empresas consideran que, de esta forma, el biometano producido en nuestro país podría ser identificado y adquirido como energía “verde” por los usuarios finales y contribuir al objetivo de reducción de emisiones de la UE. Se crearía también un mercado liberalizado de compra/venta de certificados de reducción de emisiones de CO2. A este respecto, entienden que tales certificados deberían ponerse en marcha cuanto antes con el objetivo de que los productores puedan vender biometano lo antes posible y ayudar a conseguir los planes de reducción de emisiones.

En cuanto a la actividad económica que su desarrollo podría generar, un estudio técnico realizado por Sedigas y la consultora Creara, la aportación al PIB ascendería a 472 millones de euros/año en 2030, con una tasa de crecimiento del 45,2%. Además, podrían crearse en este mismo periodo entre 15.000 y 25.000 empleos, tanto directos como indirectos.

Artículos relacionados