ANÁLISIS

EXHUMACIÒN/INHUMACIÓN DE FRANCO

El fantasma de Franco persigue a La Moncloa

El ex­hu­ma­ción del ca­dáver del tam­bién am­nis­tiado dic­tador asusta a un Gobierno per­dido

Franco
Franco

La obs­ti­nada cam­paña em­pren­dida por el pre­si­dente del go­bierno Pedro Sánchez para asestar el de­fi­ni­tivo acto de me­nos­precio al cuerpo del ge­neral Franco, per­si­guién­dole entre tum­bas, ol­vida un pe­queño de­ta­lle: que tam­bién Franco fue be­ne­fi­ciario de una am­nistía ge­neral que ayudó a que, des­pués de su fa­lle­ci­miento, el sis­tema po­lí­tico que había de le­van­tarse fuese de­mo­crá­tico, y no una va­riante dic­ta­to­rial o au­to­ri­taria del que murió con él, y que se selló además con el gesto ge­ne­roso de la re­con­ci­lia­ción. Unos y otros se per­do­naban los crí­menes del pa­sado, y se res­ti­tuía la jus­ticia a cuantos pu­dieron ha­berla visto atro­pe­llada. Si esa res­ti­tu­ción se ha hecho o no, será algo de lo que de­berán dar cuenta los go­biernos de de­re­chas o de iz­quierda que desde en­tonces se han su­ce­dido.

El artículo 14 de la Constitución expresa en pocas palabras la esencia de lo que se pretendía: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Queda, pues, excluida cualquier motivación que trate de justificarse en base a unos juicios y apreciaciones sobre los que no existe consenso, como que Franco fue un tirano, que tenía las manos manchadas de sangre, etc. sobre lo que los españoles, sobre todo los que vivieron el régimen, tienen todo el derecho del mundo a estar tan divididos como entonces, mientras no pongan en cuestión ni la moralidad, ni la justicia ni la utilidad de la reconciliación y de su condición necesaria, la amnistía.

La cuestión de si su cuerpo debe o no ser exhumado de un lugar tan significativo como el Valle de los Caídos, que Franco mandó construir (aunque no está claro si quiso que su cuerpo yaciera allí), no se ve cómo se puede proceder sino ateniéndose a los márgenes de la ley, uno de cuyos instrumentos son los tratados entre el Reino de España y la Santa Sede. Las sorprendentes reticencias del secretario de Estado, Cardenal Parolin, a suscribir las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, inmediatamente después de la visita que le hizo hace unas semanas para informarle de la voluntad del gobierno de exhumar el cuerpo de Franco, muestran lo inopinado y “amateur” de la estrategia exhumatoria del gobierno.

Al no haber constancia del consentimiento expreso de la Santa Sede para la exhumación, cabe suponer que el Vaticano se acoge a lo convenido con el estado en su día, cuando el lugar de Cuelgamuros fue elevado a la categoría de basílica. Así que el gobierno no puede entrar allí y sacar el cuerpo de Franco, sin atenerse a lo que está previsto en los tratados.

Lo más probable es que la Santa Sede haya dejado esta cuestión al arbitrio y consejo de la conferencia episcopal española, como cabeza de la Iglesia en el ámbito del estado. Pero ni el Vaticano ni la conferencia episcopal son insensibles a las muestras de impaciencia, prisa, empeño, o si se quiere obstinación en sacar el cuerpo de Franco de un lugar donde se puedan poner de manifiesto no sólo su “condición o circunstancia personal o social”, o su ideología, o sus hechos, sino también la “condición o circunstancia personal” de sus admiradores e, incluso, de cuantos lo consideraron el Caudillo que ganó lo que ellos llamaban “la guerra de Liberación”, que como se recordará, ateniéndose a estrictas exigencias históricas, fue para muchos eso, una Guerra de Liberación, al par que para otros fue una guerra de subyugación. Para cerrar esa brecha entre el corazón y la memoria de unos españoles y otros es por lo que se hizo la ley de amnistía, que puso fin a la legitimación del régimen sobre la sola base de una victoria militar.

Muchos observadores han llamado la atención sobre el hecho de que la pugna del gobierno con la Iglesia para privar a Franco del reposo de su cuerpo en lugar sagrado coincide con una reactivación de la campaña gubernativa para someter los bienes inmuebles de los que la Iglesia se declara propietaria, a las necesidades fiscales del gobierno. Es el caso conocido como ‘de las inmatriculaciones’, cuestión de la que la Iglesia puede salir financieramente menoscabada.

La sospecha de que el ‘Caudillo’ pueda ser otra vez motivo de discordia si su cuerpo fuese acogido en la cripta familiar de los Franco en la catedral de la Almudena, es el novísimo argumento de Sánchez para hacerle la vida imposible a su cadáver. El gobierno anda desolado por tan hipotética posibilidad, como muestran sus reiterados anuncios de que por ley impedirá que la figura de Franco, como si éste poseyese poderes extraterrestres, cree en torno a sus cenizas un lugar de culto para cualquier exaltación de su figura, tan ligada a la catastrófica derrota de las izquierdas en la guerra civil.

Pero aquí surge otro obstáculo a los deseos del gobierno, empeñado en impedir por ley exprés que los miembros de la familia Franco ejerzan su derecho a yacer juntos, pues para ello han adquirido de la Iglesia un título legal, como parece el caso. Y aquí la Iglesia está tan ligada al contrato con los Franco, como el gobierno con la Iglesia.

Pero la Constitución vuelve a iluminar el asunto bajo esta última perspectiva. Su art. 18 establece en el punto 1 que “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Se supone, pues, que la familia Franco tiene derecho a proteger su “propia imagen” y la de su ‘patriarca’, por más que esto disguste al gobierno.

Pero el gobierno no ceja en querer hallar un clavo al que agarrarse. Quizás se lo sirva el párrafo 1 del art. 16 CE, que dice: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. En esas está, y como ya ha anunciado, convertirá un problema irreprimiblemente ideológico en uno de orden público. Como hacía Franco cuando las cosas parecían írseles de la mano.

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