Ni decisión salomónica ni un cambio radical en quién tiene que asumir el pago del impuesto por los Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas que se formalizan. Desde luego, los clientes no se benefician de la decisión adoptada por el pleno del Tribunal Supremo después de varias semanas de incertidumbre. Pero tampoco sacarán tajada determinados despachos de abogados.
En cambio, tanto el sector bancario y como la propia Hacienda Pública pueden tomar algo de aire. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había cifrado horas antes de la decisión del Supremo de un impacto de unos 5.000 millones de euros en el caso de que el carácter retroactivo se limitara a los últimos cuatro años, los fijados por los criterios fiscales.
Los bancos, desde sus patronales, preparan alguna comunicación al respecto, después de que sus principales ejecutivos hayan defendido en los últimos días que no tenía razón alguna la retroactividad en el pago de dicho impuesto, ya que las propias entidades no ingresaban en sus arcas el dinero conseguido.
En cambio, ya se han manifestado algunas organizaciones de consumidores en contra de la decisión tan ajustada que se ha tomado por parte del TS. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya pide la dimisión del presidente de la Sala tercera del Tribunal Supremo, Luis Díaz Picazo, por una sentencia que considera "bochonorsa".
Desde luego, las reacciones se han encadenado, tanto por parte de unos como de otros después de las sesiones maratonianas que se han vivido entre el lunes y el martes por parte de una veintena larga de jueces del Tribunal Supremo.
Las diferencias entre todos ellos se refleja en la votación final. 15 votos a favor de que se mantenga el pago por parte del cliente, por 13 en contra. Desde los bancos se ha esgrimido durante los últimos días la necesidad de preservar la seguridad jurídica y que se evitara la quiebra de un mercado hipotecario que ha funcionado.
De haberse cargado al final el pago en la banca, las condiciones contractuales de las hipotecas se habrían encarecido, en igual manera, para los firmantes del crédito hipotecario. Así lo habían manifestado los distintos consejeros delegado de las distintas entidades durante las respectivas presentaciones de los resultados del tercer trimestre.
Clamor político
Tras del deliberación del pleno del Tribunal Supremo, lo más curioso ha sido que las primeras reacciones se han producido más por parte del sector político que por parte de los propios bancos.
Al final, las tres principales patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc) han firmado el tercer comunicado conjunto sobre este polémica del impuesto de las hipotecas, en el que se espera "la sentencia definitiva". Por el momento, las tres organizaciones bancarias consideran que "la decisión adoptada hoy por el Tribunal Supremo preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado".
En opinión de las patronales bancarias, dicha decisión "está en línea con el marco jurídico de los países de nuestro entorno", tal y como ya habían defendido en comunicados anteriores sobre toda esta polémica.