Méndez visitó Colombia, país que se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos preferidos de la inversión española, para participar en el XV Congreso Nacional de Infraestructura, un sector en el que están presentes en el país andino las grandes firmas españolas y buen número de pymes. Méndez destacó allí el compromiso de las empresas españolas con Colombia y el esfuerzo del país para modernizar sus infraestructuras, como el Programa de IV Generación de Concesiones Viales, con una inversión de 13.000 millones.
La declaración de apoyo tiene como objetivo impulsar los trámites del APPRI firmado por ambos países. El anterior, uno de los más antiguos que tenía rubricado Colombia, terminó su vigencia en septiembre de 2017 y España y Colombia negociaron y concluyeron a mitad de este año un nuevo documento, más “moderno y equilibrado”, para reemplazarlo. El texto solo está pendiente de ser avalado por Bruselas (lo que se espera en breve), para que se proceda a su firma por los Gobiernos y a su aprobación en las instancias legislativas.
Fuentes españolas y colombianas señalan que el nuevo APPRI contribuirá a mejorar la seguridad jurídica y que incluye novedades clave como cumplir con los 11 puntos que la Unctad requiere para juzgar un documento de estas características como equilibrado y efectivo. Además, aclara que no cualquier regulación que afecte a un inversor puede dar pie a que se demande al Estado; cuenta con mayores exigencias en materia probatoria y de valoración de daños, prevé medidas para hacer más transparente la financiación de terceros y especifica cuáles son las definiciones de inversión y de inversión protegida.
Restrepo indicó que con este APPRI se evitarán “episodios lamentables como el que afronta Colombia por la demanda de inversión presentada por la brasileña Odebrecht alegando protección al amparo del APPRI con España”. Odebrecht pretende lograr de Bogotá una indemnización de 1.312 millones por supuestos incumplimientos del Estado que dañaron sus intereses alegando protección al amparo del pacto con España. El nuevo texto explica quién puede demandar a Colombia como inversor español y quién hacerlo a España como inversor colombiano. El APPRI en vigor señala que cualquier inversor español podrá hacer uso del tratado y demandar. El nuevo, para evitar abusos, aclara que para ser considerado inversor español se debe tener una presencia significativa y un volumen de negocios consistente en el país anfitrión.
Para Méndez, el nuevo APPRI, “supondrá un marco jurídico propicio para la protección de inversiones en ambos países y los hará más atractivos para la inversión”. La secretaria de Estado se felicitó en Colombia por el éxito de la mayoría de las 700 firmas españolas que operan allí en todos los sectores, si bien lamentó los problemas de Electricaribe (intervenida en 2016 a Naturgy) y la polémica sobre Sacyr por el viaducto de Hisgaura. Méndez, que alabó la seguridad y la estabilidad jurídica del país, dijo que el “diálogo con el Gobierno colombiano es fundamental para intentar esclarecer las dudas que surjan” en proyectos inversores. “España quiere apostar y apoyar, con instrumentos financieros y políticas de promoción los proyectos que Bogotá plantee”, dijo.
España es uno de los mayores inversores en Colombia. En el primer semestre de este año, España invirtió más de 400 millones de dólares, en Colombia sólo por detrás de EEUU. En 2017, y en IED, España llegó a adelantar a EEUU con 2.615 millones de dólares, un 78% más que en 2016. Méndez destacó el rol que desempeñan las empresas en Latam, donde España es el segundo inversor mundial y el primero europeo, con un stock de 120.600 millones de euros y generando 800.000 puestos de trabajo.
Empresas españolas han participado en planes como la torre de control del aeropuerto El Dorado (Bogotá); el puente Pumarejo en Barranquilla y obras del plan IV Generación de concesiones viales. En Colombia están afincadas firmas de todos los sectores, desde Telefónica a Repsol pasando por NH y Meliá, ACS, OHL, Sacyr o Ferrovial... Además de en infraestructuras, donde la construcción de la Línea 1 el metro de Bogotá (4.400 millones de euros) genera expectación, el país presenta oportunidades en turismo, energía y servicios.