Los ajustes rea­li­zados en ta­maño y per­sonal y la obra ex­te­rior no re­suelven todo

Moncloa ignora el 'pacto de estado' que las constructoras reclaman en infraestructuras

El sector re­clama in­ver­siones pú­blicas mi­llo­na­rias para salir del ma­rasmo de in­gresos

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Seopan.

El ne­gocio cons­tructor en España sigue en es­tado ca­ta­tó­nico y el Gobierno lo sabe pero hace oidos sor­dos. La re­cu­pe­ra­ción par­cial de la crisis llegó, pero los nú­meros están lejos de los de hace ya una dé­cada. De ahí que mu­chas em­presas plan­teen su di­ver­si­fi­ca­ción y su huida el ex­te­rior. Sin em­bargo, en te­rri­torio es­pañol aún hay mucho por hacer y por eso las pa­tro­nales del sector re­clamen que se re­lance aún más la obra pú­blica en aras de que se me­joren las in­fra­es­truc­tu­ras. Algo que be­ne­fi­ciaría a las prin­ci­pales em­pre­sas.

Las constructoras no viven al margen de las oportunidades que ofrece el escenario actual. Más allá de lo que cosechan en los mercados emergentes, en el ámbito español aún pueden ensanchar sus ingresos y márgenes. Sobre todo, si se atiende a las peticiones últimas de la patronal, Seopan, y también de Fidex (Foro para la Ingeniería de Excelencia), que solicitan que con urgencia se desarrollen hasta 800 obras de manera prioritaria.

Las dos instituciones piden, principalmente, un pacto de estado en infraestructuras. Para hacer todo este tipo de construcciones se necesitaría un desembolso de unos 103.000 millones de euros a lo largo de los cuatro próximos años. Un auténtico balón de oxígeno para muchas de las constructoras que han visto como en España han reducido su capacidad operativa.

Además, los dos organismos explican que esos proyectos supondrían un retorno fiscal para las arcas del estado de unos 51.999 millones de euros. Es decir, hasta 79.000 millones de euros de actividad inducidas. Y no solo eso, sino que las compañías del ladrillo se verían obligadas a contratar personal, lo cual daría posibilidades de que se crearan alrededor del millón de empleos.

Fuentes del sector constructor argumentan que la obra para el desarrollo de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes es un punto favorable para “la mayoría de las compañía”, ya que les puede suponer una “importante inyección”. Sobre todo, firmas como Sacyr, Acciona, Ferrovial o ACS, podrían salir fortalecidas si se alcanzara un “acuerdo así”.

Mención aparte, señalan estas mismas fuentes, merecería OHL que está asolada por una nueva rebaja de rating de su deuda y con bastantes problemas de solvencia en el largo plazo, pese a la llegada del nuevo equipo directivo. Por eso, tendría muy difícil de optar “según por qué proyectos”. Especialmente los que suman “contratos más amplios, de una magnitud mayor”, explican.

Así las cosas, en relación a los beneficios de las actuaciones, sobre todo en infraestructuras de transporte, tal y como sostenía Julián Núñez, presidente de Seopan, si se considera un plazo de operación de 30 años, en autovías se cuantificaría en 147.000 horas diarias de ahorro, con un “beneficio social de 27.500 millones de euros; en ferrocarril convencional se induciría un beneficio social de 27.300 millones de euros en ahorro de tiempo, reducción de costes de operación y de ahorros ambientales, y en ferrocarril de alta velocidad el beneficio ascendería a 8.500 millones de euros”.

Aguas y residuos

En relación al déficit en infraestructuras de agua, las dos patronales recordaban que Europa ya multó a España con 12 millones de euros por incumplir la Directiva sobre depuración de aguas residuales urbanas, sanción que se vería aumentada cada semestre en 11 millones adicionales mientras España no se ponga al día.

El nuevo Plan Nacional de Depuración tiene la previsión de invertir 18.000 millones de euros en tres años y cumplir dicha meta tiene el requerimiento de que la inversión anual que hay en la actualidad se multiplique hasta por seis. De aquí las constructoras también podrían conseguir un buen pellizco.

Asimismo, en cuento el tratamiento y valorización energética de residuos representa otro déficit inversor para los dos organismos que el estado debería solucionar. De aquí se podrían sumar 6.500 millones de euros para las arcas de las compañías.

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