Monitor diario

La mi­nistra Teresa Ribera, dis­puesta a un con­senso con las com­pañías y el CSN

Endesa e Iberdrola, condenadas a entenderse en el cierre de las nucleares compartidas

Las dos eléc­tricas ne­go­cian al­ter­na­tivas sobre Almaraz para pre­sentar al Gobierno

Energía nuclear
Energía nuclear

Endesa e Iberdrola están con­de­nadas a en­ten­derse en la po­lí­tica que harán en ma­teria nu­clear con el Gobierno de Pedro Sánchez. Ambas tienen pro­puestas di­fe­rentes sobre el cierre de las cen­trales nu­cleares pero coin­ciden en que ten­drán que llegar a un acuerdo. Las dos eléc­tricas están tra­ba­jando ya en cómo abordar el fu­turo de Almaraz, la pri­mera ins­ta­la­ción ató­mica en cum­plir los 40 años de vida.

Las dos eléctricas negocian diferentes alternativas para la central extremeña. La primera quiere diez años más de explotación mientras que la segunda podría acceder a ampliar otros cinco años siempre que se reduzca la fiscalidad que se aplica a la central. Desde Endesa, se considera que las inversiones serán las mismas para un periodo de diez años que para un plazo cinco por lo que apuesta por alargar la vida de Almaraz hasta los 50 años.

El Ejecutivo socialista se ha propuesto no alargar los plazos de generación eléctrica de las centrales más allá de los 40 años que tienen autorización, aunque es consciente de que será realmente complicado llegar a 2030 con todo el parque nuclear enterrado. El propio secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha reconocido que será muy difícil alcanzar esa fecha con los siete reactores clausurados. “Nos va a llevar probablemente más allá de 2030, pero no llegaremos a 2040”, ha reconocido.

De respetarse el calendario de cierre de los siete reactores en explotación, será prácticamente imposible asumir dichas fechas debido a las necesidades energéticas del país. Amparándose en esta premisa, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha lanzado un mensaje al Gobierno pidiéndole “calma” e “inteligencia” en el proyecto de transición energética, ya que, según ha señalado, es “inviable” tener un sistema energético 100% renovable de un día para otro.

El proceso de cierre del parque nuclear arrancaría en 2021 con la clausura de Almaraz y, según marca el reglamento, en el plazo de siete años -hasta 2028- habría que clausurar otras seis centrales, con lo que dejarían de contabilizarse unos 7.000 megavatios de potencia instalada en el sistema, lo que obligaría a echar mano de otras energías alternativas como las renovables, algo para lo que el futuro parque de energías verdes puede no estar capacitado para entonces.

Almaraz, la primera central en cerrarse

La primera instalación que cumplirá los 40 años es la central extremeña de Almaraz, cuyos titulares son Iberdrola, Endesa y Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa). La autorización para la puesta en marcha data de 1980 y entró en operación comercial en 1983. En junio de 2020, le correspondería renovar su autorización, pero el PSOE prefiere que se cierre definitivamente.

Después de Almaraz, la siguiente central en cerrarse será Ascó I, propiedad de Endesa y con antigüedad de 1982; Almaraz II (1983, de Iberdrola, Endesa y Naturgy); Cofrentes (1984, Iberdrola); Ascó II (1985, Endesa e Iberdrola); Vandellós II (1987, Endesa e Iberdrola) y Trillo (1987, de Iberdrola, Naturgy, EDP y Nuclenor).

En el Ministerio para la Transición Ecológica, son conscientes de esta situación y ya se empiezan a lanzar ciertos mensajes de calma. El secretario de Estado de Energía habla de un proceso “escalonado” y siempre con cierto grado de consenso con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y las compañías titulares de las instalaciones. “Las centrales tienen una fecha de diseño de 40 años, pero hay que hacerlo compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tenemos en España. Debemos hacerlo también de la mano del CSN y de acuerdo con las compañías”, ha declarado.

Domínguez ha reconocido que hacerlo de una manera segura y ordenada “llevará lustros”. De hecho, todavía no hay un calendario marcado y lo único que ha quedado claro es la disposición del Gobierno socialista de cerrar todo el parque nuclear. La decisión que se adopte formará parte del Plan Integrado de Energía y Clima en el que el Ministerio trabaja.

El problema del cierre no sólo es la energía que dejan de aportar al sistema y que tendrá que ser cubierto con energías renovables, la cuestión a resolver es el coste de su clausura, unos 6.000 millones de euros, problema que el actual Gobierno deberá aclarar quién de las partes tiene que pagar el desmantelamiento de esas instalaciones.

Moncloa impone la ruta a seguir

Fuentes consultadas por Capitalmadrid han reconocido que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se están haciendo las cosas con bastante criterio pero los problemas pueden venir desde Moncloa donde el presidente Pedro Sánchez está siendo bastante más duro que la ministra Teresa Ribera, una persona que por ahora cae bastante bien al sector.

Entre Endesa, Iberdrola y Naturgy, las posturas y las estrategias son dispares en cuanto al cierre de las nucleares. La primera siempre se ha declarado partidaria de ampliar el periodo de vida útil otros 10 años, acometiendo las inversiones que sean precisas. Todo lo contrario de lo que piensan Iberdrola y Naturgy, que se oponen a alargar el tiempo de 40 años. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, sostiene que, mientras no se baje la fiscalidad, la compañía no invertirá un euro en las nucleares en las que participa.

En la presentación de los resultados del tercer trimestre, volvió a recordar que, tanto el parque nuclear como el hidroeléctrico de la compañía, están en pérdidas. En concreto, ha explicado que el beneficio neto del negocio nuclear en 2017 fue de 101 millones de euros negativos, continuando la tendencia de años anteriores y el negocio hidroeléctrico se situó en -18 millones de euros.

Según el alto directivo de Iberdrola, estos números negativos se deben, fundamentalmente, a la carga impositiva que deben soportar estos activos. Entre 2013 y 2018, las nucleares de la eléctrica pagaron 753 millones y la hidroeléctrica otros 747 millones de euros, lo que hace un total de 1.500 millones de euros en impuestos, algo que Galán califica de “desproporcionado”.

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