Estas tres sentencias, todas con el mismo demandante (la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas) y por la misma causa, alimentan la jurisprudencia que atribuye a la entidad bancaria, y no al hipotecado, la obligación de pagar el AJD. Y aún hay pendientes otros cinco litigios con idénticos protagonistas, que prometen echar aún más leña al fuego en un asunto que la pasada semana ocupó las portadas de la gran mayoría de medios.
Pero, sin duda, la decisión que más comprometerá al Supremo es la que deberá tomar el próximo día 5, en la que el Pleno del TS se pronunciará de forma definitiva sobre si es la banca la que debe hacerse cargo de este controvertido tributo. El Alto Tribunal tendrá que dirimir un dilema en el que el pragmatismo económico, como se ha visto en los antecedentes del caso, tendrá un enorme peso.
La bolsa hace retroceder a la Justicia
El pasado jueves 18 de octubre, el Supremo dictaba una sentencia histórica en la lucha consumerista que se reveló nociva para los balances de las entidades financieras. Según el fallo, cuya senda han seguido las dos sentencias antes mencionadas, son los bancos, y no los clientes, los que tienen que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava la constitución de las hipotecas.
El conocimiento de la decisión judicial causó un auténtico tsunami en los mercados financieros que puso a los bancos, incluidos los más grandes e influyentes, contra las cuerdas. Las cotizaciones en bolsa del sector financiero se hundieron hasta casi el 7%, lo que despertó un pánico generalizado en los parqués, dadas las profundas conexiones de la banca con otros segmentos del sistema productivo.
Con los ríos de pólvora recorriendo los mercados, el TS decidió tomar medidas para apaciguar la debacle, obviando la independencia judicial: dejó la sentencia recién emitida en suspenso y difirió al 5 de noviembre la decisión definitiva sobre si aplicarla o no, pronunciamiento que realizará el Pleno del Tribunal.
Los resultados bursátiles de los grandes bancos, casi inmediatamente, rebotaron, permitiendo al sector recuperar parte de lo perdido.
Las dos nuevas sentencias dictadas por el órgano dan una pista sobre cual podría ser la conclusión de la 'guerra de las hipotecas', que tiene a 15 millones de afectados, según los expertos, pendientes del Supremo.