Monitor diario

El Gobierno cam­biará el ac­tual mo­delo de ta­rifas para evitar nuevos cie­rres de em­presas

Tarifas eléctricas industriales: Sánchez se enfrenta a un potencial estallido social

Vestas, Alcoa y Cemex han en­cen­dido la mecha de una pro­testa del sector in­dus­trial

Alcoa
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El cierre por parte de Alcoa de las plantas de Avilés y A Coruña ha abierto la caja de pan­dora en el mo­delo de ta­rifas eléc­tricas que se aplica a las grandes in­dus­trias con­su­mi­do­ras. El Gobierno de Pedro Sánchez se plantea mo­di­ficar la fór­mula ante el fra­caso del sis­tema al no lo­grar los fines para los que está di­señada: fa­vo­recer la com­pe­ti­ti­vidad de las mismas y evitar que al­gunas in­dus­trias se mar­chen.

La situación amenaza con saltar por los aires por la presión que empieza a surgir con otros colectivos. El cementero y el sector de la gran distribución se quejan igualmente de la fórmula de precios que se les aplica. La mexicana Cemex ha anunciado el posible cierre de dos de sus plantas y la patronal de la distribución Anged advierte de que la factura tensiona los márgenes de las empresas y absorbe la mitad de los beneficios. El fabricante de molinillos Vestas, Alcoa y Cemex han encendido la mecha de lo que puede ser una nueva revolución social.

La multinacional estadounidense ha recibido en los últimos 10 años unos 1.000 millones de euros y ahora amenaza con poner en la calle a 700 trabajadores. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo ha dejado bien claro con las acusaciones que ha lanzado contra la multinacional estadounidense: “es una excusa y una cortina de humo que Alcoa alegue el alto precio de la electricidad para decidir el cierre de sus fábricas de Avilés y A Coruña”. “Igual, ahora es necesario ralentizar el proceso de las subastas de interrumpibilidad y replantearse el sistema”, ha manifestado.

Según ha trascendido, la compañía es la gran beneficiada de estas ayudas habiendo recibido por este concepto unos 90 millones de euros el ejercicio pasado, equivalente al 30% de las subvenciones que se adjudican por el mecanismo de las subastas. Por eso, Ribera ha amenazado con rediseñar el modelo de subastas de interrumpibilidad si Alcoa cierra las dos fábricas.

Un problema estructural y no de tarifas

Fuentes de Alcoa, aseguran que el cierre de A Coruña y Avilés no se debe especialmente al precio de la electricidad sino a la antigüedad de las mismas y al problema estructural que arrastran. Estas dos fábricas son bastante más pequeñas que la de San Ciprián con un sistema de producción diferente. Su reconversión no sería tampoco factible, ya que sería igual que convertir un coche diésel en uno de gasolina y sería imposible por lo elevado de su coste.

Estas mismas fuentes subrayan que hace ocho años, se invirtieron en estas dos fábricas 100 millones de euros por lo que el grupo Alcoa no está dispuesto a invertir más dinero en dos plantas consideradas obsoletas y bastante pequeñas, si se comparan con las fábricas que se están abriendo en China, el país que está obligando a reestructurar todas las plantas del resto del mundo para poder competir.

La situación de la fábrica de San Ciprián es muy diferente a las instalaciones de Avilés y A Coruña. La tecnología que emplea es mucho más moderna y tiene unos ahorros asociados que las otras dos no aportan. La dirección ha anunciado que la previsión es que pierdan este año unos 74 millones de euros y que el año pasado las dos plantas registraron también unas pérdidas de 26 millones.

Por esa razón, insisten a Capitalmadrid que el motivo del cierre no es por el coste eléctrico sino por los problemas estructurales que presentan estas dos plantas. Estas mismas fuentes subrayan que el coste de la luz representa entre el 35% y el 40% de los gastos de producción, por lo que está industria necesita unas condiciones favorables para poder sobrevivir.

La punta del iceberg

Al margen de la situación de Alcoa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está viendo cómo el modelo actual de tarifas que se aplica a las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, hace aguas por todas partes. Lo de Alcoa ha sido la punta del iceberg de lo mal que funcionan el sistema. Toda la industria se ha levantado en armas y denuncia que la factura eléctrica que se les aplica afecta gravemente a los resultados de las empresas.

El estallido social que puede generarse por el anuncio de cierre de las dos fábricas de aluminio ha obligado a reaccionar al Ejecutivo y a replantearse el modelo. La cementera mexicana Cemex ha anunciado también la reestructuración de su actividad en España que afectaría a dos de sus plantas y la apertura de un expediente de regulación de empleo.

En este caso, la empresa se basa especialmente en la grave situación por la que atraviesa el sector debido a la falta de obra pública y a las nuevas medidas medioambientales por los derechos de emisión que se aplicarán a partir de 2020.

Precisamente, la patronal cementera Oficemen culpa de su situación al sistema de tarifas. Según el presidente de la patronal, Jesús Ortiz, el coste medio anual eléctrico previsto para este año será un 20% más caro que en 2017 y el precio de contratación en el mercado eléctrico será un 28% más elevado, por ejemplo, que el que soportan los competidores alemanes. Ortiz denuncia además que los derechos de emisión se han multiplicado por tres desde enero, alcanzando casi los 25 euros por tonelada.

Esta situación no está permitiendo a las empresas españolas ser competitivas respecto a las europeas por lo que Cemex se estaría planteando cerrar dos plantas. “Lo que se ha recuperado en el mercado doméstico en estos dos años, se está perdiendo en el exterior, con una producción que permanece estancada en los 20 millones de toneladas desde 2013, una cifra que supone la mitad de la capacidad instalada de nuestras fábricas. Se mantiene, por tanto, la incertidumbre y la preocupación para nuestra industria”, advierte Ortiz.

La gran industria de distribución ha alertado igualmente de que la subida de la factura eléctrica daña gravemente los resultados de las compañías del sector. La patronal Anged ha advertido de que la subida de la luz absorbe la mitad del beneficio. Por tanto, Sánchez y su equipo de Gobierno tienen un problema serio que acometer. Vestas, Alcoa y Cemex han encendido la mecha social.

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