El ro­cam­bo­lesco epi­sodio del Supremo con­firma la sos­pecha de dis­pa­ridad ju­di­cial

Las puñetas judiciales hipotecan el negocio de los bancos

Las pro­vi­siones por mora ya se tras­ladan a con­tin­gencia le­ga­les, como en Bankinter

María Dolores Dancausa
María Dolores Dancausa, Bankinter.

La se­mana pre­vista para el inicio de la ronda de pre­sen­ta­ciones de los re­sul­tados del tercer tri­mestre de la banca, que se am­pliará hasta vís­peras del puente de no­viem­bre, llega con el punto de mira puesto en el Tribunal Supremo y la de­ci­sión de­fi­ni­tiva sobre el pago del im­puesto por la cons­ti­tu­ción de una hi­po­teca. La in­cer­ti­dumbre im­pe­dirá cálculos exactos sobre el vo­lumen de pro­vi­siones para gastos ju­di­cia­les, como ya hi­ciera Bankinter al cierre del primer se­mestre por las hi­po­tecas mul­ti­di­vi­sas.

Más que en los bancos, los banqueros ya se acostumbran a estar más en los banquillos de la Justicia española por diversos productos comercializados y la creciente presencia de despechos de abogados y consumidores que han encontrado todo un filón en los distintos judiciales abiertos para la mayoría del sector bancario.

La confusión que en tan sólo 24 horas ha provocado el Tribunal Supremo con quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) ha acrecentado aún más la sensación de "la diversidad de criterio en la justicia española", como se lamentaba a finales de julio la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, durante la presentación de los resultados del primer semestre.

Precisamente, Bankinter había incrementado sus provisiones al cierre de junio en un 18,3% respecto al mismo periodo de 2017. De los algo más de 116 millones de euros provisionados, unos 22 millones se justificaban por "las contingencias legales derivadas de las hipotecas multidivisas", las más complejas en los tribunales para el banco presidido por Pedro Guerrero.

Fuentes bancarias consultadas consideran que es muy prematuro y poco oportuno el coste que puede suponer en provisiones por el cambio o no del criterio del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. "No queda claro si tendrá carácter retroactivo o se mantendrá el criterio por el que todo el sector se ha guiado durante los últimos años", apunta una de esas fuentes consultadas que pide el anonimato.

Impacto limitado

Sea cual sea la decisión final del Tribunal Supremo, la impresión inicial y generalizada en el sector bancario es que el impacto en sus beneficios será limitado, salvo que la retroactividad se establezca para un largo periodo temporal.

No obstante, en algunas entidades lamentan que sus equipos no puedan centrarse en el negocio principal y que todos los esfuerzos tengan que centrarse en diversos imperativos. "Entre las exigencias crecientes de capital y más regulación sobre el sector, la necesaria transformación tecnológica y la aparición de nuevos competidores [fintech], se une el frente judicial por diversos motivos", lamentan fuentes consultadas.

Al mismo tiempo, algunos bancos se consideran más que acosados por la proliferación de algunos despechos de abogados especializados en reclamaciones bancarias que, en su opinión, azuzan a sus clientes para denunciar diversos productos o prácticas de sus respectivas entidades.

Hace unos años, Bankia trató de zanjar ese problema con la decisión del equipo de José Ignacio Goirigolzarri de devolver lo cobrado de más por las cláusulas suelo incluidas en determinadas hipotecas comercializadas. Al menos, el grupo en manos del Estado se evitó con esa decisión los gastos derivados de los contenciosos judiciales abiertos, pero no las críticas de algunos competidores, como el presidente del BBVA Francisco González, por tomar esa decisión "con dinero público" en su capital. Las tres principales patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc) ya lamentaron en su comunicado conjunto la falta de "seguridad jurídica" tras la primera decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, paralizada por la sala de los Penal a la espera del pronunciamiento del pleno de dicha instancia judicial.

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