DESDE EL PARQUET

La demonización de los paraísos fiscales

Cada cierto tiempo salta un es­cán­dalo sobre las so­cie­dades in­ter­puestas en el ex­te­rior con el fin de evadir im­pues­tos. Y aunque no se trata de de­fender a na­die, lo cierto es que en la so­ciedad se ha ex­ten­dido una total ani­mad­ver­sión hacia los pa­raísos fis­cales o ju­ris­dic­ciones offs­hore que a veces re­sulta in­justa.

Fruto de la crisis de 2008, en el mundo occidental se ha abierto un proceso de creciente intervención estatal sobre la economía, aumentando la regulación y cercenando en muchos casos la libertad financiera. Eso ha provocado un paso más hacia la armonización fiscal global con una cada vez mayor presión de la carga impositiva. Al tiempo se ha difundido entre los ciudadanos una visión moralista sobre la necesidad de pagar impuestos.

Esto último tiene una parte positiva, pues si todo el mundo es consciente de la importancia de contribuir al erario público, la evasión fiscal será cada vez menor y la carga a repartir más igualitaria. Sin embargo, también está generando aspectos negativos como los falsos estigmas en torno a las jurisdicciones “offshore”, especialmente preocupantes en el ámbito jurídico y político.

Conviene por ello desmitificar algunos conceptos en contra de los denominados paraísos fiscales porque no son tan malos como parecen.

Uno de los mitos más extendidos en la sociedad es que sirven para ocultar dinero. Aunque algunas actividades ilícitas los hayan utilizado de forma espuria, no supone que todo el dinero en estas sociedades sea necesariamente opaco. Tras realizar la declaración pertinente de salida de dinero de un país, cualquier persona puede utilizar las sociedades en el extranjero para obtener unas garantías jurídicas que los países de residencia no son capaces de ofrecer. Quienes recurren a estos paraísos fiscales buscan en muchas ocasiones una mayor igualdad ante la ley y previsibilidad a largo plazo.

La evasión de impuestos, o mejor dicho la elusión de impuestos como insisten en señalar los expertos, depende de la legislación y de la capacidad de cada país de controlar la actividad de sus ciudadanos y no de la mala fe de los denominados paraísos fiscales. Países que además están demostrando sus esfuerzos por poner barreras para prevenir la mala utilización de sus instrumentos.

En los últimos tiempos, pese a todo, se ha extendido la creencia de que los paraísos fiscales son absolutamente ilegales y deben ser combatidos por la legislación internacional. Nada más lejos de la realidad. Estos países que buscan atraer el dinero con la garantía de pagar menos impuestos han creado un sistema global de colaboración para identificar al dueño legal y al beneficiario último de una determinada entidad, más allá de los datos que figuran en la documentación aportada.

De hecho, cuando surgen los casos de lavado de dinero negro es porque las entidades offshore han hecho la labor de investigar, descubrir y denunciar a quienes delinquen. Algo para lo cual las entidades onshore están demostrando ser incapaces e ineficientes.

Es más, los expertos recuerdan que estos regímenes fiscales neutros, impuestos bajos o nulos, ofrecen un notable contrapeso, con una sana competencia, para evitar los impulsos de una excesiva voracidad fiscal por parte de ciertos gobiernos a la hora de gestionar el erario público.

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