El re­corte de di­vi­dendos que se plantea no afecta de­ma­siado a la co­ti­za­ción

El mercado espera con calma el alcance de la ampliación de Rovi

El efecto im­por­tante lo tendrá la di­lu­ción por la emi­sión de hasta un 10% de ac­ciones nuevas

Rovi
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El con­sejo de Laboratorios Rovi de­ci­dirá en este cuarto tri­mestre de 2018 la cuantía final de una am­plia­ción de ca­pital (la pri­mera de su his­to­ria) anun­ciada el pa­sado día 24 de sep­tiem­bre. La com­pañía, que habló tam­bién de la po­si­bi­lidad de “ajustar o in­cluso sus­pen­der” el re­parto de di­vi­den­dos, no ha su­frido de­ma­siado en Bolsa. Tras una caída ini­cial, ha vuelto a re­cu­perar sus ni­veles an­te­rio­res. Primero, porque la ren­ta­bi­lidad de su di­vi­dendo es muy pe­queña ahora. Y se­gundo, porque todo de­pen­derá de cuántas ac­ciones nuevas emita y a qué pre­cio.

En su comunicado a la CNMV, la farmacéutica dominada por la familia López-Belmonte señala el límite de la ampliación en 80 millones de euros. A los precios actuales de cotización, y suponiendo incluso que no aplicase ningún descuento, Rovi tendría que emitir 5 millones de acciones nuevas para recaudar esos 80 millones de euros.

Eso supondría poner en circulación un 10% más de títulos, lo que provocaría automáticamente una dilución del algo más del 9%, que sería justo lo que bajaría teóricamente el valor de cada acción en Bolsa.

Sin embargo, todo dependerá de cuál sea finalmente la cantidad que la compañía quiera recaudar de verdad y del precio que ponga a las acciones nuevas para animar a los inversores institucionales a acudir a la ampliación, que no respetará el derecho preferente de los actuales accionistas. Si al final opta por aplicar algún descuento para asegurarse el éxito de la operación, la cantidad de acciones a emitir será mayor y la dilución también aumentará. Pero de momento reina la tranquilidad a la espera de acontecimientos.

Otra aparente paradoja es que el anuncio de la posibilidad de recortar o suspender el dividendo tampoco ha provocado una caída de la cotización. Fuentes del mercado consultadas por Capitalmadrid señalan que el primer recorte ya se ha producido, dado que el pasado 5 de julio, con cargo a los resultados de 2017, la compañía repartió 12 céntimos por acción, que es la cifra más pequeña desde que salió a Bolsa en 2007, y que ha dejado la rentabilidad por dividendo de los últimos doce meses que acaban en septiembre por debajo del 0,8%.

Los dueños actuales

Además de todo esto, hay que tener en cuenta que el 92,53% del capital de la farmacéutica está ya en manos de inversores institucionales, lo que deja para los minoritarios un exiguo 7,47% de las acciones y ese porcentaje se verá aún más reducido después de la ampliación. El principal accionista actual es la familia López-Belmonte, que a través de la sociedad Norbel Inversiones S.L. controla el 69,64% del capital.

Dentro de esta sociedad limitada, el padre de familia, Juan López-Belmonte López, tiene el 20% de la propiedad. Y sus tres hijos, Juan, Iván y Javier, tienen un 26,67% cada uno. El padre de familia es el presidente de Rovi. El hijo mayor (Juan) es el consejero delegado y los otros dos (Iván y Javier) ostentan los cargos de vicrepresidente 1º y 2º, respectivamente.

El resto de inversores institucionales presentes en el capital de Rovi son cuatro fondos de inversión y la sociedad propietaria de la marca de ropa de niños Mayoral. Esta última, denominada Indumenta Pueri, tiene el 5% de la farmacéutica. En cuanto a los fondos, Alantra Asset Managment tiene un 5,02%, J.O.Hambro ostenta el 5,469%, QMCII Iberian Capital Fund tiene un 4,4% y cierra la lista T.Rowe Price Associates con un 3,005%. En principio, ninguno de todos estos accionistas, incluida la familia López-Belmonte, podrá acudir a la ampliación, ya que no tienen derecho preferente de adquisición de las nuevas acciones.

Las razones

Pero, ¿por qué hace Rovi todo esto? Por dos motivos. El primero, cuyas consecuencias son aún impredecibles en el corto plazo, es la pérdida de la patente de su principio activo estrella, la bemiparina, que la farmacéutica comercializa bajo el nombre comercial de Hibor, y que supone el 49% de las ventas de la compañía en el segmento de medicamentos con prescripción médica y el 33% de las ventas totales.

Se suma, además, que el 71% de las ventas totales de Rovi se centran en España, donde las farmacéuticas están obligadas por ley a descontar una parte del precio de los medicamentos que prescriben los médicos de la sanidad pública. Es descuento es mayor si el medicamento pierde la licencia.

En el caso de Rovi, todos los medicamentos que distribuye este año, salvo dos de un peso relativo escaso, tienen patente en vigor. Por ello, el descuento que se dejó en 2017 en la Sanidad Pública fue de 14,7 millones, equivalentes al 8% del valor de los medicamentos prescritos. En los seis primeros meses de 2018 el descuento asciende a 8,1 millones, equivalentes al 7,6% del total.

Cuando en 2019 el laboratorio pierda la patente de la bemiparina, el descuento aplicable a las ventas de este medicamento ascenderá al 15% frente al 7,5% al que le obliga ahora el Ministerio de Sanidad. Y eso, en una primera aproximación rápida puede generar una pérdida de ingresos de más de 5 millones anuales.

De hecho, el propio laboratorio señala en uno de los párrafos contenidos en un largo documento de 83 páginas (en inglés) remitido a la CNMV, que “La expiración de la patente principal para bemiparina y la posible entrada de nuevos competidores, como genéricos y biosimilares, o una reducción en el precio asociado con la pérdida de la protección por patente, cada uno de ellos podría conducir a una disminución en nuestras ventas de bemiparina y podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, condición financiera y resultados de las operaciones”.

Inversiones

Junto a esto, Rovi está inmerso en la actualidad en el desarrollo y puesta en circulación de un sistema de administración de medicamentos denominado ISM, que libera lentamente los principios activos administrados a los pacientes mediante una inyección. Esa tecnología, que en principio le garantizará una patente hasta 2033, se aplicará ya a un medicamento para la esquizofrenia denominado Doria, que está ya en fase clínica III.

El desarrollo de la tecnología ISM y el lanzamiento de Doria en 2021 provocan, según la compañía, unas necesidades de financiación de 150 millones de euros en cuatro años. De esta cantidad, 121 millones irán a ISM y los 29 restantes al lanzamiento de Doria.

A 30 de junio último, Rovi tenía una caja disponible de 31,4 millones y una deuda bruta de 38,4 millones. La deuda financiera neta era, por tanto, de 7 millones de euros, frente a los 1,1 millones que tenía a 31 de diciembre pasado. Esto le da una buena capacidad de endeudamiento, pero debe tener cierta cautela, ya que a lo largo de 2019 le vencen 17,3 millones de deuda, a los que hay que sumar los 9,5 millones que vencen en el segundo semestre de 2018. Eso sí, esos vencimientos dejarían la deuda a finales de 2019 en 11,7 millones, que menos de un tercio de la actual.

Con todos estos elementos en la mano, el consejo de Rovi tiene que decidir qué parte de sus necesidades financieras de los próximos cuatro años va a cubrir con deuda, cuál puede financiar con su propia caja y a cuanto debe ascender finalmente la ampliación de capital que, cuando se anuncie oficialmente, habrá que ver qué incidencia tiene en la cotización.

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