Monitor de Infraestructuras

El Gobierno se re­siste a aprobar la ope­ra­ción y ceder las au­to­pistas a la em­presa ita­liana

La CNMV pretende esquivar la 'patata caliente' en las OPAs sobre Abertis

Deberá pro­nun­ciarse al re­que­ri­miento pre­sen­tado por los mi­nis­te­rios de Fomento y Energía

Abertis
Abertis

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de­berá pro­nun­ciarse en esta se­mana sobre el re­que­ri­miento que el Ejecutivo envió el pa­sado 7 de di­ciembre al or­ga­nismo re­gu­lador sobre la OPA lan­zada por Atlantia sobre Abertis. Los mi­nis­te­rios de Fomento y Energía pu­sieron en en­tre­dicho el visto bueno que en su mo­mento emitió la CNMV dando luz verde a la ope­ra­ción.

El ente que preside Sebastián Albella tendrá que dejar claro si está de acuerdo con las posturas que han mantenido los organismos ministeriales sobre la oferta pública de acciones lanzada en su día por la italiana Atlantia y por la que han requerido a la italiana solicitara autorización previa al Gobierno. Tal exigencia fue cumplida por la empresa después de muchos tiros y aflojas por parte de los italianos, una vez también se hubiera producido la luz verde a dicha OPA por parte de la CNMV.

En este intervalo de tiempo, se produjo la OPA de Hochtief -la filial alemana de la constructora ACS-, lo que acabó por complicar aún más la situación entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la propia CNMV. Precisamente, el último Consejo de Ministros de 2017 autorizó la OPA de Hochtief sin ninguna salvedad, pero a la que le falta recibir ahora la autorización de la CNMV a la oferta que valora la empresa de autopistas catalana en 18.600 millones de euros.

El Ejecutivo ha aprobado la operación de la empresa alemana basándose en que, tanto ACS como Hochtief, cumplen el requisito de haber explotado vías de pago en concesión al menos durante un periodo mínimo de cinco años. Una circunstancia que puede jugar en contra de la empresa italiana.

El regulador se encuentra ante una grave tesitura: o plegarse sin más a los planteamientos que hacen Fomento y Energía aceptándolos sin rechistar; o dejar claro que no está de acuerdo con las posturas del titular de Fomento, Íñigo de la Serna, y de Energía, Álvaro Nadal. En cualquiera de los dos casos, la postura que la CNMV mantenga será controvertida.

La CNMV, entre dos frentes

Pese a que Atlantia ha claudicado y ha pedido el permiso requerido al Ejecutivo, los dos ministerios han mantenido el requerimiento de anulación del visto bueno de la CNMV. Esta circunstancia hace más complicada la postura de la Comisión.

Ante tal circunstancia, Sebastián Albella y su equipo van a tener que hilar muy fino para demostrar si hay o no independencia entre la CNMV y el propio Ejecutivo ante situaciones de esta índole. Al igual que sucede con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), existe independencia relativa pues no dejan de ser organismos cuyos miembros están puestos por el Ejecutivo de turno y la oposición política.

La CNMV consideró en su momento que la documentación aportada por Atlantia era correcta, con lo que aceptaba el precio de 16,50 euros ofertado por los italianos para hacerse con el control de Abertis. Fue entonces cuando el Gobierno se echó encima y dijo, a través de Fomento y de Energía, que la operación debía contar también con el permiso del Ejecutivo y para lo cual, previamente, Atlantia tenía que pedir autorización. De no ser así, los dos departamentos ministeriales instaban a la CNMV a que suspendiera la OPA lanzada por la italiana.

Aunque desde algunos frentes jurídicos se estimaba que la posición del Ejecutivo español era difícilmente sostenible, a la italiana Atlantia no le ha quedado más remedio que pedir autorización para seguir adelante con la pelea por hacerse con la empresa española. Fuentes del Gobierno no han entendido nunca el enrocamiento que ha mostrado la empresa italiana a solicitar el visto bueno cuando en otras ocasiones sí lo ha hecho a países como Brasil, Estados Unidos, Argentina y Chile. Estas mismas fuentes consideraban además que Hochtief había pedido sin rechistar la citada autorización.

El dilema de la titularidad pública

Por esa razón, y por el hecho de que Abertis gestiona autopistas que son de titularidad pública y que la empresa opada controla además la filial Hispasat, considerada como una empresa que opera en un sector estratégico como los satélites, “es bastante obvio que Atlantia haya debido pedir permiso al Gobierno español”, señalan fuentes gubernamentales.

Además, tanto el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, como el de Energía, Álvaro Nadal, habían dejado claro que la italiana debía solicitar autorización. Desde ambos organismos, se había advertido por carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de tal obligatoriedad antes de que el citado organismo regulador autorizase la OPA. De la Serna ha manifestado que las autopistas que explota Abertis, donde es primer operador con un total de 1.650 kilómetros de vía, el 60% de la red de pago las tiene a través de contratos de concesión con el Estado y, por tanto, es quien debe autorizar la transmisión.

Estas mismas fuentes consultadas por Capitalmadrid admiten incluso que puede haber existido dejación de funciones por parte de la institución que preside Sebastián Albella al no tener en cuenta el aspecto de que Abertis es operador de unas autopistas cuyos contratos son concesión del Estado y, por consiguiente, es quien debe autorizar la transmisión. Máxime también cuando se había solicitado un informe a la Abogacía del Estado. En este mismo sentido, se considera que el ente regulador bursátil debería haber esperado al pronunciamiento del organismo jurídico.

El informe que ha emitido la Abogacía del Estado señala que, aunque no es completamente seguro, resulta “razonable” el criterio de Fomento que es necesaria la autorización del Estado para gestionar las autopistas de peaje de titularidad pública. Además, afirma que debe exigirse a Atltantia la autorización que establece el acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio de 1997 por el que se otorgó a Hispasat -empresa controlada por Abertis-, la concesión del servicio de gestión del área espacial atribuido al Estado español.

Las reticencias que el Ejecutivo español presenta al proyecto tienen otras piedras en el camino que dificultan la operación de Atlantia. El control que Abertis tiene sobre la compañía de satélites Hispasat -posee un 90,74% del capital y otro 9,2% está en manos de la Sepi y del CDTI- es un elemento añadido más al problema. Además, está la filial Cellnex donde Abertis manda con un 34%, lo que le obligaría a vender dicho paquete o realizar una OPA.

Estos dos puntos que al principio eran muy importantes han quedado ya en segundo plano y parece que no presentarían problemas. El primero, porque hay negociaciones para que Red Eléctrica compre Hispasat. Y el segundo, porque, tanto Atlantia como ACS, han admitido que estarían dispuestas a salir de Cellnex.

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