OPINIÓN

Venezuela: las cosas pueden ir aún peor en 2018

En 2017 hubo seis alzas del sa­lario mí­nimo. Este año co­menzó con otra

NIcolás Maduro, presidente de Venezuela
NIcolás Maduro, presidente de Venezuela

Según el an­te­rior pre­si­dente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, el go­bierno del pre­si­dente Maduro envió dos mi­nis­tros a los Estados Unidos, “a ha­blar con la Exxon Mobil para ofrecer arre­glos, volver a la Faja Petrolífera, in­cluso ex­plotar de con­junto las áreas li­mí­trofes del país usur­padas de facto por ellos”. Según Ramírez, los dos emi­sa­rios de Maduro no fueron re­ci­bidos por el pre­si­dente de la mul­ti­na­cio­nal.

También asegura Ramírez que el régimen de Maduro hizo contribuciones a la campaña presidencial de Trump con la esperanza de congraciarse con él. Y ahora estaría concediendo explotaciones petrolíferas a familiares de opositores, con el fin de comprar voluntades entre éstos.

Por su parte, el régimen acusa a Ramírez de administración desleal y otros delitos.

Si aquellas revelaciones se confirmasen, mostrarían el grado de descrédito y pérdida de confianza que el régimen bolivariano del presidente Nicolás Maduro provoca en el exterior, en unos momentos en que el país se precipita hacia una inflación desbocada, al aumento de las medidas represivas y al desabastecimiento masivo de los productos esenciales.

El aislamiento del régimen respecto de Europa y Latinoamérica es creciente. Últimamente se ha producido la expulsión de varios embajadores europeos, con las consiguientes medidas de retorsión por parte de sus países.

Los presidentes de Francia y Argentina lanzaron en París, el pasado viernes, severas descalificaciones del actual gobierno. Macron pidió a la Unión Europea incrementar el régimen de sanciones contra el régimen, y el argentino Macri anunció que su gobierno no reconocería el resultado de la elección presidencial que Maduro se dispone a poner en marcha, y que debe celebrarse antes del 30 de abril. La opositora Mesa de Unidad Democrática ha sido excluida de la carrera electoral.

Venezuela ha sido en la práctica expulsada de Mercosur, y la Organización de Estados Americanos (OEA) estuvo a punto de condenar oficialmente al régimen en 2017. No es, sin embargo, por la vía del aislamiento diplomático por lo que el régimen corre más peligro. Las predicciones sobre la economía no pueden ser más amenazantes.

El gobierno de Caracas no puede siquiera pagar la impresión de las ingentes cantidades de billetes necesarios para mantener el bolívar al paso de su devaluación, lo que ha producido un recurso creciente de la población al trueque de mercancías, sobre todo alimentos. La inflación del 2017 se estima en 2.700%, y el déficit presupuestario se sitúa en el 20%.

El FMI estima que este año la inflación puede alcanzar 4.500%. El 1 de enero el gobierno anunció el nuevo salario mínimo: 248.510 bolívares, una subida del 40% respecto del anterior. Éste se verá reforzado por bonos de alimentación. La insolvencia del régimen salarial queda patente en el hecho de que el salario mínimo fue aumentado seis veces en 2017.

En esas condiciones, las estimaciones más moderadas prevén una grave crisis del régimen. El gobierno se ve impedido de salirle al paso por su incapacidad para reformar el sistema de reparto de los recursos económicos, puestos en sus manos por las exportaciones de petróleo y unas industrias y empresas comerciales nacionalizadas, y que son el pasto que alimenta un gigantesco sistema clientelar para satisfacer a los adictos al régimen, entre los que se cuentan el inmenso aparato gubernamental y partidario, las fuerzas armadas, así como los Círculos de Lucha Popular, los Comités Locales de Alimentación y Producción, y las Unidades de Batalla Hugo Chávez, que es lo más aproximado a una milicia armada de partido.

El petróleo apenas da ya de sí. Su producción fue de 1.900.000 b/d, poco más de la mitad de los mejores años; esto es, en los últimos noventa. PDVSA se halla hoy bajo la presidencia de un general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, lo que indica el grado de desconfianza del gobierno respecto de una institución que ha sufrido continuos saqueos por parte de los favoritos del régimen, mientras su equipamiento se quedaba anticuado.

Esa decisión es por sí misma ambivalente: puede indicar el deseo de introducir control y disciplina en la administración de PDVSA, o bien es un método de ‘reforzar’ la lealtad de las fuerzas armadas al extender a ellas lo que siempre fue para el partido: una fuente de favoritismo y corrupción.

Por otra parte, se espera que en este año se produzca una cadena de impagos a acreedores, que aislará más aún al régimen respecto de los mercados financieros.

Las conversaciones entre la oposición y el gobierno, llevadas intermitentemente a lo largo de 2017, están prácticamente agotadas, lo que puede indicar que el gobierno no tiene fe en ellas porque ve a la oposición como una fuerza debilitada y dividida, a la que no tiene por qué hacer concesiones.

La crisis sociopolítica que caracterizó al 2017 se agravará en este año con una elección presidencial, reputada como inconstitucional por la mayoría de gobiernos americanos y europeos, y una economía que cae en picado, mientras el crimen se dispara, las carencias dejan a la mayor parte de la población en el desamparo, y apenas nadie concede créditos al régimen.

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