DESDE EL PARQUET

Urbas, mensaje de tranquilidad

Levantado el se­creto de su­mario del pro­ceso ju­di­cial contra Urbas y que llevó a la CNMV a sus­pender su co­ti­za­ción el pa­sado 13 de sep­tiem­bre, la com­pañía cons­truc­tora ha pun­tua­li­zado al­gunos as­pectos im­por­tan­tes.

El primero de ellos es poner de manifiesto que desde que ha tenido conocimiento de las actuaciones iniciadas, su intención y compromiso no ha sido otro que su máxima colaboración con la justicia, mostrando su plena disponibilidad al esclarecimiento de los hechos.

La investigación del Ministerio Fiscal se centra en la ampliación de capital acordada por la Junta General de Accionistas de Urbas Grupo Financiero en julio de 2015 y en la presunta irracionalidad de las valoraciones. En esa fecha el grupo procedió a una ampliación por un importe total de 384,4 millones de euros por aportación no dineraria del 100% de las participaciones de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

En concreto, según la argumentación del fiscal, “se valoraron los inmuebles de Aldira y las sociedades con las que se amplió su capital previamente a su integración en Urbas en 384 millones, muy por encima de los 133 millones en los que se cifra su importe en el momento de las aportaciones de esos mismos inmuebles a Aldira”.

Al respecto, el consejo de administración pone de relieve que los accionistas tuvieron a su disposición, con carácter previo a la decisión sobre la ampliación, el informe de los administradores de acuerdo con la legislación vigente.

Dicho informe, sobre la valoración de las aportaciones no dinerarias a realizar, fue emitido por el experto independiente designado por el Registro Mercantil de Madrid y debidamente expuestas al público en cumplimiento de la legislación aplicable. Al tiempo, se publicó mediante hecho relevante en la página web de la CNMV con fecha 10 de junio de 2015.

Como consecuencia de todo ello la ampliación de capital quedó inscrita en el Registro Mercantil en fecha 24 de septiembre de 2015.

Ampliación conforme a derecho

Urbas ha manifestado así su disconformidad con el procedimiento iniciado y sus fundamentaciones, teniendo en cuenta al escrupuloso cumplimiento de la normativa en todo el proceso.

La compañía insiste en que la ampliación de capital se llevó a cabo cumpliendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la legislación aplicable, que es la Ley de Sociedades de Capital –hecho corroborado por su inscripción en el Registro Mercantil con fecha 24 de septiembre de 2015–, y su verificación por todos los agentes intervinientes, auditores, expertos independientes, tasadores. Todo lo cual ha sido comunicado oportunamente a través de la página web de la CNMV.

En cuanto al punto más relevante –la diferencia de valoración de los activos entre el valor contable en Aldira y el valor de la aportación a Urbas, mencionada por el fiscal–, el consejo de administración considera que la tasación de los activos está completamente avalada y ratificadas por el informe de valoración de Aldira, realizado por parte de un experto independiente.

El consejo de administración insiste en que las valoraciones utilizadas para la ampliación de capital no dineraria fueron elaboradas por terceros independientes, cumplieron todos los requisitos legales exigidos. Todo ello además corroborado por las actualizaciones y nuevas tasaciones realizadas con posterioridad –como cotizada está obligada a realizarlas anualmente–, sin que se haya observado disminución en el importe global resultante de estas actualizaciones.

Una operación necesaria y beneficiosa

El grupo recuerda además que dicha operación fue tan necesaria como beneficiosa para garantizar su supervivencia pues, de no haberse realizado dicha operación, Urbas habría entrado en causa de disolución con el consiguiente perjuicio para los accionistas.

Tal y como recogía el informe de auditoría de dicho ejercicio, la capacidad del grupo para su continuidad estaba sujeta, fundamentalmente, al éxito de las operaciones societarias en curso que se describían en la memoria consolidada y que no era otra que la operación que está ahora bajo investigación.

El grupo quiere dejar claro también que ningún accionista ha reclamado ningún perjuicio ni ha existido impugnación alguna del acuerdo adoptado en fecha 10 de julio de 2015, ni de ningún otro posterior en vía mercantil, habiendo transcurrido los plazos legales para dicha impugnación.

Pese a todos estos argumentos, que la compañía cree que serán tenidos en cuenta por el Ministerio Fiscal, el consejo de administración está obligado a trabajar pensando en las consecuencias de una supuesta sentencia desfavorable.

Estos efectos podrían implicar, entre otros, la anulación total o parcial de la ampliación de capital no dineraria objeto del procedimiento judicial, aunque no es previsible que ocurra a corto plazo. Con el fin de paliar dicha hipotética anulación, el consejo de administración tiene en estudio la realización de operaciones corporativas para evitar la disminución del patrimonio neto que pudiera llevar a la compañía a causa de disolución.

En cuanto al posible impacto del procedimiento en el órgano de administración, el grupo constructor señala que a fecha actual es imposible hacer una previsión al respecto, ya que en todo caso se derivará de la instrucción que se practique al efecto de determinar sus posibles responsabilidades. En cualquier caso, no se prevé que dichas responsabilidades tengan efecto alguno sobre Urbas.

Por todo ello, el consejo de administración desea reiterar su mensaje de tranquilidad y confianza tanto a sus inversores como a todos los interesados, reiterando que el procedimiento descrito no interfiere en absoluto en el desarrollo de las actividades. Tanto las operaciones actuales como el Plan de Negocio previsto siguen desarrollándose de manera absolutamente normal.

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