ANÁLISIS

El PSOE da por hecho que el Supremo levantará la imputación de Ordóñez

La Comisión de la crisis fi­nan­ciera li­mi­tará las com­pa­re­cen­cias para poder hacer su tra­bajo

Rodrigo Rato
Rodrigo Rato

Diputados so­cia­listas dan por hecho que el Supremo no ad­mi­tirá el re­curso que la Confederación Intersindical del Crédito (CIC) anunció el viernes de las se­mana pa­sada que pre­sen­tará contra la de­ci­sión de la Sala de lo Penal sec­ción 3 ª de la Audiencia Nacional por la que no ha lugar al pro­ce­sa­miento del ex­go­ber­nador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y otros ex­di­rec­tivos de la en­ti­dad.

También quedaron desimputados el expresidente de la CNMV, Julio Segura y el exvicepresidente de la entidad, Fernando Restoy.

Justifican esta convicción en base a otros procedimientos similares, en los que los magistrados del Supremo no han admitido ni siquiera la presentación del recurso. Recuerdan que el caso habría sido visto en dos ocasiones por el tribunal competente, situación a partir de la cual el Supremo tiene por costumbre no entrar a entender sobre el asunto, según fuentes jurídicas. Estas mismas fuentes añaden que además no se trataba de una sentencia, sino sencillamente de un auto decidiendo que no ha lugar al procesamiento de los imputados.

Desde el Partido Popular se concede mucha importancia a lo que suceda con este recurso, en caso de que llegara a plantearse, pues tampoco tienen claro desde sus filas si se puede presentar el recurso. Todo ello pese a que el pasado viernes, nada más conocerse la decisión de la Audiencia Nacional por el presidente del CIC, Gonzalo Postigo, anunció que lo harían.

Para los populares la imputación o no de los máximos exdirectivos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todos ellos nombrados por el Partido Socialista, tendrá una gran influencia en las conclusiones que redacte la Comisión de Investigación de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados.

La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque se refiere al ámbito penal, es claramente exculpatoria. La magistrada María Ángeles Barreiro dice textualmente que “el reproche penal que pudiera hacerse en el presente caso deviene de la creación de una apariencia de solvencia que, indirectamente, hubiera contribuido a que los interesados acudieran a la oferta pública de acciones, ficción en la que no interviene el Banco de España ni los responsables del Organismo a los que ha traído a la presente causa la acusación popular”.

Es decir, que ni el Banco de España ni la CNMV habrían contribuido a crear una imagen de solvencia cuando autorizaron la operación pese a los informes internos que recibieron de sus equipos de inspectores en contra de la viabilidad del proyecto.

Es lo que ha llevado a una de las magistradas de la sala de lo penal Clara Bayarri a expresar su discrepancia con el sentir de los otros dos magistrados y dejar escrito en un voto particular que los exdirectivos deberían ser juzgados.

En su opinión, tras los correos internos y los informes periciales solicitados por el juez instructor, "existen indicios múltiples de criminalidad que permiten inferir que los responsables del Banco de España y de la CNMV avalaron y propiciaron con pleno conocimiento la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a Bolsa de Bankia a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas".

Si se cumple el pronóstico de los socialistas el Supremo no admitirá el recurso de la CIC para que los exdirectivos sean juzgados. Las conclusiones de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y su dictamen no se verán determinadas por esta decisión judicial.

La Comisión ha sido convocada para este miércoles en el Congreso de los Diputados con el objetivo de tratar de consensuar unos objetivos realistas. Ante la dificultad de poder contar las aproximadamente 300 comparecencias que suma el conjunto de solicitudes de los grupos, se va a plantear a la presidencia de la comisión que primero se fije un número límite de compareciente en el entorno de 50 0 60 personas.

Si se admitiera este límite, en un segundo momento se trataría de fijar el número de personalidades que podrá citar cada grupo parlamentario en base a su número de diputados. El inconveniente se centra en que si se aceptara esta elección proporcional, algunos partidos, como es el caso de ERC, solo podría citar a 3 o 4 comparecientes, cuando su listado es muy superior. Por otra parte, IU-Podemos que podrá citar a 6 u 8 comparecientes ha presentado una lista de 150.

Llegado este momento los miembros de la Comisión de Investigación tendrán que preguntarse si quieren que su trabajo y su dictamen estén listos para finales del año que viene. Ya no quedará mucho tiempo para plantar iniciativas legislativas, pero si no ponen un límite a sus legítimas pretensiones, se habrá acabado la legislatura y seguiremos sin tener muy claro lo que pasó con la crisis de las cajas. Bueno, algo ya sabemos.

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