Una de ellas es la falta de desarrollo normativo de la ventana de liquidez que se estableció en la Ley 26/2014 de reforma fiscal y que entró en vigor en 2015. En ese momento se fijó la posibilidad de rescate para las aportaciones a planes de pensiones de más de 10 años de antigüedad (la primera ventana se abriría en 2025); frente a la situación anterior en la que solo se podían rescatar los planes en el caso de jubilación y en supuestos especiales como desempleo de larga duración, enfermedad grave, dependencia y riesgo de desahucio. Los años pasaron pero esa ausencia de desarrollo normativo impidió que la ventana pudiera usarse. Hasta ahora. El Gobierno ha movido ficha, pero no como el sector esperaba.
En un principio, allá por 2015, la industria acogió la medida con alborozo, ya que la posibilidad de abrir una ventana de liquidez a los 10 años suponía un estupendo gancho comercial para atraer hacia estos productos al público más joven y, en principio, menos dado a pensar en el largo plazo; de hecho, solo el 1,4% de los partícipes en planes tiene entre 26 y 30 años. Además, esa posibilidad de rescate podía ayudar a vender estos productos a los que el contexto de bajos tipos de interés les ha restado bastante atractivo.
Rentabilidades positivas
En 2016, y gracias al comportamiento de los mercados financieros, los planes de pensiones cerraron con rentabilidades positivas; pero el resultado tampoco fue como para tirar cohetes. La rentabilidad media anual neta de comisiones y gastos para el conjunto de los planes fue de poco más del 2%, tan solo algo superior a la inflación registrada en el mismo periodo (1,6% en diciembre).
Durante todo este tiempo desde que se instrumentó la ventana de liquidez las entidades comercializadoras de planes de pensiones no han podido usarla como argumento de venta. Eran muchas las cosas que faltaban por saber. Una de ellas, el importe del que los partícipes podrían disponer a través de la mencionada ventana. Se había hablado de poner un límite de 10.000 euros (hay que tener en cuenta que el límite de las aportaciones a estos productos es de 8.000 euros), pero no había nada decidido.
Ahora parece que la cosa está más clara, pero no para bien. El documento que se ha puesto a consulta pública no pone límite a los rescates. Esto significa que lo que en un principio era una ventaja para atraer ahorro se ha convertido en una amenaza. El no poner límites podría traducirse en una huída masiva de esos productos, más si tenemos en cuenta las mencionadas escasas rentabilidades que están ofreciendo.
No obstante, al mismo tiempo, y para hacer más atractivo este instrumento de ahorro a largo plazo, el Real Decreto que prepara el Gobierno rebaja las comisiones máximas de gestión del 1,5% al 1,25%, y la de depositaría del 0,25% al 0,2%. ¿Logrará su objetivo? Hay un antecedente poco halagüeño. En 2014 se modificó el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones y ya se redujeron esos topes desde el 2% al 1,5% en el caso de la comisiones de gestión, y del 0,5% al 0,25% en el de las de depósito, cambios que entraron en vigor en octubre de ese año.
Ese ejercicio acabó con unas aportaciones netas a planes de pensiones de 863 millones, al siguiente de 512 millones y a finales de 2016 fueron 244 millones, lo que significa que el ahorro neto que ha entrado en estos productos se ha ido reduciendo desde entonces. Habrá que ver, además, lo que opina el sector de una rebaja de las comisiones que, en principio, favorece al inversor, pero siempre y cuando no afecte a la calidad de la gestión, según apuntan desde la industria.
Veremos si el panorama se anima con estos cambios. En 2016, el peso de los planes de pensiones sobre el ahorro financiero de las familias era solo del 5,8% frente al 42,3% de los depósitos. El número de cuentas de partícipes se mantuvo por debajo de los 10 millones (9.927.289), según los datos de Inverco, con un ligero descenso del 0,4%. Más significativo aún es el dato de la cuantía de las aportaciones realizadas: el 67,45% de los partícipes no destinó ni un céntimo de euro en 2016 a engordar su plan, según las cifras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
En cualquier caso, estos cambios parecen insuficientes para animar el ahorro privado a largo plazo como complemento de la pensión pública, y estarían muy lejos de satisfacer las pretensiones de la industria aseguradora, que tiene mucho que decir en este ámbito. El patrimonio de los planes de pensiones gestionados por las aseguradoras ascendía a finales del año pasado a 40.752 millones de euros, lo que supone casi el 40% del total; y el número de partícipes superó los 3,5 millones, el 36% del total.
Entre las demandas del sector asegurador en este ámbito del ahorro destacan varias reiteradas cada vez que se tiene ocasión, como que el Ministerio de Empleo cumpla de una vez su compromiso de mandar la información sobre la pensión esperada a los mayores de 50 años o fomentar los planes de pensiones de empleo, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas.
Con estas medidas se pretende estimular ese ahorro a largo plazo del que se oirá mucho hablar de aquí a diciembre: en breve ya entramos en la campaña de final de año de las pensiones y otros productos similares. De nuevo se conocerán encuestas que recordarán lo poco que ahorran los españoles de cara a su jubilación, una planificación que, según coinciden todos los expertos, es necesaria sea cual sea el objetivo que se tenga en este ámbito, objetivos que son de lo más variopintos.
Según la encuesta anual elaborada por Legg Mason (Global Investment Survey 2017), la mayoría de los Millennials (18-35 años) aspira a jubilarse de forma anticipada, la Generación-X (36-52 años) lo que pretende es disfrutar de unas rentas lo más elevadas posibles, y los Baby Boomers (53-71 años) se proponen gastar todo el dinero antes de morir.