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Puigdemont bascula hacia la negociación

Máxima ten­sión po­lí­tica ante el plan de re­fe­réndum para el día 1 de oc­tubre

uigdemont y Forcadell en la Diada.
Puigdemont y Forcadell en la Diada.

La ten­sión entre los po­deres del Estado (Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado y Gobierno) con el go­vern de la Generalitat de Catalunya, va in­cre­men­tán­dose a me­dida que pasan los días hacia el do­mingo 1 de oc­tubre de 2017, fecha para la que el pre­si­dente Mariano Rajoy man­tiene que no habrá re­fe­réndum y el pre­si­dent Carles Puigdemont que afirma que “la gente podrá ir a votar li­bre­mente y de­cidir lo que quie­re”.

Entretanto, toda la maquinaria del Estado está en marcha. Desde la Fiscalía que ordena a los Mossos d´Esquadra – en calidad de policía judicial – que impidan cualquier paso hacia el referéndum, o consulta; desde incautación de urnas y papeles, hasta cierre de eventuales colegios electorales.

A ello suman la obligación de ir a declarar a los alcaldes que apoyan la cita con las urnas, más de 700 entre 940, pero con ausencia de casi todos los alcaldes socialistas y, sobre todo, la duda de si Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, permitirá, o tolerará, la consulta en la capital de Cataluña. Sin olvidar el cierre, por unas horas, de la pagina web oficial de la Generalitat para el referéndum, abierta media hora después a través de otro servidor.

“Me siento sereno y determinado. El Govern ya estaba preparado para vivir una situación así y nos sentimos fuertes para responder al encargo de la ciudadanía de Catalunya”, dijo Puigdemont en una entrevista a TV3 –medio que también ha recibido la citación judicial prohibiendo, por ejemplo, difundir publicidad para el referéndum– añadiendo que “este es un proceso que empieza con la gente y que culminara con ellos, nosotros tenemos un encargo. Estamos haciendo aquello que generaciones y generaciones de catalanes han querido hacer”.

Para Carles Puigdemont todo responde a una estrategia del “miedo”, porque, según él, “En el Estado español, organizar un referéndum no es delito. No está penado por el Código Penal. Que todo el mundo esté tranquilo, lo que hace el Estado es la maniobra del miedo”. Incluso minimizó la eventual aplicación del artículo 155, de intervención del Govern de la Generalitat, que se podría aplicar en cinco días. “Pueden hacer muchas cosas, pero el 1-O votaremos”, zanjó Puigdemont.

Tienen previsto arrancar la campaña para el referéndum, el viernes día 15 de septiembre, en Tarragona – donde el alcalde socialista ya ha dicho que no facilitará la consulta – y el inicio de envío a las personas que deberían ir a los colegios electorales. Dicen contar con un censo – probablemente el que los ayuntamientos envían mensualmente a la Generalitat con altas y bajas en el empadronamiento – así como papeletas y urnas.

Serían los colegios públicos, dependientes de la Generalitat y donde habitualmente se vota, los que acogerían a quienes vayan a votar. Excepto si los Mossos cumplen las ordenes de la Fiscalía de retirar papeletas y urnas.

La presión en los próximos días recaerá sobre los alcaldes. Deberán ir a declarar y, de negarse, serán detenidos por los Mossos d´Esquadra. Se enfrentan a delitos de desobediencia, penalizado con multa; prevaricación, que comporta inhabilitación, y malversación de fondos públicos, con penas de cárcel de hasta ocho años.

¿Hay margen para un diálogo? Para el presidente Mariano Rajoy sí, siempre y cuando no se celebre el referéndum. Para el president Carles Puigdemont, también: “hasta el último minuto”, siempre y cuando se acceda a dialogar para un referéndum pactado. Hoy por hoy la cuadratura del círculo y con todo tipo de escenarios abiertos antes del día 1 de octubre…hasta que llegue el lunes día 2 y, de alguna manera, se abran nuevas alternativas políticas.

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