ANÁLISIS

Los abogados creen que hay tiempo hasta septiembre para reclamar por el Popular

Al tra­tarse de la pri­mera ac­tua­ción la Junta Única de Resolución (JUR), los des­pa­chos dis­crepan de las normas a aplicar y del tri­bunal al que acudir

Banco Popular
Banco Popular

La ma­yoría de los bu­fetes de abo­gados es­pañoles que están ca­na­li­zando las de­mandas de los ac­cio­nistas del Banco Popular contra la de­ci­sión de re­solver la en­tidad y en­tre­gár­sela al Banco Santander por un euro, coin­ciden en que los ac­cio­nistas y te­ne­dores de deuda to­davía tienen tiempo para re­cla­mar.

Las diferencias de interpretación de los plazos con las instituciones comunitarias serán una constante en el proceso que se prevé complejo.

Pero el plazo para reclamar podría ampliarse como mínimo hasta el 1º de septiembre. Otros bufetes alargan la posibilidad hasta finales de ese mismo mes, añadiendo que podrían adherirse reclamaciones y reclamantes a lo largo de todo el procedimiento, incorporándolos como documentación adjunta.

Esta última posibilidad podría conllevar algún problema de procedimiento por lo que fuentes jurídicas consultadas recomiendan a quien tenga previsto reclamar tratar de no hacerlo más allá del mes de septiembre.

Va a haber muchas diferencias de interpretación y discrepancias a partir de ahora, aunque ya las ha habido en el proceso previo a la presentación de las reclamaciones en defensa de accionistas y tenedores de deuda.

La primera discrepancia importante ya se produjo a mediados de julio cuando el panel de apelación de la Junta Única de Resolución inadmitió cinco recursos por no haber apelado al reglamento del Mecanismo Único de Resolución, lo que negaron los responsables de los recursos.

También sorprendió a los juristas españoles que la directora del Consejo de la Junta Única de Resolución, Ewa Kilma, justificara la no entrega de todos los documentos que se habían manejado por las autoridades comunitarias para adoptar la resolución del Popular porque nadie había pedido que se hicieran públicos.

La señora Kilma debe vivir en otro mundo. En España ha habido un verdadero clamor social por conocer los informes de Deloitte que supuestamente han servido de justificación para que el Banco Central Europeo diera por inviable al Popular y se activara el procedimiento de resolución.

No ha habido partido político que participa en la Comisión de Investigación de la crisis financiera y de la Intervención del Banco Popular constituida en el Congreso de los Diputados que no haya reclamado esos papeles. Si nos atenemos a las comparecencias de los distintos portavoces tras la constitución de la misma, todos pidieron públicamente el documento Deloitte. Y dan por hecho que el documento llegará. Incluso aseguran tenerlo ya.

No podrá ser de otra forma, pues los despachos de abogados de las distintas agrupaciones de accionistas que han reclamado, ya sea al Tribunal General de la Unión Europea (órgano integrante del TJUE conocida anteriormente como tribunal de primera instancia, que es como funciona) o directamente al propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han solicitado este documento.

En el caso del despacho de Bernardo Cremades y Asociados reclaman además las comparecencias para su interrogatorio en el proceso judicial de varios funcionarios europeos y españoles. La primera de ellas a Elke König, la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) a quien se considera el desencadenante de la crisis del Banco Popular.

Como se recordará, el 31 de mayo, Elke König, en unas declaraciones a Reuters -hoy consideradas inexplicables e inoportunas- admitió que se estaba siguiendo la situación del Popular “con particular atención con vistas a una posible intervención” si los intentos de fusión “eran infructuosos”.

Cremades también ha solicitado las comparecencias del ministro de Economía, Luis de Guindos; de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; y del gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

Mientras llega el proceso legal este martes, la Comisión Europea ha comunicado que la compra del Popular por el Banco Santander no plantea problemas de competencia en el Espacio Económico Europeo.

Según el comunicado oficial emitido por el Ejecutivo comunitario, las cuotas de mercado que suman ambas entidades están por debajo del 25 %, seguirá habiendo competidores fuertes en todos los mercados afectados que Bruselas sitúa tanto en España como en Portugal en los ámbitos nacionales como autonómicos de ambos países.

La Comisión actúa con diligencia, pero en el ámbito de la Justicia los plazos son más lentos.

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