En seguridad nadie discute la labor del cuerpo de la policía catalana de Mossos d´Esquadra. Reciben aplausos y elogios, incluidos los medios de comunicación internacionales. Es un cuerpo con unos 17.000 efectivos que en lógica cooperación con Guardia Civil, Policía Nacional, CNI y policías locales vela por la seguridad en Cataluña, de acuerdo con las reglas fijadas en el Estatut d´Autonomía. Sin embargo, existieron tensiones por no haber reunido la Junta Mixta de Seguridad, durante ocho años, que finalmente se celebró el pasado mes de julio.
También criticas, desde la Generalitat, por las trabas en convocar 500 nuevas plazas –para suplir bajas, jubilaciones e incrementar el cuerpo policial – vetado por el gobierno central, aduciendo restricciones presupuestarias. Ahora, tras la reunión del pasado mes de julio, antes de los atentados, el vicepresidente Oriol Junqueras, reclama 688 millones de euros que, de haber celebrado anualmente las Juntas Mixtas de Seguridad, el gobierno debería haber abonado a la policía autonómica.
Por otra parte, la Generalitat viene reclamando desde hace años la participación de los Mossos en la Europol, donde los países de la Unión Europea coordinan sus acciones. Un punto que ha abierto el interrogante de si existe un servicio de inteligencia dependiente de la Generalitat de Catalunya, al estilo de un CNI, sobre el que hay dudas sobre su posible interrelación oficiosa con servicios secretos internacionales, incluidos la CIA o el Mossad, teniendo en cuenta que Cataluña, desgraciadamente, está en el ojo del huracán del terrorismo yihadista.
“Son una policía de primera división, equiparable a cualquier policía del mundo” dijo Joaquim Forn, conceller de Interior, felicitándose por la rapidez y efectividad – cuatro días – en neutralizar esta célula terrorista. Opinión no del todo compartida por Guardia Civil y Policía Nacional, cuyos sindicatos se han considerados “marginados de forma dolosa en la investigación”. Sobre todo en el caso la vivienda de Alcanar, donde almacenaban explosivos y más de cien botellas de butano, al no haber dejado participar a los Tedax, unidad especializada en explosivos.
Y ahí entramos en el capítulo de la politización, que no será el único, ya que en opinión de los sindicatos policiales, la debilidad política estatal ha facilitado a la Generalitat “transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un Estado catalán ‘autosuficiente’, instrumentalizando para ello sin ningún tipo de reparo la seguridad pública, asumiendo por ende los errores y consecuencias que de esta praxis pudieran derivarse”, cita el comunicado. La polémica está servida cara al calendario pro independentista del referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre y las medidas que espera aplicar el gobierno para impedirlo.
Por último, en lo económico, la alcaldesa Ada Colau reunió a representantes del sector turístico, anunciado futuras medidas para que el sector no se vea afectado. Entretanto, La Rambla continúa vibrando –pasaban a diario unas 200.000 personas, muchos de ellos integrantes de los 9 millones de turistas que recibe Barcelona, la tercera ciudad en el ranking europeo de turismo –, sobre todo por las miles de muestras de solidaridad ciudadana, casi tapizándola con flores y velas, en memoria de aquellas trece personas que allí perdieron la vida víctimas de un atentado terrorista que no debería tener consecuencias en la vida política, pero que difícilmente se podrán evitar ante el calendario que se avecina.