El BCE ex­culpa a las au­to­ri­dades eu­ro­peas con su ver­sión acu­sa­toria contra los ges­tores

La oleada judicial contra la intervención del Popular supera al culebrón de verano

Los afec­tados aún tienen hasta sep­tiembre para re­cu­rrir ante la Audiencia Nacional

Emilio Saracho
Emilio Saracho

Dos meses y medio des­pués de la 'resolución' del Popular y su venta al Santander por un euro, el cu­le­brón de re­cursos ju­di­ciales no se ha ago­tado. Los afec­tados por esta de­ci­sión aún tienen un plazo hasta el 7 de sep­tiembre para poder em­prender ac­ciones le­gales ante la Audiencia Nacional. Mientras, el Banco Central Europeo (BCE) re­chaza cual­quier res­pon­sa­bi­lidad al cargar contra la cú­pula del banco in­ter­ve­nido, como los cau­santes de la crí­tica si­tua­ción que im­pedía su via­bi­lidad en so­li­ta­rio.

La nocturna resolución o intervención del Banco Popular entre el 6 y el 7 de junio estaba llamada a ser algo más que el típico culebrón de verano. Incluso, las numerosas incógnitas de todo el proceso abren la vía a que aparezcan más de algún libro con las claves que llevaron a la eliminación de un banco casi centenario.

Si el plazo para recurrir a los tribunales europeos ya se ha cerrado, con un margen adicional de diez días respecto a los dos meses exactos que se habían cumplido de la intervención, los miles de accionistas y bonistas del Popular aún disponen hasta el próximo 7 de septiembre para interponer las demandas que consideren oportunas ante la Audiencia Nacional.

Esta prórroga se justifica por el hecho de que el mes de agosto se considera un periodo inhábil en materia judicial en España. Pese a todo este aluvión de demandas judiciales, el Santander de Ana Botín ha procedido a continuar con todo el proceso de integración del Popular, como el reciente acuerdo con Blackstone para desaguar los activos inmobiliarios tóxicos de los balances del Popular.

Ese ha sido el primer objetivo del Santander desde la polémica adquisición que se cerró en la madrugada del 7 de junio. La operación con Blackstone recuerda mucho al proyecto denominado Sunrise que ya barajó el expresidente del Popular, Ángel Ron, antes de ser descabalgado de la cúpula del banco.

Su sucesor, Emilio Saracho, el ejecutivo elegido por algunos de los principales accionistas del Popular, como el mexicano Antonio del Valle, y algunos de sus consejeros más significativos, caso de Reyes Calderón, aparcó ese proyecto de venta de los activos inmobiliarios.

Para Saracho, el último presidente de un Popular independiente, la solución para la entidad pasaba por una nueva ampliación de capital o la venta a un tercero. La segunda vía es la que se produjo, pero muy lejos de lo que algunos accionistas esperaban para no perder toda la inversión realizada.

Balones fuera

Todos los acontecimientos vividos en los últimos doce meses en la cúpula del Popular, con la lucha por el poder o el acercamiento a otros competidores (como BBVA o Sabadell) para ser adquirida la entidad, son algunos de los argumentos esgrimidos por el Banco Central Europeo (BCE) para defenderse de cualquier responsabilidad de la primera intervención de un banco bajo el nuevo régimen supervisor vigente con la puesta en marcha de la Unión Bancaria.

El BCE de Mario Draghi también expone en su versión sobre lo acontecido con el Popular la inviabilidad del banco ante un "agotamiento significativo de sus depósitos". El último consejero delegado de la entidad, Ignacio Sánchez-Asiaín, ya justificó la fuga de depósitos por la rebaja del rating por parte de algunas firmas, lo que provocó la retirada casi masiva de algunas administraciones públicas.

Eso sí, el BCE mantiene bajo secreto el polémico informe de Deloitte (el mismo auditor que verificó las cuentas de Bankia para su salida a bolsa en julio de 2011) en su alegato defensivo ante las demandas judiciales que los perjudicados por la intervención del Popular puedan presentar.

La polémica resolución del Popular y las explicaciones parciales que se han vertido en estos meses respecto a su adjudicación al Santander tan sólo incrementan la ya enrevesada maraña de intereses bajo el que se ejecutó la pionera intervención bajo el nuevo orden de la Unión Bancaria Europea.

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