Aparca viejos fan­tasmas pa­sados como los an­ti­guos ac­cio­nistas de Banesto

Santander logra esquivar hasta ahora el popurrí de litigios por el Popular

Las iras de los ac­cio­nistas van más contra BCE, au­di­tora, Guindos, BdE y los an­ti­guos ges­tores

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Emilio Saracho, a la fuga.

La pre­si­denta del Santander ha que­dado al margen de la oleada de de­mandas ju­di­ciales por la in­ter­ven­ción y subasta por un euro del Popular. Ana Botín evita una pre­sión tan dura como la que su­frió su padre por an­ti­guos ac­cio­nistas de Banesto, con Rafael Pérez Escolar a la ca­beza. La do­cena de des­pa­chos de abo­gados se cen­tran más en los an­ti­guos ges­tores del banco y en las au­to­ri­da­des, tanto eu­ro­peas (BCE, sobre todo) como na­cio­na­les, Luis de Guindos, au­di­toras y Banco de España..

Las circunstancias son muy diferentes entre la adjudicación de Banesto al Santander presidido por Emilio Botín y la subasta express por la que su hija, Ana Botín, se ha quedado el Banco Popular. Eso sí, el punto en común es la polémica por cómo se ha producido la intervención y la aleada de reclamaciones judiciales.

La presidenta del Santander parece haber quedado en un segundo plano en medio de las más diversas judiciales que se plantean tanto los accionistas minoritarios como aquellos de referencia, que incluso pueden estar en el punto de mira de algunos otros litigios, como sería el magnate mexicano Antonio del Valle.

Distintas fuentes consultadas coinciden en que las demandas que algunos minoritarios puedan interponer en los próximos días contra el Santander o su presidenta tienen poca posibilidad de prosperar ante los Tribunales. "No han dejado de ser el banco que asumió la primera resolución europea de una entidad en dificultades", sostienen.

Eso sí, el propio Santander reconocía el riesgo de demandas judiciales en la comunicación oficial de su ampliación de capital en curso para afrontar la integración del Popular. La coincidencia entre el sector financiero y algunas fuentes jurídicas sobre la responsabilidad del primer banco español en todo este caso, sin embargo, resta temores en los cuarteles generales de Boadilla del Monte (Madrid).

Incluso, algunas de dichas fuentes, que prefieren mantener el anonimato, descartan que Ana Botín vaya a sufrir el calvario que soportó su padre junta tras junta con las intervenciones del exconsejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, y algunos de los abogados cercanos a este singular personaje fallecido en septiembre de 2007.

"Resulta difícil imaginar que algunos accionistas significativos, como Antonio del Valle, o representantes de algunos socios del antiguo Popular puedan ofrecer intervenciones similares a las del pasado en las próximas juntas de accionistas del Santander", esgrimen algunos de ellos.

Cruce de acusaciones

La mayoría de los despachos de abogados que se han implicado en la intervención del Popular parecen haber puesto el punto de mira tanto en los antiguos gestores de la entidad (desde Ángel Ron hasta Emilio Saracho, pasando por algunos otros altos cargos de la entidad) como en las autoridades regulatorias europeas o nacionales.

El reparto de culpas, si las hubiera, no parece aclararse con las declaraciones de unos y otros sobre quién tiene que asumir el coste de las demandas judiciales que se planteen hasta el próximo 7 de agosto, fecha en la que se cumple el plazo legal para litigar en contra de cómo se produjo la intervención del Popular.

El segundo plano en el que ha quedado Ana Botín ante la oleada de demandas judiciales también se justifica en el gesto que tuvo el Santander de tratar de resarcir de las pérdidas a aquellos accionistas minoritarios que acudieron a la ampliación de capital acometida hace justo un año. Eso sí, habrá que esperar a cómo prosperan los distintos litigios.

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