El mi­nistro de Economía di­fe­rencia entre la fi­gura de ac­cio­nista y la de de­po­si­tante

Guindos cifra en 35.000 millones el total de depósitos inferiores a 100.000 euros en el Popular

Confirma que los cinco grandes bancos es­taban en la puja de la subasta de in­ter­ven­ción

Luis de Guindos
Luis de Guindos

35.000 mi­llones en de­pó­sitos in­fe­riores a 100.000 eu­ros. Es la cifra ofre­cida por el mi­nistro de Economía, Luis de Guindos, sobre lo que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ten­dría que haber en­ca­rado si el Popular hu­biera en­trado en con­curso de acree­do­res. Bajo esa te­sis, que se ele­varía a más de 60.000 mi­llo­nes, es lo que le ha lle­vado a de­fender la in­ter­ven­ción del banco aunque se haya per­ju­di­cado a los ac­cio­nis­tas. Eso sí, el mi­nistro ha re­ci­bido en su cara todos los re­pro­ches contra los su­per­vi­so­res.

"No es lo mismo un depositante que un accionista", ha precisado el ministro de economía en el último turno de réplica ante la Comisión de Economía del Congreso como réplica a lo mantenido por el portavoz socialista Pedro Saura. "Hubiera sido una situación caótica, inasumible".

Con esos y otros términos, Luis de Guindos ha defendido la decisión adoptada hace una semana respecto al Banco Popular, aunque más de 300.000 accionistas y bonistas hayan perdido toda su inversión. El ministro ha cifrado en un total de 60.300 millones de euros el total de depósitos del banco en vísperas de la intervención.

De esa cantidad, unos 8.300 millones están en manos de pymes, los clientes principales del Popular. De Guindos también ha precisado que 35.000 millones de euros están en depósitos inferiores a los 100.000 euros, aquellos a los que el Fondo de Garantía de Depósitos habría tenido que responder en el caso del concurso de acreedores.

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, el ministro ha repetido hasta casi la extenuación que todo lo ocurrido con el Popular no tendrá coste alguno para el contribuyente, a diferencia de lo que ocurrió con todo el rescate vivido en el sector bancario español hasta 2012.

"No hay garantías al comprador. Ni EPAS [Esquemas de Protección de Activos], ni CoCos [bonos convertibles]. Absolutamente nada", ha afirmado categórico un Luis de Guindos que ha defendido la decisión adoptada, bajo el paraguas de la nueva Unión Bancaria, para solucionar la situación crítica del Popular.

El ministro de Economía no ha evitado críticas más o menos directas a los gestores más recientes o los anteriores del Popular, ya que no se llegó a definir un plan de viabilidad concreto que evitara a la entidad ir de cabeza a su venta.

Sin extranjeros

En este sentido, Luis de Guindos ha revelado que los cinco grandes estaban en el juego hasta casi el último minuto. Es decir, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell. Tan sólo dos llegaron a firmar el acuerdo firme, pero al final el comprador resultó ser el grupo presidido por Ana Botín. El segundo nombre no ha sido revelado.

"Ojalá hubiera habido alguna oferta de un banco extranjero", ha lamentado en sede parlamentaria el ministro de Economía que se ha mostrado al margen de todo el proceso de adjudicación del Popular al Santander por el precio "testimonial" de un euro. Eso sí, el grupo bancario de Ana Botín tendrá que acometer una ampliación de capital por unos 7.000 millones de euros.

Luis de Guindos ha tenido que encajar todos los golpes de los grupos de la oposición en sus críticas a los organismos supervisores. Las críticas se han centrado, sobre todo, en el Banco de España y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que esta semana sí ha prohibido por un mes las posiciones cortas en Liberbank y no hizo lo mismo hace unos días con el Popular.

El ministro de Economía ha negado un efecto contagio al conjunto de la banca por el caso del Popular, pese a lo que ha ocurrido con Liberbank. Como anécdota, la portavoz de ERC en la Comisión de Economía, Ester Capella, se ha referido al grupo gestionado por Manuel Menéndez como "Oliverbank" en dos ocasiones. Seguro que era una asociación de ideas con Oliver Wyman, una de las firmas encargadas de las pruebas de resistencia hace unos años a la banca española.

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