El recorte a las primas en las energías renovables decretado por el gobierno del PP tenía como finalidad reducir el déficit tarifario pero también la de condenar las caprichosas exageraciones de Zapatero en su apuesta por las energías limpias. Las primas se recortaron drásticamente mediante el cambio del marco regulatorio. Una especie de expropiación a las bravas y la convicción de que los inversores acatarían sin rechistar las nuevas condiciones. Naturalmente no las acataron y acudieron a la Justicia.
El Laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje en París da la razón al primer demandante, Eiser, a la vez que condena al Estado Español a un pago de 128 millones de euros. En la cola aguardan 26 nuevas reclamaciones. No es ninguna exageración calcular que el coste final se aproxime a los 3.000 millones de euros. Un mayor déficit presupuestario cuando todavía los ingresos no cubren los gastos y cuando nuestro volumen de deuda supera el billón ( más de 1.000.000 millones) de euros.
Es inimaginable que para sortear las exigencias del Pacto de Estabilidad el gobierno del PP recurra a algún tipo de martingala como ya hiciera al liquidar la deuda del almacén subterráneo Castor. Recuerden que la martingala consistía en subir el precio de la bombona de butano. ¿Se subirá ahora la factura de la luz y se endosará la deuda, por así decirlo, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía?.
Los ciudadanos votan al PP en la confianza de que será un gestor bueno o por lo menos no menos malo que los demás. Una cortesía por la que se le respeta sus repetidas corruptelas. Ahora bien, ni el desenlace de la deuda del Castor ni el de las energías renovables avalan esa confianza ciudadana. Claro que este tipo de disparates no se airean en la prensa ni aparecen en las televisiones. El Laudo del Tribunal del Arbitraje condena al Estado Español por “violar la obligación de un trato justo y equitativo cuando el régimen regulatorio anterior fue reemplazado por otro completamente nuevo”. Una violación flagrante del Tratado de la Carta de la Energía suscrito por España.
El Laudo coincide con el giro que finalmente se está produciendo en la aceptación de las energías verdes. Petroleras y gasísticas se lo están planteando muy seriamente. En efecto, parques solares y eólicos se construyen a un ritmo sin precedentes.
La capacidad de las renovables aumentó en un 9% el pasado año, aumento en el que se incluía un incremento del 30% en las termosolares; la venta de vehículos ecológicos creció en 2016 un 42% sobre 2015, gracias, sobre todo, a la mayor capacidad de las baterías de litio.
No obstante, el petróleo y el gas suministran todavía el 86% de energía y sus posibilidades de crecimiento siguen siendo firmes en los países en vías de desarrollo aunque no ocurre lo mismo en los países industrializados. El interrogante es hasta cuando los fósiles mantendrán su predominio.
En 1800 el carbón ganó la batalla a la madera como primera fuente de energía. Su sustitución por el petróleo y el gas se completaría en sólo 100 años. ¿Y ahora?. El coste de las turbinas eólicas se ha reducido en una tercera parte desde 2009 y un 80% en el de los paneles solares, mientras las baterías de litio son unos 50% más baratas. Tesla confía construir en su gigafactoría de Nevada más baterías en un año que todas las construidas en el mundo en 2013.
Un cambio acelerado que parece dar la razón a la profecía sobre la pérdida de protagonismo del gas y del petróleo; “algo sobre lo que todavía el mundo no se ha apercibido”, dicen los nuevos profetas de las energías limpias. Naturalmente, las autoridades españolas que alteraron los términos del marco regulatorio seguían en la época de los fósiles.
El Laudo arbitral fallado en París obliga al Estado Español a indemnizar a los perjudicados. ¿Quién se hará cargo políticamente de este temerario atentado a la seguridad jurídica?. La economía de mercado tiene sus reglas y su vulneración un coste. ¿Llegará el asunto al Parlamento; el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, exigirá a los parlamentarios socialistas que reclamen explicaciones al gobierno sobre esta pródiga gestión de los bienes públicos?