Monitor de Latinoamérica

Moreno man­tendrá con es­tilo propio el ‘legado Correa’ tras ganar la pre­si­dencia

Ecuador ultima la denuncia de 16 tratados bilaterales de inversión

Inquietud en Bruselas por una de­ci­sión que afecta a España, Holanda e Italia

La década dorada: Economía e inversiones españolas en América ...
Inversiones españolas en América.

Lenín Moreno, pre­si­dente electo de Ecuador por el ofi­cia­lista Alianza País tras de­rrotar (51,15%) al opo­sitor con­ser­vador Guillermo Lasso de CREO-SUMA (48,85%) en una se­gunda vuelta el 2 de abril muy reñida y pla­gada de acu­sa­ciones de fraude, im­pug­na­ciones y pro­tes­tas, asu­mirá el 24 de mayo como man­da­tario tras una dé­cada de Gobierno de Rafael Correa. Ya pre­para una bomba contra las in­ver­siones es­paño­las, entre otras.

Y lo hará no sólo tratando de dar un impulso diferenciador a una Administración continuista, sino también afrontando una economía que apenas sale de la recesión y en medio de un contencioso internacional por la decisión de Quito de denunciar 16 tratados bilaterales de inversión, entre ellos el de España.

Días atrás, el aún canciller, Guillaume Long, ratificó que Quito se dispone a denunciar por inconstitucionales, 16 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) después de que una Comisión Ciudadana analizará los resultados e indicara que los pactos se firmaron en condiciones de ilegalidad y que, además de generar pagos millonarios al país no contribuyeron a generar inversiones.

No obstante, Long señaló que Ecuador está dispuesto a firmar nuevos acuerdos renegociados con los países afectados, siete de ellos de la UE, entre ellos España, Holanda e Italia. En la lista están, asimismo, EEUU, China, Chile, Venezuela, Suiza, Canadá, Argentina, Perú y Bolivia. El argumento jurídico es que estos tratados incluyen la posibilidad de resolver disputas a través de arbitrajes internacionales, lo que se opone a la actual Constitución.

“Con pragmatismo y cumpliendo con el artículo 422 de la Constitución hemos dicho a los 16 países con los que estamos poniendo fin a los TBI que estamos dispuestos a negociar nuevos convenios de protección de inversiones para que todos sientan que puede invertir con absoluta tranquilidad en el Ecuador”, dijo, para añadir que se quiere renegociar, pero en igualdad de condiciones. La UE ya ha manifestado su inquietud y sorpresa por la denuncia de estos pactos, “que quizá no es la mejor señal que puede darse cuando acaba de entrar en vigor (el 1 de enero) el acuerdo comercial de Ecuador con la Unión. Y desde Bruselas se ha destacado que esta decisión podría impactar en las inversiones en un momento en el que Quito impulsa su apertura al capital exterior como paso fundamental para cambiar su matriz productiva y mantener la dolarización. Con todo, la UE destaca que respeta la decisión de Ecuador y espera que sean renegociados antes de que Correa emita el decreto ejecutivo de denuncia de los mismos También la oposición ecuatoriana ha advertido contra una decisión que afecta a España, Canadá y EEUU en un momento en que el país necesita afianzar su comercio con Norteamérica y la UE.

El presidente saliente, Correa, ha indicado que se hubo casos en los que los cancilleres que firmaban los tratados no esperaban la aprobación del Congreso y que debido a su firma Ecuador ha recibido denuncias millonarias en la peor época, la de la caída del crudo. Correa destacó que los pactos fueron rubricados bajo las presidencias de Durán-Ballén, Mahuad y Alarcón y resaltó que Ecuador se halla entre los países del área con más TBI y que “sin embargo recibió sólo el 0,79% de la IED a América.

Lenín Moreno se ha marcado como grandes objetivos estabilizar y diversificar la economía ecuatoriana y generar más empleo en un país muy polarizado tras las presidenciales. El mandatario que ha señalado que liderará el país “con otra forma y estilo de gobernar”, ya última su nuevo Gobierno, en el que María Fernanda Espinosa será canciller y Carlos de la Torre suena en Economía. Moreno afronta una complicada situación económica con un país que sale de una recesión causada por el triple zarpazo de la caída del crudo (principal producto de exportación y que supone el 11,1% del PIB), el impacto del dólar y el terremoto de 2016 que causó pérdidas por 3.344 millones. Ecuador crecerá en 2017 en torno al 0,6% tras una caída del PIB del 1,5% en 2016. Hereda un país en circunstancias económicas muy diferentes a las que tuvo Correa, quien tuvo a favor el boom de los precios del petróleo, lo que favoreció gasto público e inversiones en infraestructuras y posibilitó una fuerte rebaja de pobreza y desigualdad. Romero, que ha prometido crear 200.000 empleos y mantener la política de cambio de matriz productiva y diversificación de la economía, se verá obligado a controlar un alto déficit fiscal y continuar las medidas para incentivar una mayor inversión exterior.

Recibe más y más modernas infraestructuras y avances en educación y sanidad, un país estable política y económicamente, pero también aún muy dependiente del crudo, pese a que en 2016 las exportaciones no petroleras crecieron el 3,4% y a que lo han hecho el 11,4% en los dos primeros meses de este año. También hereda unas finanzas en número rojos (el déficit fiscal en 2016 fue de 7.538 millones) y problemas en el mercado laboral. Moreno, que se ha desmarcado de Correa e insistido en su disposición al diálogo, ha asegurado que mantendrá el régimen de la Revolución Ciudadana.

La nueva Asamblea inició el domingo su andadura 2017-21 con una débil mayoría (74 diputados de 137, 23 menos que en 2013) del oficialista Alianza País (izquierda), pero que le ha bastado para tener los principales puestos de poder: José Serrano, ex ministro de Interior con Correa fue elegido máxima autoridad del poder legislativo.

Creando Oportunidades (CREO) y Sociedad Unida Más Acción (SUMA), la principal alianza opositora ha pasado de 11 a 34 escaños y el también opositor Partido Socialcristiano tendrá 15. Unos días antes Carlos Baca asumía como fiscal general de Ecuador con la promesa de emprender una lucha implacable contra la corrupción, en un acto en el que la oposición exigió la lista de los implicados en los sobornos de Odebrecht.

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