ANÁLISIS

Hacienda comparece para argumentar su informe de enero sobre Rodrigo Rato

El ex­vi­ce­pre­si­dente del Gobierno trata de en­con­trar ar­gu­mentos le­gales para re­bajar las duras acu­sa­ciones de los téc­nicos de la ONIF

Rodrigo Rato y Blesa
Rodrigo Rato y Blesa

Esta es una se­mana clave para es­cla­recer el fu­turo pro­cesal del ex­vi­ce­pre­si­dente del Gobierno, Rodrigo Rato. Este miér­coles fi­na­liza el plazo para pre­sentar los re­cursos ante el Tribunal Supremo sobre la sen­tencia de las ‘tarjetas black’ por el que fue con­de­nado a cuatro años y medio de pri­sión por la Audiencia Nacional. Horas antes de que fi­na­li­zara el plazo se ha co­no­cido que ha pre­sen­tado el re­curso. Pero este mismo miér­coles com­pa­recen los téc­nicos de la ONIF.

Los expertos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria, dependientes de Hacienda, deben ratificar o modificar ante el juez el informe que presentaron al juzgado de instrucción 31 de Madrid por el que acusaban a Rodrigo Rato haber defraudado a Hacienda unos 6,8 millones de euros entre 2004 y 2005.

Este informe está vinculado con la investigación que se dio a conocer a la opinión pública española por la Policía cuando en abril del 2015 esta entró en su domicilio y su oficina particular y lo retuvieron por unas horas, investigación que fue transmitida en directo por algunos medios de televisión previamente alertados.

En el informe entregado a finales de enero de este año al juzgado de Instrucción, los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación Antifraude concluían que el exvicepresidente del Gobierno habría obtenido “rentas no declaradas en el IRPF por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros entre los años 2004 al 2015”.

Con la investigación de la documentación obtenida por los agentes de Aduanas desplazados por la ONIF a su domicilio y a una de las oficinas principales del exvicepresidente del Gobierno, los expertos buscaban pruebas de los presuntos delitos de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes. Son los delitos que se espera conocer si son ratificados o no este miércoles.

Aunque desde el Ministerio se mantiene la más absoluta discreción, fuentes jurídicas consideran determinantes estas comparecencias de cara a esclarecer el futuro procesal de Rodrigo Rato.

Es relevante el momento por la coincidencia de las denuncias de otros presuntos delitos investigados al ex director gerente del FMI. Coincide con el día en el que ha presentado ante el Supremo el recurso contra la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por el uso de las tarjetas opacas al fisco, caso conocido como de las ‘tarjetas black’.

Los jueces de la Audiencia Nacional consideraron probada la existencia de un delito continuado de apropiación indebida. Aunque se desconocen los argumentos expuestos en el recurso, durante el juicio, las defensas insistieron en que durante las veintiséis sesiones que se celebraron durante el proceso, no se aportó ninguna prueba que demostrara que los cargos no habían sido objeto de retención fiscal y de que las mismas tenían su origen en 1988, época de la presidencia de Jaime Terceiro, y que las condiciones de uso perduraron hasta diciembre de 2011, ya en la época de la nueva Bankia.

Es también un momento clave, porque la comparecencia de los peritos de la ONIF viene a coincidir en el tiempo con los otros informes, los de la Guardia Civil en los que habrían detectado que varias de las empresas privatizadas en los años en que fue ministro de Economía pagaron unos 83 millones de euros a sociedades eventualmente relacionadas con su familia.

El entorno del exvicepresidente ha matizado que de alguna de ellas, como es el caso de COR Comunicación, señalada por la UCO como la sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones, la familia de Rato habría vendido su participación ya en el 2002.

A través de la agencias de prensa se ha dado a conocer que Rato tiene previsto responder esta misma semana con detalle los informes de la Guardia Civil en los que denunciará que los hechos aparecidos recientemente nada tienen que ver con la denuncia original contra él que tenía como objeto investigar un presunto blanqueo de dinero en el extranjero.

Esta argumentación ya ha sido utilizado en anteriores escritos ante la Audiencia Provincial de Madrid por lo que se espera que se mantenga en la misma línea argumental.

Finalmente esta misma semana podría conocerse algún detalle adicional sobre el último caso abierto conocido. En la actualidad se mantiene bajo secreto la investigación en la que se le atribuyen indicios de delitos de corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, delitos fiscales y administración desleal, en la pieza separada por la que han sido interrogadas Telefónica y Lazard.

Solo los enunciados de las acusaciones de estos cuatro casos producen vértigo. Si se uniera un quinto caso más, como pudiera ocurrir esta misma semana, el horizonte procesal será dramático.

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