La ga­sista tendrá que pro­vi­sionar 475 mi­llones y tendrá que afrontar un largo juicio in­ter­na­cional

Gas Natural reclama más de mil millones a Colombia por el conflicto de Electricaribe

A Repsol sus di­fe­ren­cias con Argentina casi le cuestan 1.279 mi­llones de euros y dos años de li­ti­gios

electricaribe
Electricaribe.

Sin un muy po­sible acuerdo, Gas Natural Fenosa afronta el ca­mino de Repsol cuando hace ya cinco años la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner de­ci­diera ex­pro­piar la pe­tro­lera YPF. La ga­sista y eléc­trica ca­ta­lana sufre los mismos efectos con su fi­lial Electricaribe en Colombia y no le que­dará otra que pre­sentar una de­manda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias re­la­tivas a Inversiones (CIADI). Sus di­rec­tivos re­cla­marán al Estado co­lom­biano unos 1.000 mi­llones de eu­ros, más del doble de su valor con­ta­ble, 475 mi­llo­nes.

El equipo jurídico de la compañía que preside Isidro Fainé, está elaborando toda la documentación que elevará ante el organismo internacional dependiente del Banco Mundial, si antes no se produce un cambio de postura por parte del Gobierno colombiano que preside Juan Manuel Santos.

En Gas Natural se insiste a las autoridades colombianas que “dejen sin efecto” la liquidación y venta de su filial Electricaribe y “trabajen para buscar una solución satisfactoria y, sobre todo sostenible para la prestación de servicio de suministro eléctrico en la zona”. De no ser así, a la gasista no le quedará otra opción que recurrir a los tribunales internacionales de arbitraje, al igual que hizo en su momento Repsol.

En ese caso, la empresa entrará en un proceso similar al que se vio obligado la petrolera, un conflicto que se alargó casi dos años hasta que Repsol y el Gobierno argentino alcanzaron definitivamente un acuerdo de compensación por la expropiación del 51% del capital de YPF. En el pacto al que llegaron ambas partes, se reconocía a la petrolera española a percibir 5.000 millones de dólares y las garantías para su pago efectivo, así como el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones.

Entonces, Repsol no solo tuvo que trabajar duro a nivel jurídico sino también financiero. La expropiación se produjo a finales de abril de 2012 y los efectos se produjeron sobre los resultados de 2013. El grupo petrolero español reconoció que la expropiación en sí le había costado 1.279 millones de euros. Repsol tenía en ese momento contabilizado el 51% de YPF en 7.500 millones de dólares -5.400 millones de euros-, lo que obligó a la empresa a realizar unos saneamientos extraordinarios por la cifra comentada de 1.279 millones.

Negociaciones duras y complicadas

Con la situación de Electricaribe, a Gas Natural Fenosa le va a ocurrir lo mismo, si antes las autoridades colombianas no negocian y dotan a la empresa expropiada de “un marco regulatorio adecuado” para seguir invirtiendo y prestando el servicio a 2,5 millones de clientes, tal y como reclama la empresa catalana.

De entrada, el conflicto obligará a la compañía matriz a provisionar los 475 millones de euros que Electricaribe tiene registrados como valor contable. De hecho, la eléctrica recuerda que ya ha desconsolidado su participación en Electricaribe -controla un 85% del capital- y ha reclasificado la filial como activo financiero.

Por otro lado, Gas Natural ha anunciado que, “obviamente, la reclamación internacional se hará por la totalidad de su valor, que es muy superior”, asegura. Esa cifra se estima puede oscilar entre los 800 y 1.000 millones de euros, ya que se entiende que se debe tener en cuenta la cartera de 2,5 millones de clientes que la filial tiene. Además, la filial colombiana arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros.

Brufau: “falta de seguridad jurídica”

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha señalado que la decisión del Gobierno de Colombia de liquidar y vender Electricaribe es un ejemplo de “falta de seguridad jurídica y económica”. Brufau ha argumentado que cualquier empresa debe tener ingresos, gastos e inversiones, y en el caso de Electricaribe, los ingresos no se producían porque “nadie paga a esa compañía”. “El operador tenía que hacer inversiones para mantener el servicio, pero esto no es sostenible”, añadió.

Repsol controla un 20,083% del capital de Gas Natural Fenosa por lo que es parte afectada en el conflicto, de ahí también el malestar que existe en la petrolera con tal situación. Brufau ha subrayado que la seguridad jurídica es “crítica” a la hora de invertir.

En este sentido, puso como ejemplo la situación vivida por la petrolera con Argentina por la expropiación de YPF tras el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta. Para el presidente de Repsol, las autoridades internacionales entendieron “muy bien” que no se podía dejar pasar la acción del Gobierno argentino “sin tener consecuencias”.

Electricaribe fue adquirida por Unión Fenosa en el año 2000 y en 2009 Gas Natural compró Unión Fenosa. Desde entonces -pese al elevado fraude que soporta de 1.300 millones de euros-, ha invertido en la filial más de 800 millones de euros, y “jamás ha cobrado un dividendo”, señala la matriz. Eso sí, la empresa lleva interpuestas más de 16.000 denuncias, 5.000 de ellas en los dos últimos años.

En la nota que Gas Natural emitió tras conocer la expropiación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos del país, la compañía expresa su sorpresa por la “falta de importancia” que el organismo estatal colombiano da al “gravísimo problema de la morosidad y el fraude”, al tiempo que oculta que la filial arrastra un adeuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros.

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