ANÁLISIS

Bankia debe ser investigada pero también CatalunyaCaixa

Lo más rápido posible para evitar el riesgo de una mayor pérdida de imagen de la banca

Rodrigo Rato Figaredo
Guindos y Rodrigo Rato Figaredo.

La decisión de la Audiencia Nacional de investigar a los responsables de las cúpulas del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es una decisión acertada pero llega tarde. La Justicia Española no puede ser tan lenta, salvo que se quiera liquidar a todo el sistema financiero español, cuya solvencia parece más que garantizada, sobre todo tras superar estas pruebas de imagen a las que le someten unas decisiones que debrían haberse adoptado ya hace mucho tiempo.

Porque me­rece la pena re­cor­darlo. La in­ves­ti­ga­ción pronto va a cum­plir cinco años, cuando el en­tonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce or­denó el 28 de mayo del 2012 al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, que in­ves­ti­gara po­si­bles de­litos so­cie­ta­rios en la ges­tión del pro­ceso de fu­sión y de sa­lida a bolsa de Bankia.

Fue el propio Torres-Dulce, quien el 6 de junio des­veló que había or­de­nado man­tener las di­li­gen­cias de in­ves­ti­ga­ción en se­creto, mien­tras fuera po­si­ble, ‘para no in­cen­diar el par­qué’ con la di­vul­ga­ción de una in­ves­ti­ga­ción penal sobre la en­ti­dad.

Pese a todos los datos exis­tentes y a lo tor­tuoso de la co­lo­ca­ción, co­no­cién­dose pú­bli­ca­mente, como se co­noció en su día la ro­tunda ne­ga­tiva del pre­si­dente del BBVA a par­ti­cipar en esta co­lo­ca­ción que Francisco González con­si­de­raba desa­cer­tada, la ini­cia­tiva de la Fiscalía no se adoptó hasta que se ini­ciaron y se ad­mi­tieron dis­tintas ac­ciones pe­nales por parte de par­ti­cu­la­res.

El de­creto de aper­tura de di­li­gen­cias ya ci­taba cinco po­si­bles de­litos a in­ves­ti­gar: es­tafa, apro­pia­ción in­de­bida, de­litos con­ta­bles, ad­mi­nis­tra­ción des­leal y fal­sedad do­cu­men­tal. Los de­litos de­bían de­ter­mi­narse al final de la ins­truc­ción. Según la Fiscalía, fi­nal­mente las impu­taciones po­drían ha­cerse tanto por to­dos, como por al­gunos de los de­litos men­cio­nados o por otros dis­tin­tos.

Con una fle­xi­bi­lidad tan grande, pa­rece haber pa­sado de­ma­siado tiempo hasta que hemos lle­gado a la si­tua­ción ac­tual. Y to­davía queda por ha­cer. Aun no se ha fi­jado fecha para la com­pa­re­cencia de los ocho di­rec­tivos del Banco de España y de la CNMV que han sido in­cor­po­rados a la causa por la in­sis­tencia del abo­gado Andrés Herzog, que pri­mero in­ter­vino en re­pre­sen­ta­ción de UPyD y ahora lo hace en nombre del sin­di­cato CIC.

El Parlamento debe in­ves­tigar tam­bién

Serán com­pa­re­cen­cias muy im­por­tan­tes. Pero al margen de esta in­ves­ti­ga­ción ju­di­cial, re­sulta ne­ce­sario que el Parlamento tam­bién in­ves­tigue toda la si­tua­ción de cómo se ha desa­rro­llado la crisis fi­nan­ciera y cómo se ha ac­tuado para pre­venir que si­tua­ciones si­mi­lares no vuelvan a su­ce­der.

Pero esto no está ga­ran­ti­zado. El caso del Banco Popular, que ha pro­vo­cado que mu­chos ac­cio­nistas hayan per­dido la to­ta­lidad de su in­ver­sión, evi­dencia que la ciu­da­danía ne­ce­sita una ex­pli­ca­ción.

La se­mana pró­xima en la que el Pleno del Congreso va a de­batir todas las pe­ti­ciones pre­sen­tadas por di­fe­rentes grupos para crear una co­mi­sión de in­ves­ti­ga­ción sobre la sa­lida a Bolsa de Bankia, de­bería ser el mo­mento de am­pliar esa in­ves­ti­ga­ción a todo el pro­ceso de sa­nea­miento. Por su­puesto sin ex­cluir a CatalunyaCaixa.

En tér­minos pro­por­cio­na­les, el coste del sa­nea­miento de esta en­tidad ha sido su­pe­rior al de Bankia. Los so­cia­lis­tas, que hasta ahora se han ne­gado a apoyar que se in­ves­tigue a esta en­tidad en la que los so­cia­listas ca­ta­lanes fueron sus prin­ci­pales di­ri­gen­tes, en­ca­be­zados por el ex vi­ce­pre­si­dente Narcis Serra, tienen que asumir que su ne­ga­tiva no se sos­tiene.

Por su­puesto, la in­ves­ti­ga­ción tiene que in­cluir todas las de­ci­siones que se adop­taron du­rante los úl­timos años del Gobierno de Zapatero. La carta que envió la vi­ce­pre­si­denta se­gunda del Gobierno y mi­nistra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, el 9 de fe­brero de 2011, ex­po­niendo el plan de Gobierno para re­forzar el sis­tema fi­nan­ciero, su­ponía la im­po­si­ción de la obli­ga­ción de salir al mer­cado a todas las en­ti­da­des, cos­tara lo que cos­tara.

Ahora que la banca in­tenta re­cu­perar su ren­ta­bi­lidad y su ima­gen, una co­mi­sión que cla­ri­fique el cos­to­sí­simo cú­mulo de errores que se han co­me­tido en la ges­tión de las cajas re­sulta, sen­ci­lla­mente, de obli­gado cum­pli­miento.

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