ANÁLISIS

Bankia debe ser investigada pero también CatalunyaCaixa

Lo más rá­pido po­sible para evitar el riesgo de una mayor pér­dida de imagen de la banca

Rodrigo Rato Figaredo
Guindos y Rodrigo Rato Figaredo.

La de­ci­sión de la Audiencia Nacional de in­ves­tigar a los res­pon­sa­bles de las cú­pulas del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es una de­ci­sión acer­tada pero llega tarde. La Justicia Española no puede ser tan lenta, salvo que se quiera li­quidar a todo el sis­tema fi­nan­ciero es­pañol, cuya sol­vencia pa­rece más que ga­ran­ti­zada, sobre todo tras su­perar estas pruebas de imagen a las que le so­meten unas de­ci­siones que de­brían ha­berse adop­tado ya hace mucho tiempo.

Porque merece la pena recordarlo. La investigación pronto va a cumplir cinco años, cuando el entonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce ordenó el 28 de mayo del 2012 al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, que investigara posibles delitos societarios en la gestión del proceso de fusión y de salida a bolsa de Bankia.

Fue el propio Torres-Dulce, quien el 6 de junio desveló que había ordenado mantener las diligencias de investigación en secreto, mientras fuera posible, ‘para no incendiar el parqué’ con la divulgación de una investigación penal sobre la entidad.

Pese a todos los datos existentes y a lo tortuoso de la colocación, conociéndose públicamente, como se conoció en su día la rotunda negativa del presidente del BBVA a participar en esta colocación que Francisco González consideraba desacertada, la iniciativa de la Fiscalía no se adoptó hasta que se iniciaron y se admitieron distintas acciones penales por parte de particulares.

El decreto de apertura de diligencias ya citaba cinco posibles delitos a investigar: estafa, apropiación indebida, delitos contables, administración desleal y falsedad documental. Los delitos debían determinarse al final de la instrucción. Según la Fiscalía, finalmente las imputaciones podrían hacerse tanto por todos, como por algunos de los delitos mencionados o por otros distintos.

Con una flexibilidad tan grande, parece haber pasado demasiado tiempo hasta que hemos llegado a la situación actual. Y todavía queda por hacer. Aun no se ha fijado fecha para la comparecencia de los ocho directivos del Banco de España y de la CNMV que han sido incorporados a la causa por la insistencia del abogado Andrés Herzog, que primero intervino en representación de UPyD y ahora lo hace en nombre del sindicato CIC.

El Parlamento debe investigar también

Serán comparecencias muy importantes. Pero al margen de esta investigación judicial, resulta necesario que el Parlamento también investigue toda la situación de cómo se ha desarrollado la crisis financiera y cómo se ha actuado para prevenir que situaciones similares no vuelvan a suceder.

Pero esto no está garantizado. El caso del Banco Popular, que ha provocado que muchos accionistas hayan perdido la totalidad de su inversión, evidencia que la ciudadanía necesita una explicación.

La semana próxima en la que el Pleno del Congreso va a debatir todas las peticiones presentadas por diferentes grupos para crear una comisión de investigación sobre la salida a Bolsa de Bankia, debería ser el momento de ampliar esa investigación a todo el proceso de saneamiento. Por supuesto sin excluir a CatalunyaCaixa.

En términos proporcionales, el coste del saneamiento de esta entidad ha sido superior al de Bankia. Los socialistas, que hasta ahora se han negado a apoyar que se investigue a esta entidad en la que los socialistas catalanes fueron sus principales dirigentes, encabezados por el ex vicepresidente Narcis Serra, tienen que asumir que su negativa no se sostiene.

Por supuesto, la investigación tiene que incluir todas las decisiones que se adoptaron durante los últimos años del Gobierno de Zapatero. La carta que envió la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, el 9 de febrero de 2011, exponiendo el plan de Gobierno para reforzar el sistema financiero, suponía la imposición de la obligación de salir al mercado a todas las entidades, costara lo que costara.

Ahora que la banca intenta recuperar su rentabilidad y su imagen, una comisión que clarifique el costosísimo cúmulo de errores que se han cometido en la gestión de las cajas resulta, sencillamente, de obligado cumplimiento.

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