En cual­quier caso, el Estado acu­dirá al res­cate con un des­em­bolso de entre 3.400 y 5.500 mi­llones

Imposible un acuerdo sobre las autopistas de peaje quebradas

Las en­ti­dades ban­ca­rias y los fondos buitre acree­dores no fa­ci­litan una sa­lida

Autopistas
Autopistas radiales.

Ni Fomento ni las en­ti­dades ban­ca­rias que son te­ne­doras de la enorme deuda de las au­to­pistas de peaje es­pañolas en quiebra lo­gran po­nerse de acuerdo. Más bien todo lo con­tra­rio, como ya se pre­veía. Íñigo de la Serna, ti­tular del mi­nis­te­rio, ase­guró que es “prácticamente im­po­si­ble” llegar a ese punto en co­mún. La so­lu­ción pasa igual­mente por la in­ter­ven­ción es­ta­tal, cuya coste para las arcas pú­blicas po­dría as­cen­der, como ya se es­timó en un prin­ci­pio, a los 3.400 o 5.500 mi­llones de eu­ros.

El avance hacia un nuevo capítulo sobre las autopistas de peaje quebradas no es ni mucho menos el final de la historia. Y es que ese posible acuerdo entre entidades financieras acreedoras de la deuda de las autopistas de pago y el Estado ha pasado de una situación de 'muy difícil' a otra de “casi imposible”. En una entrevista realizada en RNE, De la Serna avanzó que, en cualquier caso, van a facilitar que una vez que se liquiden las empresas, “las autovías sigan funcionando”.

De momento, el plan A, que no era sino llegar a un entendimiento con esas entidades que poseen la mayor parte de la deuda, unos 3.400 millones de euros, parece que se disipa. Y lo hace porque los bancos, en su mayoría extranjeros, se deshicieron de sus pasivos vendiendo esa deuda con un gran descuento, que llegó hasta el 70% en muchos casos, a los llamados fondos buitre. O lo que es lo mismo, fondos de inversión que se dedican a adquirir activos que nadie quiere a precios altamente reducidos para especular y obtener grandes rentabilidades a futuro.

No obstante, a fecha de hoy, aún no hay una valoración oficial sobre cuánto le puede suponer a las arcas del estado la nacionalización de estas autopistas de peaje en quiebra. La única estimación que se conoce hasta el momento, y teniendo en cuenta también el desglose de la deuda, la publicó la patronal Seopán hace dos años. En concreto, estimó que podría ascender hasta los 5.500 millones de euros, aunque todo dependerá del instante en el que el rescate se produzca.

Los nueve tramos en discordia y que están al borde de la quiebra, gestionados por ocho concesionarias, son cuatro de las radiales madrileñas: la 2, la 3, la 4 y la 5, del consorcio Accesos de Madrid que lo compone Abertis, ACS, Sacyr y Bankia. También, la M-12, el eje Aeropuerto de Barajas; la AP-41, vía que une Madrid y Toledo; la AP-36, junto con dos tramos de la AP-7, la autovía del Mediterráneo; la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la autopista Cartagena-Vera.

Fomento nunca ha escondido que incluso con el paso de los años no solo puede recuperar el dinero invertido, sino que podría alcanzarse un rendimiento favorable si se produce una tendencia positiva en cuanto a la evolución tráfico por esas vías.

La última cifra que se conoce respaldaría esa tesis y data de los ocho primeros meses de 2016, cuando el tránsito de vehículos repuntó un 11,3%, según datos oficiales, contabilizando una media de 7.054 vehículos al día. Esas vías de pago se anotaron durante ese período un aumento superior a la media del 5,95% del total de la red de las autopistas de España, de 2.550 kilómetros de longitud.

Sigue en marcha la quita

Con todo, el plan B sigue en proceso, como así ha manifestado el ministro en contadas ocasiones. Este pasaría por una quita del 50% de la deuda, que asciende hasta los 3.400 millones de euros, para una vez después integrar a estas autopistas a Seittsa, sociedad pública estatal. En lo referente al pasivo restante, se titularizaría en un bono a treinta años a un interés que en su momento fue del 1%.

¿Vía judicial?

Si en efecto como así parece termina no produciéndose el acuerdo entre las dos partes, habría que estar a la espera del dictamen de la Justicia. Los tramos en liza están ahora mismo en concurso de acreedores y en el caso de las radiales R-3 y 3-5, ya se realizó el auto de la liquidación pertinente, aunque Fomento se fijó un año para gestionar las autopistas.

Con todo, los planes del ministerio pasan por la formación de una sociedad que gestione estas vías. En sus objetivos se encuentra el de no ampliar los plazos para la concesión de la explotación de estas vías de pago a través de compañías privadas que finalizan entre 2018 y 2021, que para esas fechas pertenecerán al Estado. Así, se abriría la puerta a inversiones privadas en el futuro.

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