Monitor de Consumo Bancario

La re­forma de la ley se li­mi­tará a un tes­ti­mo­nial puñado de ar­tículos

Justicia le para los pies a De Guindos y su revolución hipotecaria

La banca in­siste pero no logra in­tro­ducir la al­ter­na­tiva al ac­tual Euríbor

deguindos
Luis De Guindos, ministro.

“Apenas ocho, 10 ó 12 ar­tícu­los”. Son pa­la­bras del mi­nistro Luis De Guindos sobre el al­cance real que tendrá la re­forma ‘en pro­fun­di­dad’ de la Ley Hipotecaria im­pul­sada por el mi­nis­terio de Economía que en­ca­beza, y que ha sido fre­nada en seco por otro mi­nis­te­rio, el de Justicia. Éste ha lo­grado hacer valer su cri­te­rio: las mo­di­fi­ca­ciones en la re­dac­ción del ar­ti­cu­lado deben li­mi­tarse a la trans­po­si­ción de la di­rec­tiva eu­ropea sobre con­tratos de cré­dito.

Tampoco se incluirá un indicador de referencia diferente al Euribor, para disgusto del sector financiero.

No está el horno para bollos

Justicia se opone a introducir modificaciones de calado en la Ley en un momento en que la conflictividad social por los desahucios y las cláusulas abusivas sigue estando al rojo vivo. Una opinión que comparte la patronal bancaria, que a través de su presidente, José María Roldán, ha declarado que abordar ahora una reforma que ponga patas arriba la normativa hipotecaría podría ser peligroso para un mercado que vuelve a funcionar de “manera eficiente”.

Será, pues, el ministerio de Justicia el que lleve la voz cantante en la tramitación de la reforma, que según las previsiones se enviará a las Cortes en abril o mayo para que sea debatida. Una vez aprobada, constituirá la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la directiva europea que busca la unificación del mercado de créditos.

La norma comunitaria prevé una serie de garantías de protección a los consumidores orientadas a prevenir los desmanes que se convirtieron en habituales durante los años previos a la crisis: las entidades deberán facilitar a los usuarios de créditos para bienes inmuebles la misma información que figure en la publicidad. Igualmente, estarán obligadas a proporcionar una ficha con información “pormenorizada” sobre el contrato.

Otras obligaciones para las entidades prestamistas que consagra la directiva serán crear una base común para calcular la tasa anual equivalente (TAE) excluidos los gastos notariales, además de una correcta valoración de la solvencia del consumidor antes de conceder un crédito.

Los criterios para esta evaluación serán los ingresos, gastos y capacidad económica del deudor, en lugar del “valor presente o futuro del bien inmueble”, como sucedía en los tiempos de la burbuja. De esta manera se pretende evitar que los bancos hinchen las tasaciones.

La directiva contempla también otras mejoras, como la prohibición de condicionar la concesión de la hipoteca a la contratación de otros productos de la entidad. Asimismo, deja abierta la posibilidad de la dación en pago al no permitir que se coarte la libertad de las partes para acordar que la deuda quede satisfecha con la transferencia de la garantía al prestamista.

Adiós al nuevo índice La oposición del PSOE ha sido determinante para que el Gobierno renuncie a la introducción de un nuevo indicador de referencia alternativo al Euribor. La pelota queda así en el tejado de las entidades, que tendrán que tomar la iniciativa para volver a hacer florecer la rentabilidad del mercado de créditos.

Las fuentes consultadas con la prensa hacen referencia al alto coste político que habría supuesto satisfacer las demandas de la banca en este sentido, ya que el Euribor se encuentra en los niveles más bajos de su historia, con lo que la creación de un nuevo índice no haría sino encarecer las hipotecas.

@josesmendoza81

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