El re­fugio de mu­chas for­tunas ca­ta­lanas ob­tiene un año de gracia de la UE

Andorra entra en la 'lista gris' de la UE de paraísos fiscales

Vaga res­puesta de Bruselas para eli­minar los pa­raísos fis­cales pese a perder 120.000 mi­llones anuales

Banca privada de Andorra
Banca privada de Andorra

Cada año es­capan a las ha­ciendas pú­blicas de todo el mundo unos 350.000 mi­llones de euros por culpa de los pa­raísos , según el in­ves­ti­gador francés de la Universidad de Beckley (California), Gabriel Zucman. Solo los países de la Unión Europea dejan de in­gresar unos 120.000 mi­llones de euros por estas ope­ra­ciones rea­li­zadas a través de los co­no­cidos como pa­raísos fis­ca­les., in­clu­yendo Andora. Pero los go­biernos de los países afec­tados hacen poco o muy poco para acabar con ellos.

La Hacienda española dejaría de ingresar unos 16.000 millones. Pese a ello, el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Economía y Hacienda de la UE ha sido muy pobre. Se han limitado a publicar una lista negra con los 17 países que menos colaboran en la persecución de estas actividades a los que se les podrán imponer sanciones.

Andorra, el más próximo y pernicioso para España, pasa a una segunda lista gris y se le da un año para aplicar los estándares europeos o volverá a la lista negra. El ministro de Economía, Luis de Guindos, considera que se podría hacer más.

Tampoco los recientes escándalos de evasión fiscal o de ‘optimización fiscal’, como les gusta dulcificar la expresión a los expertos puestos en evidenciar por los ‘Papeles del Paraíso’, han forzado una respuesta más enérgica de la Unión Europea para tratar de afrontar este grave problema económico y social.

Las cifras oficiales más completas sobre la evasión fiscal en el mundo corresponden al 2012, según FMI. Ese año las transacciones mundiales en paraísos fiscales alcanzaron los 5,5 billones de euros a través de 4.000 bancos y dos millones de sociedades pantalla.

En cambio, tras meses de consultas e investigaciones, la principal decisión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas ha sido la de elaborar una lista de 17 países que no cumplen las normas acordadas de buena gobernanza fiscal a los que se les podría imponer alguna sanción.

Es todo y no parece suficiente pese a que, a alguno de los países incluidos en la lista negra, como es el caso de Panamá, la decisión les ha parecido injusta e injustificable. Su presidente, Juan Carlos Varela, incluso ha llamado a su embajador en Bruselas para evaluar las pertinentes consultas. Estos países son Samoa Americana, Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes.

En una segunda lista han incluido otros 47 países comprometidos a corregir las deficiencias de sus respectivos sistemas fiscales con el objetivo de cumplir en los próximos meses con los criterios requeridos. Andorra, tantas veces mencionada en casos vinculado con España, está entre este segundo grupo de países.

De Guindos ha expresado su convicción de que Andorra hará lo imposible para salir de esta lista y ajustarse a la buena gobernanza medida por los criterios de transparencia fiscal, fiscalidad justa y aplicación de las medidas acordadas por la OCDE. Sus palabras fueron que “podría ser peor, podría estar en la lista negra, y podría ser mejor, podría estar en la blanca. Nuestro deseo es que pase a la lista blanca y todos estamos de acuerdo en que las autoridades andorranas van a hacer lo posible y lo imposible para dejar esta lista intermedia”

Tienen de plazo todo el año que viene, como corresponde a un país desarrollado. Los países en vías de desarrollo contarán con año adicional, hasta finales del 2019 para ponerse a bien con las instituciones comunitarias.

Pese a que el consejo de ministros ha querido dar relevancia mediática a la decisión se trata de poco más que un listado. Desde este mismo consejo ponen énfasis en que se trata de la primera vez que la Unión Europea realiza un listado de estas características en el que se incluyen las 17 jurisdicciones que no colaboran a efectos fiscales con Europa y a las que se advierte de posibles sanciones.

También el Ejecutivo comunitario a través de su vicepresidente, Valdis Dombrovskis, ha enfatizado que hubieran preferido medidas más firmes. Pero, según fuentes del euro parlamento, se ha acabado imponiendo el importante peso del lobby financiero ante las instituciones comunitarias. A ellos les va mucho en su cuenta de resultados. Del orden de una cuarta parte de sus beneficios.

Según denunciaba la ONG Oxfam a principios de año, las primeras 20 entidades financieras bajo la supervisión de la Autoridad Bancaria Europea obtienen una cuarta parte de sus beneficios gracias a sus negocios en países donde la fiscalidad es especialmente débil.

Los datos del 2015 revelan que los beneficios de los mismos en paraísos fiscales o países de baja imposición al capital sumarían unos 25.000 millones de euros de beneficios, es decir, el 25 % de su beneficio, lo que da lugar a que solo realizan un 12 % de su actividad en los mismos con un 7 % de su personal.

Por eso la decisión del consejo de ministros de Economía de no conceder financiación europea a entidades de los países incluidos en la lista negra a través de los Fondos para el Desarrollo Sostenible, el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas o del Banco Europeo de Inversiones, pero en cambio sí poder hacerlo a través de inversiones directas encaminadas a objetivos de desarrollo y sostenibilidad, se asemeja difícil de entender. Es poco más que un juego de palabras con riesgo de conducir a equívocos.

Los 4.000 bancos que en el mundo operan a través de estos paraísos dormirán tranquilos. Pero las haciendas públicas de todo el mundo dejan de ingresar miles de millones de euros por falta de coraje político.

Artículos relacionados