La re­gu­la­ción de los al­qui­leres tu­rís­ticos em­pu­jará los pre­cios a la baja

La sentencia sobre Uber puede reventar la burbuja del alquiler

Plataformas como Airbnb, per­ju­di­cadas en el fu­turo tras la de­ci­sión del TJUE

Uber, coche privado
Uber, coche privado

Las pla­ta­formas de­no­mi­nadas como eco­nomía co­la­bo­ra­tiva po­drían tener pro­blemas en los pró­ximos tiempos con el re­ciente po­si­cio­na­miento del Tribuna de Justicia Europeo sobre Uber. Es el prin­cipio de un largo re­co­rrido que se ini­cia. Ante ello, com­pañías como Airbnb, web­site en el que se al­quilan apar­ta­mentos o ha­bi­ta­ciones por días, po­drían verse afec­tadas con una mayor re­gu­la­ción. Algo que po­dría pro­vocar la caída de los pre­cios de los arren­da­mien­tos, puesto que ha sido uno de los cau­santes de su re­punte des­me­su­rado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló recientemente que Uber System Spain no es un intermediario que pone en contacto a conductores y usuarios, sino que es una compañía de transportes y “crea al mismo tiempo oferta y demanda” además de ejercer “una influencia sobre las condiciones de las prestaciones desarrolladas por los conductores”. Esta sentencia abre una nueva situación que puede afectar a este tipo de herramientas denominadas como economía colaborativa.

Los taxistas habían estado en una lucha constante con este tipo de compañías, también con Cabify, al considerarlo como un intrusismo laboral. Hasta ahora no se consideraba como empresas de transporte, por lo que las ventajas fiscales y la regulación quedaba más al margen. Ahora se sientan unas nuevas bases, que se extienden, efectivamente, a otros campos como el de firmas de reparto o de alquileres.

En las directrices desarrolladas en junio de 2016 en las que la Comisión Europea expresó que el nivel de control o influencia que desarrolla una plataforma de colaboración sobre el proveedor del servicio es de gran importancia al hacer un juicio sobre si las nuevas compañías son plataformas digitales o principalmente proveedores del servicio subyacente. De esta manera no tendría que considerarse parte del sector de la tecnología de la información.

Impacto hacia las páginas de alquileres

Uno de los factores que ha llevado a que los precios de los alquileres hayan escalado a máximos históricos dentro de España ha sido la aparición de plataformas como Airbnb, que permite arrendar una vivienda o una habitación por días.

La página se configura como intermediaria entre el cliente final y el usuario que alquila su casa, pero el problema se encuentra en que es un negocio cuya regulación e imposiciones fiscales no son las adecuadas, según fuentes del mercado consultadas, al estar enmarcadas en el sector que no les corresponde.

Y es que hasta ahora, como sucedía con Uber, este tipo de compañías están catalogadas dentro de tecnologías de la información. La sentencia sobre la firma norteamericana, precisamente, destapa la posibilidad de que con Airbnb suceda lo mismo (ya aglutina varias demandas) y se la etiquete como una empresa inmobiliaria.

En febrero del año pasado, Bruselas puso en funcionamiento distintos talleres para analizar el devenir de estas plataformas, como Airbnb, y llegar a un punto común con todos los Estados miembros y todas las partes implicadas para hacer una legislación concreta sobre el sector.

Francia y Alemania el pasado verano ya establecieron más exigencias y más en relación a los servicios prestados por las plataformas de alquileres diarios, puesto que genera una facturación muy elevada y apenas paga impuestos.

Precios a la baja

Los próximos meses son claves para discernir lo que sucederá para estas plataformas, pero lo que está claro es que una mayor regulación terminaría reflejándose en el mercado del alquiler. El desequilibrio provocado entre oferta y demanda en el arrendamiento tradicional por la aparición de los alquileres diarios se iría pausando gradualmente con la entrada de una regulación concreta.

Fuentes del mercado consultadas exponen que los precios “terminarían yendo a la baja porque al final los arrendadores no tendrían más remedio que aceptar otras reglas del juego y se pondrían mayores cotas y obstáculos que ahora”. Por ejemplo, en materia de impuestos. Es decir, muchas de esas viviendas que a día de hoy están anunciadas desaparecerían, puesto que los propietarios tendrían un “mayor agravio fiscal”. Solo es cuestión de tiempo ver si la justicia europea amplía su campo de actuación o no.

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