Monitor del Seguro

La pre­sión re­gu­la­toria agobia al sector ase­gu­ra­dor: IDD, Priips, pro­tec­ción de da­tos…

A más normas, más incumplimiento

La UE es­tudia re­trasar la Directiva de Distribución un año a pe­ti­ción de la in­dus­tria

Seguros de autos.
Seguros de autos.

El sector ase­gu­rador está ago­biado; y no lo oculta. La pre­sión re­gu­la­toria man­tiene a la in­dus­tria en ten­sión. Los frentes abiertos son mu­chos, tantos que el riesgo de in­cum­pli­miento crece de forma ex­po­nen­cial. Un riesgo muy pe­li­groso porque toda la nueva re­gu­la­ción que afecta al sector va acom­pañada de san­ciones ejem­plares que pueden hacer tem­blar cual­quier ne­go­cio.

Sin olvidar que en las cuestiones relacionadas con la protección al consumidor, que son muchas, se juegan su imagen; el riesgo reputacional es muy significativo. Hay que ponerse a trabajar para no fallar.

Uno de esos quebraderos de cabeza a los que tiene que hacer frente al sector en el ámbito normativo es la Directiva de Distribución (IDD). De la IDD se lleva hablando mucho tiempo. Entró en vigor en febrero de 2016 y tiene que estar traspuesta en el ordenamiento de los estados miembros de la Unión Europea (UE) el 23 de febrero de 2018, dos años después de su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. La fecha se acerca de forma inexorable para preocupación del sector, que necesita más tiempo; y de hecho lo ha pedido. La propia Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON) ha recomendado que se retrase la aplicación de la Directiva, una recomendación que la industria ha hecho suya.

Recientemente, Michaela Koller, directora general de Insurance Europe, apoyó esta petición de la ECON, y pidió a todas las instituciones europeas que reconozcan la importancia de retrasar la aplicación de la IDD y llevar a cabo las acciones oportunas. A España le vendría muy bien la prórroga, entre otras cosas porque el Anteproyecto de la futura Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros está en fase administrativa y pendiente del informe de la Agencia de Protección de Datos.

Se está hablando de prorrogar el plazo un año, hasta febrero de 2019. Sin duda un alivio, pero tampoco cambiarían las cosas de forma radical: “Si hubiera ese retraso hipotético y la Comisión Europea (CE) quisiera dar a las entidades un año de oxígeno, aún así también seguiría habiendo mucho trabajo. Aún con prórroga los impactos son tan enormes que tampoco sería cuestión de echarse a dormir. Hay mucha tarea por delante”. Esta es la reflexión de Laura Duque, directora de Cumplimiento Normativo y Control Interno de Mutualidad de la Abogacía. Habrá que esperar en cualquier caso para saber si la CE tiene a bien retrasar la implantación de la IDD. Por si acaso, las compañías consideran prudente trabajar con los plazos vigentes.

También en 2018, el 1 de enero, entrará en vigor el reglamento comunitario de Productos de Inversión Minoristas Empaquetados basados en Seguros para Particulares (Priips). Con él se busca mejorar la información de los consumidores al incorporar la obligación de aportar al cliente un nuevo modelo de nota informativa. El sector en este caso se queja de que esta nueva nota es muy difícil de elaborar. Por eso es muy importante saber en qué casos hay que entregar esa documentación, algo que pese a la cercanía de la fecha para la aplicación de la norma el sector asegurador español no sabe. Laura Duque aprovechó unas jornadas en las que coincidió con Francisco Carrasco, subdirector general de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para pedirle que aclarase el ámbito de aplicación de la norma: “Queda poco para ponerla en práctica y los impactos son muy grandes, no solo porque es difícil de hacer (en referencia a la nota informativa) sino porque hay que entregarla. En entidades con cadenas de distribución complejas hay que establecer los mecanismos. Tiene una complejidad grande, y sería genial tener claro el ámbito de aplicación”. Carrasco no hizo en su intervención ninguna referencia a esta petición expresa.

Otra norma que trae de cabeza al sector y que entrará en vigor el 25 de mayo de 2018 es el Reglamento de Protección de Datos, una regulación que modifica el tratamiento de los datos personales de los clientes y traslada a las compañías la responsabilidad de ser diligentes y crear los procesos para afrontar la responsabilidad del tratamiento de los datos. El cambio es importante, y la multa mucho más. Hasta 20 millones de euros puede costar incumplir este Reglamento.

El sector está también muy pendiente de la revisión de las cargas de capital para el cálculo del capital de solvencia obligatorio (SCR) en el marco de Solvencia II, un ejercicio intenso que la CE debe tener acabado en diciembre. Recientemente la autoridad en seguros de la UE, Eiopa, envió a la CE el primer listado de consejos para esa revisión en el que se propone simplificar los requisitos para el cálculo del SCR dentro de la fórmula estándar, reduciendo el impacto de riesgos como el de mortalidad.

Además, hay otras iniciativas que se están estudiando a nivel europeo y que afectarán al sector, una de ellas está enmarcada en la unión de mercados de capitales, la creación de Planes de Pensiones Paneuropeos individuales. Desde la DGSFP explican que “en España vemos la iniciativa como algo no excesivamente necesario. Pero son 28 estados miembros y en algunos de ellos no existen productos parecidos”. Y sin olvidar que este año toca test de estrés de pensiones y en 2018 de seguros. En estos momentos se está trabajando sobre las conclusiones más en detalle de los test de estrés realizados al sector asegurador en 2016 para realizar ajustes y cambios de cara a ese nuevo examen del próximo año.

Las nuevas normas llegan incluso desde el ámbito contable internacional. El sector ya ha comenzado a prepararse para la entrada en vigor en enero de 2021 de la Norma Internacional de Información Financiera 17 (IFRS 17) que recoge el nuevo estándar contable de los contratos de seguros. La DGSFP y Unespa trabajan en el análisis de la implicación práctica en la industria de su aplicación con el objetivo de adaptarla a la idiosincrasia del mercado español para no crear volatilidades innecesarias. La IFRS 17 tiene como principales objetivos dotar de mayor transparencia a las compañías, hacer más comparable la información entre entidades y jurisdicciones y alinear la contabilidad aseguradora con la de otras industrias. Su implantación también va a dar mucho trabajo a las aseguradoras, entre otras cosas porque cuando entre en vigor no solo se va a aplicar a los nuevos contratos si no a todos.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que se avecina, hay muchos más. El frenesí regulatorio mantiene al sector tenso, alerta y, sobre todo, muy ocupado. Estamos en la recta final de un intenso 2017, y el próximo año promete también ser un ejercicio arrollador.

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