Las pla­ta­formas lusas de te­le­vi­sión, Internet y con­te­nidos ponen el grito en el cielo

Tambores de guerra en Portugal contra la venta de Media Capital de Prisa a Altice

El grupo francés pone una que­rella por di­fa­ma­ción para de­fen­derse de los ata­ques

Los Polanco
Cebrián y Manuel Polanco.

Hay que verlo para creerlo. Portugal, que no hace tanto tiempo mi­raba con gran re­celo cual­quier in­ver­sión es­pañola, ha de­cla­rado la guerra al grupo francés Altice, que con­trola la pla­ta­forma de te­le­vi­sión y de Internet MEO (antigua Portugal Telecom). El mo­tivo: la venta por Prisa a los fran­ceses del grupo Media Capital (MC), que lle­vaba más de una dé­cada en las manos es­paño­las. Gobierno y ór­ganos re­gu­la­to­rios están im­pi­diendo una ope­ra­ción que ali­viaría la di­fícil si­tua­ción fi­nan­ciera del atri­bu­lado grupo me­diá­tico es­pañol.

La cuestión no es que la opinión publica lusa haya dado un giro copernicano, al punto de tener hoy una mayor aversión al capital francés que al español. Aunque el negocio fue firmado el pasado mes de julio, por 440 millones de euros y que tras ajustes contables quedó en 321 millones, el problema radica en que controlando a la vez la plataforma MEO y MC, Altice dictaría las reglas del juego en telecomunicaciones, Internet, comunicación y publicidad.

La autoridad nacional de comunicaciones Anacom fue muy clara al respecto. Pese a carecer de fuerza vinculatoria, su veredicto estuvo en línea con las preocupaciones del sector: advertía que entregar al dueño de Meo (ex - Portugal Telecom) toda la operación MC, que incluye la televisión líder TVI, la radio líder RC, la productora de contenidos audiovisuales Plural, etc., no traería nada bueno al país ni al sector, y sobre todo sería nefasto para la competencia.

Sin embargo, para impedir la venta de MC o para poner algunas trabas a la operación, en defensa de los intereses nacionales y de la competencia, solo cabía en principio una salida: el regulador de los medios de comunicación ERC, con fuerza legal vinculante, tenía que asumir sus responsabilidades, pero lo que hizo su presidente Carlos Magno fue lavarse las manos del asunto, cuya solución definitiva cabrá ahora a la máxima Autoridad de la Competencia (AdC).

En el sector mediático luso nadie entendió la “no decisión” de Carlos Magno, que pese a tener dos votos en contra (el tercer voto era el suyo), y ante los dictámenes técnicos y jurídicos de ERC, también conrarios a la operación, decidió por su cuenta y riesgo que la institución no tenía competencia legal para impedir la venta de MC a Altice, recordando que otras dos operaciones del mismo tipo, aprobadas en su día por ERC, fueron anuladas por el entonces jefe del Estado Cavaco Silva.

Lo cierto es que el escándalo fue mayúsculo, y según Paulo Azevedo, máximo responsable del grupo Sonae, que juntamente con la angoleña Isabel dos Santos controla la operadora NOS que hace competencia a MEO, si nadie lo remedia -impidiendo la operación-, en una decena de años habrá un escándalo diez veces mayor que la “Operación Marques” –presunta corrupción del ex primer ministro Jose Sócrates, de gestores de PT, etc., a favor del Grupo Espirito Santo.

Los galos ponen el grito en el cielo

La reacción de Altice no se hizo esperar: su máximo responsable Patrick Drahi, decidió llevar la venta a los tribunales, mediante la presentación de una querella por difamación contra Paulo Azevedo. Pero lo que Altice no se plantea es la posibilidad de renunciar a MC. Lo único que quedaría en abierto, por lo tanto, es el cambio eventual de algunos aspectos de la operación para hacerla más compatible con las reglas del mercado y los intereses de la competencia.

De lo que no cabe duda es que la polémica en torno a la venta de MC a Altice no le conviene nada a los intereses del grupo Prisa, que no podrá ingresar los 321 millones de euros firmados con el grupo galo hasta que la operación no reciba todas las autorizaciones legales necesarias. Y lo previsto en el sector es que la AdC se dará todo el tiempo necesario para tomar su decisión, que será vinculante, pero que según algunas fuentes no saldrá antes de marzo 2018.

Lo más sorprendente, quizás, ante la enorme polémica que afecta al sector desde el anuncio de la venta de MC a Altice, el parecer negativo (aunque sin fuerza vinculante) de Anacom, y sobre todo ahora, tras la estrambótica “no decisión” de ERC, es el clamoroso silencio del gobierno, del Parlamento, de la Presidencia de la República y de los grandes partidos políticos. Hasta la fecha solo el Bloco de Esquerda (BE) bajó al foro para denunciar la operación.

Cabe así la posibilidad de que Altice tenga todo atado y bien atado en Portugal, donde actúa con una baza importante: uno de sus cuatro fundadores y uno de sus mayores accionistas, con el 25% del capital, es el empresario portugués Armando Pereira, al que se atribuye una fortuna de 1.200 millones de euros y una gran influencia en los medios políticos, y que es ahora el máximo responsable de todo el negocio de telecomunicaciones del grupo francés.

Su nombramiento fue anunciado tras la inesperada dimisión de Michel Combes, que fue víctima de los malos resultados de Altice, principalmente en Francia, donde tiene casi la mitad de su base operativa y donde su operadora SFR lleva tiempo perdiendo clientes ante el líder Orange y frente a la “low cost” Iliad. El veredicto de los mercados no se hizo esperar: en pocos días, tras la presentación de los resultados de enero-setiembre, la acción de Altice perdió un 38%.

Además de utilizar su influencia en Portugal para cerrar la adquisición de MC, y tras la cual Altice creará una plataforma global para integrar las operaciones de televisión, radio, Internet, contenidos audiovisuales y publicidad (esa es la gran obsesión de la competencia, empezando por NOS, Vodafone y el grupo Impresa que controla la televisión SIC), Armando Pereira deberá recuperar el negocio de las telecos en Francia, que es donde está el 40% del negocio de Altice.

El cierre de la operación MC es importante para Altice, que planea replicar en Portugal la integración vertical iniciada en Francia y en Estados Unidos, y quiere recuperar la confianza de los mercados: con 50 millones de clientes y 50.000 empleados, el grupo de Patrick Drahi tiene 50.000 millones de euros de deuda, con un 44% que llega a vencimiento en 2023, con costes de amortización que representan cinco veces la capacidad actual de generación de resultados.

Lo mismo se podría aplicar a Prisa, y aún con mayor urgencia, En el proceso de insolvencia, con 917 millones de deuda por amortizar en 2018, y otros 176 millones en 2019, además de 439 millones de préstamos participativos, le vendría bien ingresar rápidamente los 321 millones provenientes de la venta de MC para cerrar la ampliación de capital de 450 millones que ha sido aprobada en la junta extraordinaria de este miércoles, en la Casa de América.

Artículos relacionados